Empresas vinculadas al escándalo del INE obtuvieron contratos millonarios en Quintana Roo
Las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) también alcanzan a proveedores que han recibido contratos millonarios en Quintana Roo. Las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg, vinculadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, participaron en procesos de adquisición de materiales electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) durante los comicios de 2022, 2024 y 2025.
La revelación adquiere relevancia porque ambas compañías figuran entre los proveedores señalados en las investigaciones sobre posibles conflictos de interés, simulación de competencia y uso irregular de recursos públicos en organismos electorales.
Sin embargo, las autoridades todavía no han determinado públicamente que los contratos adjudicados en Quintana Roo hayan sido ilegales.
Mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga las operaciones de proveedores relacionados con el INE, la presidenta del IEQROO, Rubí Pacheco Pérez, sostiene que las contrataciones del organismo estatal se realizaron mediante procedimientos públicos y sin observaciones recientes de sus instancias fiscalizadoras.
Cajas Graf obtuvo un contrato de casi 30 millones de pesos en 2022
De acuerdo con información publicada por Grupo Animal, Cajas Graf S.A. de C.V. recibió un contrato por 29 millones 802 mil 439.28 pesos durante el proceso electoral de Quintana Roo de 2021-2022, en el que se renovó la gubernatura.
La adjudicación se realizó mediante la Licitación Pública Nacional IEQROO/LPN/007/2022, cuyo fallo fue emitido el 17 de marzo de 2022.
El contrato contemplaba la elaboración y suministro de materiales para simulacros de capacitación electoral, así como los insumos necesarios para la jornada de votación del 5 de junio de ese año.
En aquel momento, el Instituto Electoral de Quintana Roo era presidido por Mayra San Román Carrillo.
La contratación ocurrió antes de que Guadalupe Taddei asumiera la presidencia del INE en 2023, un dato importante para distinguir los distintos periodos administrativos involucrados.
La empresa volvió a recibir recursos durante la elección judicial de 2025
La relación contractual entre Cajas Graf y el organismo electoral estatal no terminó en 2022.
Durante la elección judicial de 2025, la compañía obtuvo otro contrato por aproximadamente 15 millones de pesos.
De acuerdo con la información difundida, la adjudicación se realizó en un procedimiento en el que también participaron empresas como Litho Formas y Formas Inteligentes.
Si se consideran únicamente los montos publicados para 2022 y 2025, Cajas Graf recibió contratos por alrededor de 44.8 millones de pesos en ambos procesos.
Esta cantidad no representa necesariamente el total de recursos que la compañía haya obtenido del IEQROO, sino la suma de las dos contrataciones mencionadas en la investigación periodística.
Corporativo Zeg también suministró materiales electorales en 2024
Otra empresa que aparece en los señalamientos es Corporativo Zeg S.A. de C.V.
La compañía obtuvo una licitación relacionada con el proceso electoral de 2024, cuando en Quintana Roo se renovaron las presidencias municipales y las diputaciones locales.
Entre los productos contemplados en la contratación se encontraban urnas, canceles electorales, cajas para paquetes de votación, etiquetas en braille, cintas de seguridad y otros materiales necesarios para organizar las elecciones.
El reportaje no precisa el monto de esa adjudicación, por lo que no es posible establecer con la información disponible cuánto recibió Corporativo Zeg por ese contrato.
Tanto Cajas Graf como Corporativo Zeg han sido vinculadas en investigaciones periodísticas con José Alfredo Hernández Casillas, empresario cuya relación con Guadalupe Taddei forma parte de los cuestionamientos surgidos alrededor de las contrataciones del INE.
Investigaciones federales revisan posibles conflictos de interés y colusión
El caso comenzó a cobrar mayor relevancia nacional después de que diversos reportajes señalaran posibles relaciones entre proveedores de materiales electorales y funcionarios o exfuncionarios del INE.
Entre los asuntos bajo investigación se encuentran la posible simulación de competencia en licitaciones, la participación de empresas relacionadas entre sí y eventuales conflictos de interés.
La Auditoría Superior de la Federación anunció el 23 de octubre que inició una investigación de oficio por indicios de posibles irregularidades en contrataciones del INE y de organismos públicos locales electorales.
La revisión incluye empresas, proveedores y servidores públicos que pudieran estar relacionados con las operaciones cuestionadas.
Por separado, el Órgano Interno de Control del INE informó sobre 16 expedientes abiertos durante 2025 y 2026, de los cuales 11 corresponden a contrataciones públicas.
Las investigaciones involucran al menos a 15 servidores y exservidores públicos, ocho personas físicas y 18 empresas.
Estos expedientes no implican, por sí mismos, que todas las personas o compañías investigadas hayan cometido irregularidades. Las responsabilidades deberán establecerse mediante los procedimientos correspondientes.
Una red de proveedores con contratos desde antes de Taddei
Las contrataciones cuestionadas tampoco se limitan al periodo reciente.
Una investigación publicada por La Jornada, con base en información de la Plataforma Nacional de Transparencia, identificó al menos 49 contratos otorgados entre 2018 y 2025 a empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas.
Los contratos, adjudicados por el INE y distintos organismos electorales estatales, sumaron aproximadamente mil 450 millones de pesos.
Los recursos se destinaron a materiales utilizados durante las elecciones, como boletas, urnas y mamparas.
El periodo documentado abarca distintas administraciones del organismo electoral federal y de los institutos locales, por lo que no sería correcto atribuir todas las adjudicaciones a una sola presidencia.
La investigación deberá determinar si las empresas compitieron bajo condiciones legales y si existieron relaciones que comprometieran la imparcialidad de los procedimientos.
IEQROO asegura que sus licitaciones son públicas y transparentes
Ante los cuestionamientos, Rubí Pacheco Pérez, presidenta del Consejo General del IEQROO, defendió los mecanismos de contratación utilizados por el organismo.
Explicó que desde 2024 se modificó el reglamento de adquisiciones para fortalecer la transparencia de las licitaciones públicas nacionales.
Según la funcionaria, las decisiones ya no se toman mediante reuniones cerradas, sino en sesiones públicas del Comité de Contrataciones, Adquisiciones y Bajas.
También aseguró que los procedimientos se transmiten en vivo, incluidos los fallos mediante los cuales se determina qué empresas reciben los contratos.
Pacheco Pérez descartó que las adjudicaciones recientes hayan recibido observaciones del Órgano Interno de Control o de la Auditoría Superior del Estado.
Su declaración constituye la postura institucional del IEQROO, aunque no sustituye las conclusiones que puedan emitir las autoridades federales encargadas de investigar a los proveedores.
Pocas empresas participan en el mercado de materiales electorales
La presidenta del instituto estatal también reconoció que existe una participación limitada de compañías dedicadas al suministro de materiales electorales.
Explicó que, debido a los requisitos técnicos y a la experiencia necesaria para fabricar productos utilizados durante las votaciones, suelen participar los mismos proveedores en distintos estados.
Entre las empresas que mencionó se encuentran Litho Formas, Gráficas Corona y Formas Inteligentes.
Según Pacheco Pérez, el IEQROO ha flexibilizado algunos requisitos para facilitar la participación de nuevas compañías, aunque el número de concursantes continúa siendo reducido.
Esta característica del mercado resulta relevante para las investigaciones, pues las autoridades deberán establecer si la participación recurrente de determinadas empresas responde a su especialización o si existieron prácticas destinadas a restringir artificialmente la competencia.
La presencia de pocos proveedores no constituye por sí sola una irregularidad.
La renuncia de Guadalupe Taddei aumenta la atención sobre el caso
El caso de los proveedores electorales se desarrolla en medio de la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE.
La exconsejera presidenta presentó su renuncia formal ante la Cámara de Diputados el 26 de octubre, después de varios días de cuestionamientos sobre contrataciones y posibles relaciones entre funcionarios y proveedores.
Antes de su salida, Taddei negó que existieran empresas favorecidas por su administración y defendió la legalidad de los procedimientos de adquisición.
También manifestó su disposición a colaborar con las autoridades fiscalizadoras.
La renuncia ocurre en el contexto de las investigaciones, pero no constituye una resolución sobre las presuntas irregularidades ni demuestra por sí misma responsabilidad administrativa o penal.
¿Qué ocurrirá con los contratos en Quintana Roo?
La principal interrogante es si las investigaciones federales encontrarán irregularidades en las operaciones de Cajas Graf y Corporativo Zeg y si sus conclusiones tendrán consecuencias para los organismos electorales que las contrataron.
Rubí Pacheco Pérez consideró necesario que la ASF comunique los resultados de sus investigaciones a los institutos electorales estatales.
De acuerdo con la funcionaria, una eventual determinación de irregularidades podría impedir que las compañías involucradas participen en futuras licitaciones, conforme a las disposiciones legales aplicables.
Por ahora, los contratos otorgados en Quintana Roo son antecedentes documentados de una relación comercial que se extendió durante varios procesos electorales.
El siguiente paso será establecer si esas adjudicaciones cumplieron con las reglas de competencia, transparencia y prevención de conflictos de interés.
La investigación también plantea una pregunta de alcance nacional: cómo garantizar que la adquisición de materiales indispensables para organizar elecciones se realice bajo condiciones de competencia efectiva y con controles suficientes para proteger los recursos públicos.
Mientras no concluyan las investigaciones, las empresas y los funcionarios señalados mantienen el derecho a que cualquier responsabilidad sea determinada con base en pruebas y mediante los procedimientos correspondientes.
