México rechaza intento de Texas de adjudicarse nueve islas del río Bravo; advierte que la frontera se rige por tratados internacionales
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó el anuncio del Gobierno de Texas de adjudicarse nueve islas ubicadas en el río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, al señalar que ninguna autoridad estatal estadounidense tiene facultades para modificar los límites territoriales establecidos mediante tratados internacionales.
La controversia surgió después de que Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, anunciara que las nueve islas, localizadas en el tramo fronterizo comprendido entre Laredo y McAllen, pertenecen a territorio texano y podrán ser utilizadas por fuerzas estadounidenses para realizar labores de vigilancia y seguridad.
La funcionaria argumentó que las superficies, cuya titularidad había permanecido sin resolver durante años, fueron identificadas como propiedad de Texas mediante una revisión de la Oficina General de Tierras, realizada a solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Sin embargo, el Gobierno mexicano advirtió que la soberanía sobre las islas no puede establecerse mediante una decisión administrativa unilateral.
Texas reclama nueve de las 28 islas del río Bravo
De acuerdo con el anuncio de Buckingham, el Gobierno texano identificó nueve islas de un conjunto de 28 formaciones insulares existentes en el río Bravo, a la altura de su territorio.
La comisionada sostuvo que estas superficies no habían sido reclamadas formalmente y que durante años existieron dudas sobre su propiedad.
A partir de la revisión realizada por las autoridades estatales, Texas considera que las nueve islas forman parte de su territorio.
La funcionaria anunció que esta determinación permitirá a las fuerzas estadounidenses acceder a ellas para realizar operaciones de limpieza, patrullaje y vigilancia.
El argumento principal de Texas es que las islas podrían convertirse en puntos utilizados por organizaciones dedicadas al narcotráfico y al contrabando.
No obstante, el propio comunicado de Buckingham reconoció que no se ha confirmado actividad delictiva en las nueve islas reclamadas.
México advierte que un estado no puede definir la frontera internacional
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que los límites entre México y Estados Unidos se encuentran establecidos mediante acuerdos internacionales que obligan a ambos países.
La Cancillería recordó que el Tratado de Límites de 1970 determina la ubicación de la frontera en el río Bravo.
Conforme a ese instrumento, la línea divisoria sigue el centro del cauce del río, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
La SRE explicó que esta delimitación es la que permite determinar a qué país corresponde la soberanía de las tierras ubicadas a ambos lados de la frontera.
Por ello, sostuvo que ninguna dependencia del Gobierno de Texas puede decidir unilateralmente si una isla pertenece a Estados Unidos.
La posición mexicana no implica que las nueve islas hayan sido determinadas oficialmente como territorio mexicano, sino que su ubicación respecto de la frontera debe establecerse mediante los procedimientos internacionales correspondientes.
La CILA es la autoridad encargada de resolver la delimitación
La Cancillería recordó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es el organismo binacional facultado para aplicar los tratados fronterizos.
Esta institución, integrada por representantes de México y Estados Unidos, tiene entre sus funciones determinar la ubicación de la línea internacional y resolver cuestiones técnicas relacionadas con el río Bravo.
En el caso de las nueve islas, corresponde a la CILA establecer de qué lado del límite internacional se encuentran.
Esto es especialmente relevante porque los ríos fronterizos pueden experimentar cambios en su cauce, sedimentación y configuración geográfica con el paso del tiempo.
La existencia de una isla dentro del río no determina automáticamente a qué país pertenece.
Su soberanía depende de la delimitación reconocida conforme a los tratados y de los procedimientos técnicos aplicables.
Estados Unidos busca utilizar las islas para labores de seguridad
La comisionada Dawn Buckingham justificó la medida como parte de los esfuerzos para reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos.
Según explicó, las islas podrían utilizarse como puntos de ocultamiento para traficantes de drogas y personas dedicadas al contrabando.
La funcionaria señaló que, una vez reconocidas como propiedad texana, las fuerzas estadounidenses podrán ingresar a ellas para realizar tareas de vigilancia y limpieza.
El anuncio también contempla facilitar el acceso a las autoridades encargadas de la seguridad fronteriza.
Sin embargo, Buckingham reconoció que no existen reportes confirmados de actividades criminales en las nueve islas involucradas.
Su argumento se basó en antecedentes generales sobre el uso de otras zonas fronterizas por parte de organizaciones delictivas.
Por lo tanto, el posible uso criminal de estas islas constituye una justificación preventiva presentada por Texas, no un hecho acreditado para esos territorios específicos.
El tratado también establece restricciones sobre obras en el río
La Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que los acuerdos internacionales no solamente regulan la ubicación de la frontera, sino también las intervenciones que pueden realizarse sobre el río Bravo.
El Tratado de Límites de 1970 contempla restricciones para impedir que cualquiera de los dos países construya obras capaces de modificar u obstaculizar el escurrimiento normal del agua, conforme a las determinaciones de la CILA.
Estas disposiciones buscan evitar que intervenciones físicas alteren las condiciones del río y generen nuevos conflictos territoriales.
En consecuencia, cualquier proyecto de infraestructura, modificación del cauce o intervención que afecte el flujo del agua debe ajustarse a las obligaciones internacionales.
La Cancillería no anunció que Texas hubiera iniciado obras de este tipo en las nueve islas, pero recordó las restricciones como parte del marco jurídico aplicable.
México dará seguimiento a las acciones de Texas
El Gobierno mexicano informó que mantendrá vigilancia sobre cualquier acción relacionada con las islas y reiteró su disposición al diálogo bilateral.
La SRE sostuvo que las controversias sobre la delimitación territorial deben resolverse mediante los mecanismos establecidos entre ambos países.
Hasta la información publicada el 31 de octubre, no se había anunciado una resolución binacional que confirmara la pertenencia de las nueve islas a Texas.
Tampoco se había informado sobre una modificación formal de la frontera internacional.
La controversia se mantiene, por ahora, en el terreno diplomático y administrativo.
El siguiente paso dependerá de las acciones que adopten las autoridades estadounidenses y de las revisiones que, en su caso, realice la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
El posicionamiento mexicano establece un punto central: la soberanía de las islas del río Bravo debe determinarse conforme a los tratados entre México y Estados Unidos, no mediante decisiones unilaterales de un gobierno estatal.
