Un chat cifrado, un disco duro y 34 detenidos: así descubrieron la estructura del CJNG detrás del asesinato de Carlos Manzo
A un año del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, una investigación periodística reveló nuevos detalles sobre la estructura criminal presuntamente responsable del atentado, así como las pruebas digitales que permitieron a las autoridades identificar a sus integrantes, reconstruir sus comunicaciones y detener a 34 personas relacionadas con el caso.
La investigación, publicada por EL PAÍS el 1 de noviembre de 2026, documenta cómo un teléfono celular, un grupo de mensajería cifrada y un disco duro de dos terabytes se convirtieron en piezas fundamentales para desmantelar parte de una organización vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los hallazgos también apuntan a posibles filtraciones de información desde el entorno del alcalde y desde instituciones de seguridad de Michoacán.
De acuerdo con el reportaje, las autoridades han detenido a 34 presuntos implicados y mantienen bajo investigación a por lo menos cinco personas más. La estructura criminal identificada en Uruapan habría estado integrada por más de 140 individuos al momento del homicidio.
El asesinato fue coordinado mediante una aplicación cifrada
Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025, durante las celebraciones del Día de Muertos en la plaza principal de Uruapan.
El presidente municipal participaba en el Festival de las Velas, acompañado de su familia, funcionarios y ciudadanos, cuando un adolescente de 17 años se acercó y le disparó con una pistola calibre nueve milímetros.
El agresor murió por disparos de uno de los escoltas del alcalde poco después del atentado.
Las investigaciones permitieron establecer que el ataque no fue improvisado.
Los presuntos responsables utilizaron un grupo de mensajería en la aplicación Threema, identificado con el nombre de Ciudad, para coordinar la vigilancia y comunicar los movimientos del alcalde.
En ese grupo participaban nueve cuentas, entre ellas la de Jorge Armando Gómez, conocido como El Licenciado, señalado como uno de los principales coordinadores del homicidio.
Minutos antes del ataque, los participantes compartieron información sobre la ubicación de Manzo, los horarios de sus actividades y el recorrido que realizaría por la plaza.
Uno de los mensajes atribuidos a El Licenciado indicaba que el atentado debía ejecutarse incluso si el alcalde se encontraba acompañado por su hijo.
La información recuperada permitió a los investigadores reconstruir la coordinación previa al homicidio y los mensajes enviados después de los disparos.
El teléfono de uno de los implicados abrió la investigación
Las primeras pistas surgieron de 14 videos obtenidos de cámaras de seguridad y grabaciones difundidas en redes sociales.
En las imágenes, las autoridades identificaron a tres integrantes del grupo encargado de ejecutar el atentado: Víctor Manuel Ubaldo, Fernando Josué y Ramiro, conocido como El Jaguar.
Los dos primeros eran menores de edad.
Víctor Manuel fue quien disparó contra el alcalde y murió en el lugar de los hechos.
Ramiro y Fernando Josué fueron encontrados asesinados el 10 de noviembre de 2025, en una carretera cercana a Uruapan.
Al revisar un teléfono que pertenecía a Ramiro, los investigadores encontraron el grupo de Threema utilizado para organizar el ataque.
También descubrieron que Ramiro había dejado una carta dirigida a su esposa, en la que explicaba su participación en los hechos e identificaba a El Licenciado.
La carta incluía información sobre su nombre, número telefónico y cuenta dentro de la aplicación cifrada.
Estos datos permitieron relacionar las comunicaciones digitales con personas y vehículos específicos.
Un disco duro de dos terabytes reveló información de la organización
La investigación avanzó con la detención de Jorge Armando Gómez, alias El Licenciado, el 18 de noviembre de 2025, en Morelia.
Durante un cateo posterior, las autoridades localizaron un disco duro Toshiba de dos terabytes.
De acuerdo con los testimonios de investigadores citados por EL PAÍS, el dispositivo contenía documentos sobre la estructura operativa del grupo criminal en Uruapan y comunidades cercanas.
Entre los archivos había información sobre integrantes, jerarquías, pagos, actividades ilícitas y productos comercializados.
Los registros mencionaban operaciones relacionadas con extorsión, secuestros, homicidios, venta de drogas, máquinas tragamonedas y otras actividades atribuidas a la organización.
El material permitió identificar una estructura dividida en grupos urbanos y rurales, con mandos encargados de distintas zonas.
Uno de los hallazgos más delicados fue un documento elaborado en 2021 por la propia Fiscalía de Michoacán sobre la organización del CJNG.
Los investigadores no habían esclarecido cómo terminó ese documento oficial en manos de un presunto operador criminal.
Su presencia abrió una nueva línea de investigación sobre posibles filtraciones desde instituciones de seguridad.
El R1, señalado como presunto autor intelectual
Las conversaciones recuperadas también permitieron identificar a un mando superior al que los participantes se referían como el patrón.
Según la reconstrucción, se trataba de Ramón Álvarez Ayala, alias R1, identificado por las autoridades como uno de los dirigentes de una célula regional vinculada con el CJNG.
Álvarez Ayala fue detenido el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco.
Las autoridades lo señalan como presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.
El grupo conocido como Los R operaba en distintas zonas de Michoacán y mantenía vínculos con la estructura encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.
Las investigaciones indican que El Licenciado transmitía instrucciones a los participantes del atentado y reportaba a R1.
Sin embargo, las responsabilidades individuales de los detenidos deberán acreditarse judicialmente.
Investigan filtraciones desde el Ayuntamiento de Uruapan
Uno de los hallazgos más importantes fue que los integrantes del grupo criminal recibían información sobre los movimientos del alcalde que aparentemente provenía de personas cercanas a su administración.
Durante la tarde del asesinato, El Licenciado compartió detalles sobre las actividades de Manzo dentro de la Casa de la Cultura y el horario previsto para el encendido de las velas.
En otro mensaje apareció una fotografía de un teléfono que mostraba conversaciones del grupo de comunicación del cabildo municipal.
La captura incluía un mensaje del propio alcalde dirigido a sus colaboradores.
Para los investigadores, esto sugería que alguien con acceso a las comunicaciones internas del Ayuntamiento estaba proporcionando información a los presuntos responsables.
La investigación condujo a Samuel García, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas del gobierno municipal.
De acuerdo con la reconstrucción de EL PAÍS, las autoridades sospechan que el funcionario habría compartido información a través de un taxista identificado como El Viejito, quien mantenía contactos con integrantes de la organización criminal.
Según testimonios recogidos en la investigación, el funcionario habría aceptado colaborar a cambio de pequeñas cantidades de cocaína.
Samuel García y El Viejito fueron detenidos en enero de 2026.
Se trata de Samuel García, exfuncionario municipal de Uruapan, no del gobernador de Nuevo León que lleva el mismo nombre.
Las acusaciones sobre la presunta filtración de información forman parte de la investigación penal y requieren una resolución judicial.
El asesinato de dos participantes también fue investigado
Las autoridades investigaron además la muerte de Ramiro y Fernando Josué, cuyos cuerpos aparecieron nueve días después del homicidio del alcalde.
Las pesquisas los vincularon con una zona conocida como La Basilia, en las afueras de Uruapan.
Según los investigadores, ese lugar habría sido utilizado para entrenar a los adolescentes que participaron en el ataque.
Los testimonios apuntan a que recibieron prácticas de tiro bajo la supervisión de un instructor de origen colombiano.
Las investigaciones condujeron a Alejandro Baruc Castellanos, alias Comandante Caos, identificado como uno de los responsables regionales de la organización.
El hombre fue detenido en noviembre de 2025 y acusado de participar en los homicidios de Ramiro y Fernando Josué.
Posteriormente fueron capturados otros integrantes de la estructura, entre ellos Salvador Belmontes Aguilar, conocido como Comandante 26.
Las declaraciones de estos detenidos permitieron desarrollar nuevas hipótesis sobre las razones que llevaron al grupo criminal a ordenar el asesinato del alcalde.
Una detención previa pudo haber provocado represalias
Uno de los posibles móviles investigados está relacionado con la captura de René Belmontes, alias Comandante Rhino, realizada por policías municipales bajo las órdenes de Carlos Manzo en agosto de 2025.
El alcalde difundió un video en el que exhibía a los detenidos y los confrontaba públicamente por sus presuntas actividades delictivas.
Según los testimonios de integrantes de la organización citados por EL PAÍS, la detención y la exposición pública habrían sido interpretadas como una provocación por los mandos criminales.
Esta hipótesis sugiere que el atentado pudo estar relacionado con las acciones de seguridad emprendidas por Manzo contra integrantes de la organización.
No obstante, el móvil definitivo del homicidio sigue sujeto a las investigaciones y a la valoración de las pruebas.
Detectan posibles filtraciones desde corporaciones de seguridad
Otra parte de la investigación surgió después de la detención de Gerardo Rodríguez, alias Kongo, en marzo de 2026.
Los investigadores encontraron en su teléfono otro grupo de Threema en el que mantenía comunicación con una abogada identificada como Wendy.
Según las pesquisas, la mujer le proporcionaba información sobre investigaciones oficiales relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo.
Los datos aparentemente provenían de sistemas internos de las autoridades de Michoacán.
La abogada fue detenida a mediados de mayo.
Posteriormente, las autoridades arrestaron a dos personas señaladas como posibles fuentes de información: un agente en activo de la Guardia Forestal de Michoacán y un exintegrante de la Fiscalía estatal.
Estos hallazgos reforzaron las sospechas sobre posibles filtraciones de información institucional hacia la organización criminal.
Sin embargo, cada presunta participación deberá ser acreditada en los procedimientos correspondientes.
El alias Brilloso condujo a familiares de funcionarios municipales
Uno de los participantes del grupo Ciudad utilizaba el alias Brilloso.
Durante meses, los investigadores desconocieron su identidad.
La pista decisiva surgió a finales de julio de 2026, cuando un reporte policial sobre un incidente en un bar de Uruapan permitió relacionar ese apodo con Alexis Medina.
Según la investigación, Alexis era primo de uno de los escoltas detenidos de Carlos Manzo y sobrino de Rosa Alejandra Vargas, entonces secretaria de Bienestar del Ayuntamiento.
El 7 de agosto fueron detenidos Alexis Medina y su hermano Cristian, conocido como El Vikingo.
Las autoridades investigan si Brilloso obtuvo información de su entorno familiar para compartirla con otros integrantes del grupo criminal.
La semana previa al primer aniversario del asesinato también fue detenida Rosa Alejandra Vargas, señalada por presunto encubrimiento, en un procedimiento relacionado con su negativa a comparecer ante la Fiscalía.
Es importante precisar que los vínculos familiares entre personas investigadas no constituyen, por sí mismos, pruebas de participación delictiva.
Más de 30 detenidos y cinco personas todavía bajo investigación
Al cumplirse un año del asesinato, la investigación ha permitido detener a 34 personas presuntamente relacionadas con la estructura criminal.
Entre ellas se encuentran operadores, intermediarios, presuntos mandos regionales y personas investigadas por posibles filtraciones de información.
La Fiscalía de Michoacán había informado previamente que consideraba esclarecido aproximadamente el 90% del caso.
Sin embargo, EL PAÍS señala que las autoridades todavía buscan identificar o detener a por lo menos cinco personas relevantes para completar la reconstrucción.
Una de ellas sería el intermediario que presuntamente transmitía información desde colaboradores del Ayuntamiento hacia El Licenciado.
Su identificación podría ayudar a esclarecer cómo circulaban los datos sobre los movimientos de Carlos Manzo y qué personas tuvieron acceso a la planeación del atentado.
El caso sigue abierto un año después
El asesinato de Carlos Manzo se convirtió en uno de los crímenes políticos más relevantes de México durante 2025.
El alcalde había adquirido notoriedad por sus operativos contra grupos criminales, sus declaraciones públicas sobre la inseguridad y su confrontación con organizaciones delictivas que operaban en Michoacán.
Su muerte durante una celebración pública provocó movilizaciones ciudadanas y una fuerte exigencia de justicia.
Un año después, las autoridades han identificado una red criminal más amplia que la inicialmente conocida.
La investigación también ha puesto bajo revisión la seguridad de las comunicaciones oficiales y los posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones delictivas.
Aunque las detenciones representan avances en la investigación, todavía existen preguntas sobre la totalidad de los participantes, el flujo de información que permitió organizar el ataque y las responsabilidades individuales de cada persona señalada.
La reconstrucción del caso muestra cómo los registros digitales, las comunicaciones entre sospechosos y los documentos recuperados permitieron seguir una cadena de relaciones que se extendía desde los autores materiales hasta presuntos dirigentes de la organización.
El esclarecimiento judicial dependerá ahora de que las pruebas sean presentadas y valoradas en los procesos penales correspondientes.
