ASF denuncia presunta triangulación de 7 mil 200 millones de pesos en gobierno de Samuel García
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos provenientes del Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García Sepúlveda.
De acuerdo con los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, los recursos habrían circulado mediante contratos y transferencias entre empresas constructoras, comercializadoras y prestadoras de servicios, hasta llegar parcialmente a un despacho jurídico relacionado con el gobernador y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
La denuncia fue presentada el pasado 16 de octubre de 2026 y se dio a conocer públicamente durante la entrega de los informes de auditoría a la Cámara de Diputados.
Uno de los principales hallazgos señala que 928.13 millones de pesos habrían terminado en el despacho jurídico vinculado con la familia García, después de pasar por distintas compañías privadas.
La investigación también menciona la posible adquisición de una propiedad valuada en mil millones de pesos, cuyo financiamiento deberá ser esclarecido por las autoridades.
Los señalamientos corresponden a una investigación de presuntas irregularidades financieras y no constituyen una sentencia ni acreditan, por sí mismos, responsabilidad penal del gobernador.
ASF identifica cuatro rutas de transferencias millonarias
El organismo fiscalizador elaboró un esquema para reconstruir los movimientos de dinero que salieron del presupuesto estatal durante 2025.
Según la información difundida por La Jornada, la ASF identificó cuatro rutas principales de transferencias hacia empresas privadas.
En conjunto, los pagos iniciales suman aproximadamente 7 mil 212 millones de pesos.
Una parte de estos recursos habría circulado posteriormente entre compañías relacionadas mediante operaciones que ahora están bajo investigación.
El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, explicó que se detectaron patrones de triangulación y posibles operaciones simuladas, así como transferencias cuyo destino final estaría relacionado con personas físicas o morales que mantienen vínculos familiares con servidores públicos.
La ASF sostiene que tiene identificados los movimientos de los recursos, aunque la investigación penal deberá determinar cuáles de esas operaciones constituyeron conductas ilícitas.
Primera ruta: 5 mil 851 millones de pesos a una constructora
La operación de mayor monto comenzó con una transferencia de 5 mil 851 millones de pesos del Gobierno de Nuevo León a una empresa constructora.
De acuerdo con el esquema presentado por la ASF, esa compañía transfirió posteriormente 5 mil 154.6 millones de pesos a una segunda empresa.
Esta última habría depositado 385.3 millones de pesos en el despacho jurídico relacionado con la familia del gobernador.
La investigación periodística señala que los montos y fechas de las operaciones presentan coincidencias con contratos de construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, adjudicados en septiembre de 2022.
Sin embargo, será necesario determinar documentalmente qué empresas participaron en cada transferencia, a qué contratos correspondieron los pagos y si existieron servicios efectivamente prestados.
La coincidencia de montos o periodos no demuestra, por sí sola, que una obra pública haya sido utilizada para desviar recursos.
Otras tres operaciones habrían enviado millones al mismo despacho
La ASF identificó tres rutas adicionales que también habrían terminado con transferencias a la firma jurídica.
En la segunda operación, el Gobierno estatal pagó 964 millones de pesos a una comercializadora.
De ese monto, 237 millones fueron transferidos a una empresa de alimentos, que posteriormente habría enviado 202.9 millones al despacho investigado.
La tercera ruta comenzó con el pago de 243 millones de pesos a una empresa de servicios.
Esta transfirió 65.5 millones a una consultoría, que habría retenido 2.6 millones y canalizado aproximadamente 62.9 millones al despacho jurídico.
En la cuarta operación, la administración estatal transfirió 154.2 millones de pesos a otra compañía.
Esta realizó pagos por 144.4 millones a una empresa de equipamiento, desde la cual habrían salido 77.03 millones hacia la firma relacionada con la familia García.
Los movimientos forman parte de la documentación que deberá analizar la FGR para establecer su origen, justificación y destino.
¿Cuánto dinero habría llegado al despacho jurídico?
Aunque las cuatro rutas comprenden más de 7 mil 200 millones de pesos en transferencias iniciales, esto no significa que toda esa cantidad haya sido depositada en cuentas de la familia del gobernador.
La ASF distingue los recursos pagados por el Gobierno estatal de aquellos que presuntamente terminaron en el despacho jurídico.
Según los datos publicados, las transferencias identificadas hacia la firma fueron las siguientes:
| Ruta | Recursos iniciales | Presunto destino al despacho |
|---|---|---|
| Constructora | $5,851 mdp | $385.3 mdp |
| Comercializadora | $964 mdp | $202.9 mdp |
| Servicios | $243 mdp | $62.9 mdp |
| Equipamiento | $154.2 mdp | $77.03 mdp |
| Total | $7,212.2 mdp | $728.13 mdp |
Existe una diferencia importante entre estas cifras: La Jornada reporta que la ASF identificó 928.13 millones de pesos presuntamente triangulados hacia el despacho, pero los cuatro importes individuales publicados suman 728.13 millones.
Por lo tanto, hay una discrepancia de 200 millones de pesos que no queda explicada en el desglose periodístico disponible.
Será necesario revisar el expediente completo de fiscalización para establecer si se trata de una operación adicional, una cifra omitida o un error en los montos difundidos.
Investigan posible adquisición de propiedad de mil millones de pesos
Otro de los elementos mencionados en el informe es una propiedad cuyo valor se estima en aproximadamente mil millones de pesos.
Según La Jornada, el esquema financiero documentado por la ASF plantea que las operaciones investigadas podrían estar relacionadas con la adquisición de ese inmueble.
Sin embargo, la información pública consultada no permite establecer de manera concluyente la ubicación de la propiedad, su titular registral, las condiciones de adquisición ni el origen definitivo de los recursos utilizados.
Estos elementos deberán ser esclarecidos mediante la investigación ministerial y el análisis de los documentos financieros correspondientes.
La existencia de una propiedad de alto valor tampoco acredita automáticamente que haya sido adquirida mediante recursos desviados.
La denuncia fue presentada el 16 de octubre
La denuncia penal quedó registrada ante la Fiscalía General de la República el 16 de octubre de 2026.
De acuerdo con N+, el expediente aparece identificado con el número 1231 y está relacionado con la auditoría 1492, derivada de la revisión de la Cuenta Pública 2025.
La ASF presentó los resultados como parte de la segunda entrega de informes individuales de fiscalización ante la Cámara de Diputados.
Durante esa presentación, el auditor Aureliano Hernández explicó que el organismo había identificado cadenas de transferencias y patrones financieros que podrían indicar operaciones ilegales.
También señaló que ciertos detalles debían mantenerse reservados para proteger el debido proceso y las investigaciones.
Con la denuncia presentada, corresponde a la FGR analizar la información y determinar si existen elementos para investigar responsabilidades penales específicas.
También investigan operaciones financieras en Sinaloa
El informe de la ASF no se limita a Nuevo León.
Durante la misma presentación, el organismo dio a conocer un esquema de presunta triangulación de recursos públicos en Sinaloa, relacionado con contratos de obra adjudicados a una empresa vinculada con hijos del exgobernador Rubén Rocha Moya.
Según el reporte, la constructora habría recibido depósitos superiores a los montos correspondientes a obra pública y realizado transferencias entre distintas cuentas.
La auditoría también identificó movimientos hacia familiares y pagos posteriores a un exfuncionario del área de finanzas bajo el concepto de préstamo.
Ambos casos fueron presentados como ejemplos de patrones financieros que requieren investigación, aunque corresponden a expedientes y posibles responsabilidades diferentes.
¿Qué sigue para Samuel García y el Gobierno de Nuevo León?
La presentación de una denuncia penal por parte de la ASF no equivale a una declaración judicial de culpabilidad.
La Fiscalía General de la República deberá revisar los contratos, comprobar la prestación de los servicios, analizar las transferencias bancarias y determinar si los recursos públicos fueron utilizados conforme a la ley.
También tendrá que establecer la relación jurídica y financiera entre las empresas proveedoras y el despacho señalado, así como la posible participación de funcionarios públicos.
En caso de identificar elementos suficientes, las autoridades podrán proceder conforme a las etapas previstas en el sistema penal mexicano.
Por ahora, la información disponible acredita la existencia de una denuncia y de hallazgos de fiscalización, pero no una sentencia condenatoria contra Samuel García.
El caso coloca bajo revisión el destino de miles de millones de pesos del presupuesto de Nuevo León y las relaciones financieras entre contratistas gubernamentales y empresas vinculadas con familiares de servidores públicos.
La investigación de la FGR será determinante para establecer si las operaciones respondieron a actividades comerciales legítimas o si existió un mecanismo de desvío de recursos públicos.
