Solo 6 de 22 compromisos de Sheinbaum con la prensa registran avances: RSF
A dos años del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, México enfrenta un balance preocupante en materia de libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras (RSF) reveló que únicamente seis de los 22 compromisos asumidos por la presidenta en 2024 registraron algún avance, sin que ninguno alcanzara resultados significativos. La organización también documentó el asesinato de 18 periodistas durante los primeros dos años de la administración federal. No es un dato menor: mientras el Gobierno sostiene que existe disposición para mejorar la protección de comunicadores, el organismo internacional advierte que los compromisos todavía no se traducen en resultados suficientes.
El informe fue presentado el 22 de octubre de 2026, después de una serie de reuniones entre representantes de RSF y autoridades mexicanas, incluida la Secretaría de Gobernación.
La evaluación examinó cinco áreas fundamentales: protección de periodistas, combate a la impunidad, derecho a la información, prevención de riesgos y legislación para garantizar el ejercicio periodístico.
Los resultados muestran avances limitados, problemas institucionales persistentes y una diferencia entre los anuncios gubernamentales y las medidas que la organización pudo verificar.
De 22 compromisos, ninguno alcanzó avances significativos
El balance de Reporteros Sin Fronteras identifica que únicamente el 27% de los acuerdos asumidos en 2024 presentó algún progreso.
La distribución de los resultados fue la siguiente:
| Evaluación de RSF | Compromisos |
|---|---|
| Avances significativos | 0 |
| Cumplimiento parcial con evolución positiva | 1 |
| Cumplimiento parcial con avances insuficientes | 5 |
| Sin avances sustanciales verificables | 10 |
| Retrocesos institucionales | 2 |
| Información insuficiente para evaluar | 4 |
| Total | 22 |
El único compromiso clasificado con evolución positiva fue la capacitación de funcionarios públicos en medidas preventivas de protección.
De acuerdo con el informe, 386 servidores públicos de distintas entidades federativas recibieron formación presencial o virtual.
Sin embargo, RSF advirtió que esta medida no es suficiente para demostrar una transformación integral de los mecanismos de protección.
Dieciocho periodistas asesinados durante los primeros dos años
Uno de los datos más graves del informe corresponde a la violencia contra quienes ejercen el periodismo.
RSF documentó 18 periodistas asesinados entre octubre de 2024 y septiembre de 2026: uno durante los primeros meses de la administración en 2024, nueve en 2025 y ocho entre enero y septiembre de 2026.
La organización reconoce que la presidenta Claudia Sheinbaum ha condenado públicamente algunos de estos crímenes y solicitado investigaciones.
No obstante, señala que no encontró evidencia de una estrategia sostenida de prevención que permita reducir los riesgos en las regiones donde los periodistas enfrentan amenazas.
El informe también expone casos de comunicadores que habían denunciado intimidaciones antes de ser asesinados.
Entre ellos se encuentra Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el 22 de julio de 2026 en Oaxaca, después de haber reportado amenazas desde el año anterior.
Según RSF, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó protección para el periodista en ocho ocasiones, sin que las peticiones fueran atendidas.
La organización utiliza este caso para ilustrar las dificultades de coordinación entre las instituciones responsables de prevenir agresiones.
La impunidad sigue siendo uno de los principales problemas
El panorama se vuelve más complejo al revisar los resultados de las investigaciones.
Reporteros Sin Fronteras informó que, de 169 asesinatos de periodistas registrados en México durante las últimas dos décadas, 168 no han sido esclarecidos por completo.
La cifra equivale a más del 99% de los casos bajo el criterio utilizado por la organización, que considera necesario identificar tanto a los autores intelectuales como el motivo del crimen.
Este indicador no significa que en todos los expedientes exista una ausencia absoluta de investigaciones o detenciones, sino que no se ha logrado esclarecer completamente la responsabilidad detrás de los homicidios.
Por otra parte, entre julio de 2010 y junio de 2026, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inició mil 909 investigaciones por delitos contra periodistas.
De ese total, 53 contaban con sentencias condenatorias, de las cuales 11 correspondían a homicidios.
Estas cifras abarcan distintas administraciones federales y no deben atribuirse exclusivamente al actual gobierno.
Para RSF, los resultados reflejan un problema estructural de impunidad que continúa sin resolverse.
Mecanismo de protección opera sin evaluación suficiente
Otro de los señalamientos se concentra en el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El organismo internacional indicó que no encontró una evaluación formal y periódica que permita determinar la eficacia de las medidas implementadas.
De acuerdo con el informe, el mecanismo atiende a 2 mil 355 personas beneficiarias, entre periodistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, RSF no identificó nuevas acciones verificables para fortalecer la atención psicoemocional de quienes reciben protección.
También advirtió sobre la carga de trabajo del personal y la falta de información pública suficiente para evaluar el funcionamiento del programa.
Aunque se realizaron encuentros entre autoridades federales y estatales durante 2025 y 2026, la organización señaló que todavía no existen resultados documentados que permitan determinar su impacto.
Desaparición del INAI, entre los retrocesos identificados
El informe también abordó las modificaciones institucionales relacionadas con el acceso a la información pública.
RSF señaló que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aprobada en diciembre de 2024, debilitó las garantías de independencia del sistema de transparencia.
La organización considera que transferir funciones del organismo autónomo a una institución vinculada con el Poder Ejecutivo representa un retroceso para la supervisión independiente del acceso a la información.
Asimismo, cuestionó las expresiones utilizadas desde el Gobierno federal para referirse a determinados periodistas y medios críticos.
El documento menciona señalamientos como “propaganda de la derecha” y “comentócratas”, además del programa gubernamental Derecho de Réplica, iniciado en junio de 2026.
Desde la perspectiva de RSF, estos elementos deben analizarse junto con la ausencia de una estrategia sostenida para promover el respeto al trabajo periodístico.
Gobernación reconoce retrasos y promete acelerar compromisos
Pese a las observaciones, el informe también documenta una respuesta institucional del Gobierno mexicano.
El 21 de octubre, una delegación de Reporteros Sin Fronteras encabezada por su director general, Thibaut Bruttin, se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Según la organización, la funcionaria reconoció retrasos en la implementación de los compromisos y reiteró la disposición del Gobierno para acelerar su cumplimiento.
Durante el encuentro se planteó revisar los asesinatos de periodistas caso por caso y fortalecer las capacidades de protección en las entidades federativas.
RSF también sostuvo una reunión con la fiscal general Ernestina Godoy, quien se comprometió a impulsar capacitación ministerial sobre libertad de prensa.
La organización informó que este tema podría incorporarse a una sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia prevista para 2027.
Estas reuniones representan compromisos de seguimiento, aunque todavía no constituyen resultados comprobados en materia de prevención o reducción de la impunidad.
¿Qué sigue para la libertad de prensa en México?
Reporteros Sin Fronteras considera que el principal desafío es transformar los acuerdos institucionales en medidas verificables.
Entre las prioridades identificadas están fortalecer los mecanismos de protección, mejorar las investigaciones de agresiones, atender las regiones de mayor riesgo y revisar disposiciones legales que puedan utilizarse para restringir el ejercicio periodístico.
La organización reconoció algunos avances, como la derogación del delito de calumnia en Zacatecas, aprobada en septiembre de 2026, aunque aclaró que no pudo determinar si esa reforma fue consecuencia directa de las gestiones del Gobierno federal.
El balance deja un escenario en el que las autoridades reconocen pendientes y expresan voluntad de atenderlos, mientras persisten las agresiones y los problemas de impunidad.
Con seis compromisos que registran algún avance y 16 sin progreso verificable suficiente o sin información para evaluarlos, el siguiente desafío será demostrar si las medidas anunciadas producen cambios concretos.
La próxima evaluación permitirá establecer si las reuniones y acuerdos recientes se tradujeron en mejores condiciones para quienes ejercen el periodismo en México.
