Nuevos videos exhiben presunto reparto millonario de contratos del INE entre Guadalupe Taddei y empresario; autoridades investigan posibles irregularidades
Nuevas grabaciones difundidas por el medio Latinus colocaron nuevamente bajo escrutinio a Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de mostrarla en una reunión con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, quien realiza cálculos sobre supuestas ganancias millonarias relacionadas con contratos del organismo electoral.
Los videos, divulgados la noche del lunes 2 de noviembre, muestran una conversación en la que el proveedor menciona cantidades, porcentajes y posibles beneficios económicos derivados de servicios vinculados con la fabricación de credenciales para votar, sistemas de autenticación y códigos QR.
Las revelaciones se producen aproximadamente una semana después de la renuncia de Taddei a la presidencia del INE y en medio de investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control del instituto.
Aunque las imágenes documentan la conversación, no acreditan por sí solas que los montos mencionados hayan sido efectivamente entregados a la exfuncionaria ni que exista una responsabilidad penal demostrada.
Una reunión grabada el 16 de febrero revela cálculos millonarios
De acuerdo con la investigación de Latinus, retomada por Noticaribe, EL PAÍS y Aristegui Noticias, la grabación corresponde a una reunión celebrada el 16 de febrero de 2026.
En las imágenes aparecen Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas sentados frente a una mesa, mientras el empresario revisa anotaciones y explica cálculos relacionados con distintos contratos.
En uno de los fragmentos, Hernández Casillas plantea un supuesto reparto económico vinculado con la producción de credenciales electorales.
El empresario menciona cantidades de 1.3 millones y dos millones de pesos, que presenta como posibles beneficios para los participantes en el negocio.
Taddei aparece escuchando la explicación, pero en el fragmento divulgado no se le escucha responder verbalmente al planteamiento.
Este detalle resulta importante porque la grabación muestra una propuesta o descripción realizada por el empresario, pero no permite concluir, por sí sola, que la expresidenta del INE haya aceptado recibir dinero.
Contrato para credenciales electorales alcanza los 71 millones de dólares
Uno de los asuntos centrales de la conversación es la fabricación de credenciales para votar.
Según la investigación periodística, el INE adjudicó el 10 de diciembre de 2025 un contrato con un monto máximo de 71 millones de dólares, equivalente aproximadamente a mil 300 millones de pesos.
La contratación contempla una vigencia que se extiende hasta 2031.
Durante la reunión, Hernández Casillas explica los porcentajes que, según sus cálculos, corresponderían a diferentes participantes relacionados con ese negocio.
Las cifras mencionadas en el video se refieren a supuestas ganancias particulares, no al valor total del contrato.
Esta distinción es fundamental: el monto adjudicado por una institución pública no constituye automáticamente una pérdida para el erario ni demuestra que los recursos hayan sido desviados.
Para establecer una irregularidad sería necesario acreditar la existencia de beneficios indebidos, pagos no autorizados, conflictos de interés u otras conductas contrarias a la legislación.
Hablan de un negocio de autenticación de credenciales
La conversación también aborda un servicio tecnológico para autenticar credenciales electorales.
Según los fragmentos difundidos, Hernández Casillas menciona un esquema protegido por patente y una posible ampliación contractual que permitiría incorporar la autenticación de millones de credenciales.
El empresario calcula ingresos potenciales de aproximadamente 68 millones de dólares anuales por ese servicio.
También describe un mecanismo de distribución de porcentajes entre quienes participarían en el proyecto.
Sin embargo, las cantidades expuestas corresponden a estimaciones mencionadas durante la conversación.
No existe en los reportes consultados una comprobación independiente de que esos ingresos se hayan generado efectivamente o de que los supuestos participantes hayan recibido los porcentajes descritos.
Códigos QR y ciberseguridad aparecen en las grabaciones
Otro apartado del video está relacionado con los códigos QR incorporados a las credenciales para votar.
Durante la conversación se menciona a HuBOX, empresa vinculada con estos servicios tecnológicos, así como a Ramón Mondragón, director de Grupo Anémona.
De acuerdo con la investigación, Hernández Casillas explica un posible reparto de ganancias en el que se considera una cantidad cercana a 48 millones de dólares, después de descontar determinados gastos.
En su explicación, el empresario plantea una distribución de 70% para Ramón Mondragón y 30% para el grupo al que se refiere como propio.
Posteriormente realiza cálculos que sitúan una de las participaciones alrededor de 15 millones de dólares.
Los videos también incluyen referencias a otros servicios electorales, como la credencial para votar en el extranjero.
En ese apartado, Hernández Casillas menciona una participación del 15%.
Los señalamientos deberán contrastarse con los contratos oficiales, las empresas beneficiarias y los registros de pagos para establecer si existieron operaciones irregulares.
Las grabaciones se suman a revelaciones sobre viajes y reuniones privadas
La difusión del nuevo material ocurre después de una serie de publicaciones realizadas durante octubre sobre la relación entre Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas.
Entre los materiales anteriores se encuentran fotografías y videos de reuniones privadas, celebraciones y viajes internacionales.
Una de las grabaciones mostró al empresario en París junto con Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la entonces presidenta del INE.
Posteriormente también se difundió información sobre viajes de otro de sus hijos, León Fernando Piñeda Taddei, con el mismo proveedor.
Las investigaciones periodísticas han planteado interrogantes sobre la relación entre el contratista, la familia de Taddei y las decisiones administrativas del organismo electoral.
No obstante, la existencia de reuniones privadas o viajes compartidos no demuestra automáticamente que se hayan cometido delitos.
Su relevancia para las investigaciones dependerá de que las autoridades acrediten posibles beneficios indebidos, vínculos con decisiones de contratación o incumplimientos de obligaciones legales.
Taddei renunció a la presidencia del INE en octubre
Las revelaciones anteriores coincidieron con una crisis institucional que culminó con la renuncia de Guadalupe Taddei.
La exconsejera anunció su salida el 25 de octubre, con efectos a partir del día siguiente.
Su renuncia ocurrió después de varias semanas de cuestionamientos sobre las contrataciones del instituto y sus relaciones con determinados proveedores.
Tras su salida, Blanca Cruz García asumió provisionalmente la presidencia del INE.
La nueva administración manifestó su disposición a colaborar con las autoridades fiscalizadoras.
También se reportó la salida de al menos 15 funcionarios vinculados con la gestión anterior, aunque las circunstancias de esas renuncias no deben interpretarse automáticamente como reconocimiento de responsabilidad.
ASF revisa operaciones por más de 8 mil 870 millones de pesos
La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio relacionada con operaciones de empresas proveedoras de organismos electorales.
Según la información publicada por Aristegui Noticias, el universo de operaciones identificado asciende a aproximadamente 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026.
De esa cantidad, alrededor de 3 mil 790 millones corresponden a organismos públicos locales electorales.
El periodo revisado abarca varias administraciones y no se limita a los años en que Guadalupe Taddei encabezó el INE.
Por ello, los 8 mil 870 millones de pesos representan operaciones sujetas a revisión, no una cantidad de dinero cuyo desvío haya sido demostrado.
La investigación busca establecer si existieron irregularidades en las contrataciones, relaciones indebidas entre proveedores y servidores públicos o incumplimientos de las disposiciones administrativas.
Órgano Interno de Control identifica contratos por 2 mil 461 millones
Por separado, el Órgano Interno de Control del INE informó que identificó contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos, adjudicados entre 2014 y 2025 a cinco empresas relacionadas entre sí.
El organismo precisó que se trata de un análisis preliminar.
También aclaró que el valor de esos contratos no equivale a un daño patrimonial comprobado.
Como parte de las investigaciones, se han iniciado 18 procedimientos relacionados con los hechos.
Cinco servidores públicos enfrentan procedimientos por presuntas faltas administrativas graves, mientras que otros 13 expedientes continúan bajo investigación.
Los procedimientos buscan determinar si existieron conflictos de interés, irregularidades en adjudicaciones u otras conductas contrarias a la normativa aplicable.
Sheinbaum pide esperar los resultados de las investigaciones
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció nuevamente sobre el caso durante su conferencia matutina del martes 3 de noviembre.
La mandataria expresó su respaldo a las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y sostuvo que las autoridades deben determinar las responsabilidades correspondientes.
También buscó deslindar a Morena de la gestión de Guadalupe Taddei y señaló que su trayectoria en organismos electorales comenzó antes de su llegada a la presidencia del INE.
Sheinbaum recordó que la investigación de la ASF comprende operaciones realizadas durante distintas administraciones.
Sobre las posibles consecuencias, explicó que, si las auditorías identifican elementos de carácter penal, correspondería presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República.
En caso de irregularidades administrativas, deberán intervenir las autoridades competentes en esa materia.
Las declaraciones de la presidenta constituyen una postura política e institucional sobre las investigaciones, pero no sustituyen las conclusiones que deberán emitir los organismos fiscalizadores.
El INE enfrenta cuestionamientos sobre sus mecanismos de contratación
El caso ha abierto un debate sobre los controles internos utilizados por el Instituto Nacional Electoral para contratar bienes y servicios.
Las investigaciones involucran contratos relacionados con la producción de credenciales, sistemas tecnológicos y servicios complementarios necesarios para el funcionamiento del organismo.
La relevancia de estos procedimientos radica en que el INE administra recursos públicos y tiene la responsabilidad de garantizar condiciones de legalidad, transparencia e imparcialidad en sus adquisiciones.
Los posibles conflictos de interés pueden surgir cuando servidores públicos participan en decisiones que podrían beneficiar indebidamente a personas o empresas con las que mantienen relaciones personales o económicas.
Sin embargo, la existencia de un conflicto de interés, una falta administrativa y un delito de corrupción son categorías jurídicas distintas que requieren pruebas y procedimientos específicos.
Hasta ahora, las grabaciones difundidas constituyen elementos periodísticos relevantes para el escrutinio público, pero las responsabilidades legales siguen sujetas a investigación.
No hay confirmación de que los montos discutidos hayan sido entregados
La nueva grabación añade información sobre las conversaciones entre la expresidenta del INE y uno de sus proveedores.
El material muestra al empresario realizando cálculos y describiendo posibles participaciones económicas en contratos públicos.
Sin embargo, los reportes consultados no incluyen una respuesta específica de Taddei o Hernández Casillas sobre esta última grabación.
Tampoco documentan una resolución judicial que establezca que la exfuncionaria recibió las cantidades mencionadas.
La investigación de la ASF y los procedimientos del Órgano Interno de Control deberán esclarecer la naturaleza de las relaciones comerciales, la legalidad de las adjudicaciones y la posible existencia de beneficios indebidos.
El punto central de la controversia es determinar si las cifras mencionadas en los videos corresponden únicamente a conversaciones y proyecciones del empresario o si existió un mecanismo real de distribución irregular de recursos provenientes de contratos del INE.
