A partir de este martes 3 de noviembre, las escuelas públicas y privadas de México deberán aplicar nuevos lineamientos para restringir el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar, como parte de una estrategia del Gobierno federal para reducir las distracciones, prevenir problemas asociados al uso excesivo de pantallas y fortalecer la convivencia entre estudiantes.
La medida, impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por las autoridades educativas de las 32 entidades federativas, contempla restricciones en primaria y secundaria, mientras que los planteles de educación media superior tendrán la facultad de establecer reglas específicas.
Sin embargo, la decisión ha generado preocupación entre padres de familia de estados afectados por la violencia del crimen organizado, particularmente Sinaloa y Tamaulipas, donde algunos consideran que el teléfono celular es una herramienta indispensable para comunicarse con sus hijos durante situaciones de emergencia.
Una investigación publicada este lunes 2 de noviembre por Associated Press documenta cómo la regulación educativa ha abierto un debate entre la protección de la salud y el aprendizaje de los menores y la necesidad de mantener canales de comunicación ante hechos de inseguridad.
¿Qué establece la nueva regulación?
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), los lineamientos comenzarán a aplicarse el 3 de noviembre de 2026 en instituciones públicas y privadas.
Las restricciones varían según el nivel educativo.
| Nivel educativo | Medidas |
|---|---|
| Primaria y secundaria | Uso restringido durante clases y recreos |
| Bachillerato | Cada plantel establecerá sus reglas con la comunidad educativa |
| Universidad | Se promoverá el uso responsable y crítico de la tecnología |
En educación básica, los teléfonos y otros dispositivos electrónicos solamente podrán utilizarse en circunstancias autorizadas, como actividades educativas dirigidas por docentes, emergencias personales o necesidades relacionadas con la salud y la discapacidad.
La medida no significa que los estudiantes tengan prohibido llevar un teléfono durante sus traslados a la escuela.
La principal restricción se refiere a su utilización dentro del plantel durante la jornada escolar.
Gobierno busca reducir distracciones y dependencia digital
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa como una estrategia para recuperar espacios de convivencia y creatividad entre niñas, niños y adolescentes.
El Gobierno federal sostiene que el uso indiscriminado de dispositivos electrónicos, especialmente cuando está vinculado con redes sociales, puede afectar la concentración, la interacción social y el bienestar emocional.
Durante una intervención ante la Cámara de Diputados, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que uno de los objetivos es prevenir la dependencia de plataformas digitales y los problemas asociados con su utilización excesiva.
La SEP también considera que limitar el uso de pantallas durante las clases permitirá fortalecer la atención, el aprendizaje y las relaciones entre compañeros.
Los lineamientos fueron acordados con las autoridades educativas estatales y precedidos por un periodo de preparación e información para las comunidades escolares.
Padres de Sinaloa cuestionan la medida por la inseguridad
La oposición más significativa documentada por Associated Press proviene de familias que viven en regiones afectadas por enfrentamientos armados y otras manifestaciones de violencia.
En Sinaloa, Francisco Ortiz, representante estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia, cuestionó que la regulación limite la posibilidad de que los padres mantengan comunicación directa con sus hijos.
El representante considera que las autoridades no tomaron suficientemente en cuenta las condiciones de inseguridad que enfrentan distintas comunidades.
En estas regiones, las familias utilizan los teléfonos para confirmar que los estudiantes llegaron a sus escuelas, verificar su ubicación y comunicarse durante emergencias.
Para algunos padres, la preocupación no es únicamente que sus hijos se distraigan menos, sino que puedan pedir ayuda cuando ocurra un hecho violento cerca de su escuela.
Un ataque a un autobús escolar reavivó el temor
Uno de los episodios citados por AP ocurrió el 22 de octubre en Escuinapa, al sur de Sinaloa.
Esa mañana, un hombre que circulaba en motocicleta disparó contra un autobús en el que viajaban más de una docena de estudiantes de bachillerato.
Un video grabado por uno de los pasajeros mostró a jóvenes tendidos en el piso y otros escondidos entre los asientos para protegerse de los disparos.
Durante la grabación, uno de los adolescentes preguntó a otro si tenía saldo disponible en su teléfono para comunicarse.
El conductor del autobús resultó lesionado por fragmentos de vidrio provocados por los disparos. No se reportaron estudiantes heridos en ese ataque.
El incidente generó alarma entre las familias de la localidad.
Una madre entrevistada por AP explicó que, después de enterarse de lo ocurrido, llamó inmediatamente a su hija adolescente, quien se había trasladado a la escuela en el vehículo de una familiar.
La mujer, que pidió permanecer en el anonimato por temor a los grupos criminales, señaló que escuchar la voz de su hija le permitió confirmar que estaba a salvo.
Para ella, la posibilidad de comunicarse durante una emergencia tiene prioridad sobre las restricciones al uso de dispositivos.
En Tamaulipas también preocupa la falta de comunicación
La inquietud se extiende a Tamaulipas, entidad que también ha enfrentado episodios de violencia e inseguridad.
Benigno Gómez, padre de familia residente de Reynosa, declaró a Associated Press que comprende la intención de reducir el tiempo que los estudiantes pasan frente a las pantallas.
Sin embargo, considera difícil aceptar una restricción que pueda limitar el uso de un teléfono ante situaciones de riesgo.
Su preocupación refleja una diferencia importante entre las condiciones en las que se diseñan las políticas educativas y la realidad cotidiana de algunas comunidades.
Mientras las autoridades buscan disminuir las distracciones en las aulas, numerosas familias consideran el celular un recurso de seguridad personal.
La regulación contempla excepciones para emergencias, pero los testimonios recogidos por AP muestran que todavía existen dudas sobre cómo se aplicarán y cómo podrán comunicarse los estudiantes con sus familias cuando sea necesario.
Especialistas respaldan las restricciones, pero piden preparación
La nueva política también ha recibido respaldo de investigadores y organizaciones de padres de familia.
Israel Sánchez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, considera que la regulación representa un avance después de años de esfuerzos para limitar el uso excesivo de teléfonos en las escuelas.
No obstante, señaló que su aplicación deberá acompañarse de campañas informativas dirigidas a los padres y capacitación para el personal docente.
La investigadora Lucía Magis-Weinberg, especialista en neurodesarrollo de la Universidad de Washington, explicó a AP que las tecnologías digitales ofrecen beneficios para la socialización y el acceso a información, pero también presentan riesgos.
Entre ellos se encuentran las distracciones persistentes, los conflictos digitales y el diseño de plataformas que buscan mantener la atención de los usuarios durante periodos prolongados.
La especialista considera oportuno que México se sume a las iniciativas internacionales para regular el uso de dispositivos en los centros educativos.
Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de su implementación y de que las escuelas cuenten con procedimientos claros.
Más de 100 países ya aplican restricciones similares
La regulación mexicana forma parte de una tendencia internacional.
De acuerdo con datos de la UNESCO citados por Associated Press, 114 países ya han establecido restricciones al uso de teléfonos celulares en las escuelas.
En Europa, Francia ha ampliado sus controles sobre el uso de dispositivos en distintos niveles educativos.
En América Latina, países como Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia y Costa Rica también han implementado medidas relacionadas con los celulares dentro de los planteles.
En Estados Unidos existen restricciones en determinadas entidades, aunque no se aplica una prohibición nacional uniforme.
Estas políticas comparten el objetivo de reducir distracciones y mejorar los entornos escolares, pero difieren en su alcance, excepciones y mecanismos de aplicación.
México también prepara nuevas reglas para plataformas digitales
La restricción de celulares forma parte de una estrategia más amplia relacionada con el uso de tecnologías por parte de menores de edad.
Según Associated Press, las autoridades mexicanas también preparan regulaciones que exigirán a las plataformas digitales retirar contenidos ilegales relacionados con acoso, ciberacoso, violencia sexual y otras conductas prohibidas.
La intención es fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.
Estas disposiciones son distintas de los lineamientos escolares y requerirán sus propios mecanismos de implementación.
La regulación de plataformas plantea desafíos adicionales, como la identificación de contenidos ilícitos, la protección de derechos digitales y la aplicación de medidas frente a empresas tecnológicas.
El reto será conciliar educación y seguridad
La entrada en vigor de los lineamientos representa un cambio para estudiantes, docentes y familias de todo el país.
Aunque las autoridades sostienen que la medida busca mejorar el aprendizaje y el bienestar de los menores, su implementación deberá considerar las preocupaciones de quienes viven en comunidades afectadas por la inseguridad.
La existencia de excepciones para emergencias será uno de los aspectos más importantes para determinar cómo se aplicará la regulación.
También será necesario que los planteles informen a las familias sobre los mecanismos disponibles para contactar a sus hijos durante una contingencia.
Por ahora, el Gobierno federal mantiene la fecha del 3 de noviembre para iniciar las restricciones.
La discusión no se limita a si los estudiantes deben utilizar menos sus teléfonos, sino a cómo garantizar que la regulación no afecte su capacidad de pedir ayuda o comunicarse con sus familias cuando enfrenten una situación de peligro.
