Calica enfrenta posible revés en la Suprema Corte; podrían desechar amparo contra suspensión de operaciones en Punta Venado
La empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial de la estadounidense Vulcan Materials Company, enfrenta un posible revés judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que la ministra Loretta Ortiz Ahlf advirtiera una causa de improcedencia que podría llevar al sobreseimiento del juicio de amparo promovido por la compañía.
El litigio está relacionado con la suspensión de una autorización aduanera que permitía a Calica exportar piedra caliza desde Punta Venado, en Quintana Roo, y forma parte de una controversia que comenzó en 2022 durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con información publicada por La Jornada este lunes 2 de noviembre, la ministra concedió a la empresa tres días hábiles para presentar argumentos antes de que se determine si el juicio puede continuar.
La decisión podría impedir que la Suprema Corte analice el fondo de la controversia constitucional planteada por Calica.
Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución definitiva que confirme el sobreseimiento del amparo.
La Suprema Corte detecta posible impedimento para resolver el caso
La controversia llegó al máximo tribunal después de varios años de procedimientos judiciales relacionados con la autorización aduanera de Calica.
Según La Jornada, la ministra Loretta Ortiz Ahlf notificó que el proyecto bajo estudio identifica una posible causa de improcedencia del juicio de amparo.
En términos jurídicos, la improcedencia significa que existe un obstáculo legal que impide al tribunal estudiar una reclamación mediante ese procedimiento.
Si la causa se confirma, el expediente podría concluir mediante un sobreseimiento, sin que la Corte determine si las disposiciones cuestionadas son constitucionales.
La empresa recibió un plazo de tres días hábiles para exponer sus argumentos en defensa de la continuidad del juicio.
De acuerdo con la publicación, el plazo concluiría el martes 3 de noviembre.
No obstante, todavía no se ha dado a conocer públicamente cuál es la causa específica de improcedencia identificada por la ministra.
Tampoco se ha establecido si afectaría todos los actos reclamados por Calica o solamente una parte del litigio.
El conflicto comenzó con una suspensión aduanera en 2022
El procedimiento judicial tiene su origen en una decisión adoptada el 10 de mayo de 2022 por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
En aquella fecha, la autoridad suspendió la autorización que permitía a Calica realizar operaciones de comercio exterior desde Punta Venado, fuera de las instalaciones aduaneras ordinarias.
La medida respondió a presuntos incumplimientos de las condiciones bajo las cuales había sido otorgado el permiso.
Como consecuencia, la empresa quedó impedida para iniciar nuevas operaciones de comercio exterior al amparo de esa autorización, aunque podía concluir aquellas que ya se encontraban en trámite.
La decisión afectó una parte importante del esquema de exportación de piedra caliza utilizado por la compañía.
Calica recurrió a los tribunales para cuestionar la legalidad y constitucionalidad del mecanismo aplicado por la autoridad aduanera.
Calica cuestiona facultades de las autoridades aduaneras
El argumento central de la empresa se dirige contra el artículo 144-A, fracción VI y segundo párrafo, de la Ley Aduanera.
Esta disposición faculta a las autoridades a suspender determinadas operaciones mientras se tramita un procedimiento para cancelar una autorización.
Calica cuestionó la constitucionalidad de esa facultad y promovió un juicio de amparo para combatir su aplicación.
En marzo de 2023, un juez federal con sede en Cancún negó la protección solicitada por la empresa.
El juzgador consideró constitucional la suspensión prevista en la legislación aduanera.
La compañía impugnó esa resolución y el expediente continuó su recorrido por las instancias judiciales.
Posteriormente, el 11 de marzo de 2026, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito remitió el asunto a la Suprema Corte.
El tribunal consideró necesario que el máximo órgano judicial resolviera la cuestión de constitucionalidad, ante la ausencia de precedentes aplicables al caso.
¿Qué ocurriría si la Corte sobresee el amparo?
El sobreseimiento tendría consecuencias procesales importantes para Calica.
Si se determina que el juicio es improcedente en su totalidad, la empresa no obtendría una resolución de fondo sobre la constitucionalidad de la disposición legal que impugnó.
Esto significa que la Suprema Corte podría cerrar ese procedimiento sin decidir si el artículo de la Ley Aduanera cuestionado cumple o no con la Constitución.
Sin embargo, es importante distinguir entre el cierre de un juicio y una resolución sobre la totalidad de las controversias de la empresa.
Un eventual sobreseimiento no equivaldría automáticamente a una sentencia que confirme todos los señalamientos ambientales contra Calica.
Tampoco significaría, por sí solo, que todas las disputas legales entre Vulcan Materials y el Gobierno mexicano hayan concluido.
La resolución se refiere específicamente al amparo relacionado con las facultades de suspensión aduanera y los actos reclamados dentro de ese expediente.
El caso forma parte de un conflicto más amplio por la explotación de piedra caliza
Calica ha mantenido durante años una controversia con las autoridades mexicanas por sus actividades de extracción y exportación de piedra caliza en Quintana Roo.
Las operaciones de la compañía, vinculadas con Vulcan Materials Company, se desarrollaron en terrenos cercanos a Playa del Carmen y en instalaciones portuarias de Punta Venado.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las autoridades federales señalaron presuntos daños ambientales derivados de la explotación de materiales pétreos en la región.
La empresa, por su parte, ha cuestionado diversas decisiones gubernamentales y defendido sus derechos e inversiones.
El conflicto involucra asuntos ambientales, administrativos, comerciales y judiciales que deben distinguirse entre sí.
La suspensión de la autorización aduanera en 2022 es uno de esos procedimientos, pero no representa la totalidad del caso.
La ministra todavía no emite una resolución definitiva
El siguiente paso será analizar los argumentos que presente Calica frente a la posible improcedencia advertida por la ministra Loretta Ortiz.
Después deberá determinarse si el juicio puede continuar y si corresponde realizar un estudio constitucional de fondo.
Por ahora, el expediente permanece pendiente de resolución.
La información publicada tampoco permite afirmar que exista una nueva orden de clausura, una cancelación definitiva de todas las autorizaciones de la compañía o una sentencia adicional por daños ambientales.
Lo que está en discusión es la viabilidad procesal de un amparo presentado contra la suspensión de una autorización aduanera.
Si la Suprema Corte determina que el juicio es improcedente, Calica podría perder esta vía para combatir la medida adoptada en 2022, aunque ello no resolvería automáticamente el resto de sus controversias con el Estado mexicano.
