Denuncian obras presuntamente ilegales de Royal Caribbean en manglar de Cozumel; proyecto enfrenta rechazo técnico de Conanp

Organizaciones ambientalistas de Cozumel denunciaron la presunta apertura de un camino y la instalación de un portón de madera dentro de una zona de manglar cercana a Playa Mía, trabajos que atribuyen al proyecto turístico Royal Beach Club Cozumel, promovido por la empresa naviera Royal Caribbean.

La denuncia surge mientras el desarrollo, que contempla una inversión superior a 75 millones de dólares y capacidad para recibir hasta 4 mil turistas diarios, continúa bajo evaluación ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo con información publicada por Novedades de Quintana Roo el 1 de noviembre, activistas aseguran haber documentado la presencia de personal y maquinaria dentro de áreas de selva y humedal costero, pese a que el proyecto no cuenta con una autorización ambiental definitiva.

La controversia se intensificó después de que se conociera una opinión técnica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en la que se considera inviable el desarrollo por sus posibles afectaciones a arrecifes, manglares, tortugas marinas, pastos marinos y espacios de acceso público.

Ambientalistas denuncian apertura de camino y colocación de portón

La presidenta de la asociación civil Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (Cimac), Noemí Guadalupe Martín Cab, denunció que los trabajos se habrían realizado desde el interior de la vegetación hacia la carretera, lo que habría dificultado que fueran detectados desde el exterior.

Según su testimonio, los trabajadores ingresaron primero a la zona de selva y manglar para habilitar el acceso y posteriormente colocaron un portón de madera.

Los ambientalistas consideran que estas acciones podrían constituir obras anticipadas relacionadas con el proyecto Royal Beach Club.

La zona señalada se encuentra en las inmediaciones de Playa Mía, aproximadamente a 17 kilómetros del centro de Cozumel, en un sector costero que organizaciones ciudadanas consideran especialmente importante para la conservación ambiental y el acceso público a las playas.

La asociación anunció que su equipo jurídico prepara una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el propósito de solicitar una inspección y determinar si las intervenciones cuentan con permisos.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una resolución oficial que confirme la ilegalidad de los trabajos denunciados.

Royal Caribbean planea recibir hasta 4 mil turistas diarios

El proyecto Royal Beach Club Cozumel es promovido por Desarrolladora Turística L.18 de México, empresa vinculada con Royal Caribbean.

Se trata de un club de playa de uso diurno, sin hospedaje, diseñado principalmente para visitantes que llegan a la isla a bordo de cruceros.

El desarrollo también contempla restaurantes, albercas, bares y otras instalaciones recreativas.

De las 17.42 hectáreas proyectadas, aproximadamente 1.11 se encuentran dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Parte de la superficie propuesta coincide con el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, circunstancia que obliga a considerar las restricciones establecidas para esta área natural protegida.

Conanp considera ambientalmente inviable el proyecto

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas emitió una opinión técnica desfavorable al proyecto, mediante el oficio F00.9.DRPYyCM/SUTCMR/199/2026.

El documento, obtenido mediante solicitudes de transparencia por organizaciones ambientalistas, forma parte del procedimiento de evaluación que realiza la Semarnat.

Entre las principales objeciones de Conanp se encuentra la instalación de infraestructura fija en zonas sujetas a protección ambiental.

La dependencia señala que las 24 palapas tipo palafito, proyectadas con una altura aproximada de 4.6 metros, no pueden considerarse estructuras móviles.

También advierte que la capacidad de visitantes propuesta podría generar una presión turística excesiva sobre el parque nacional.

De acuerdo con el análisis técnico, el área protegida recibe actualmente alrededor de 4 mil visitantes diarios para actividades como buceo y esnórquel, mientras que el nuevo club incorporaría hasta otros 4 mil usuarios.

Conanp considera que el proyecto no analiza suficientemente los impactos acumulativos de ese incremento.

No obstante, la opinión de la comisión no equivale por sí misma a una negativa definitiva de autorización. La decisión corresponde a la Semarnat, después de evaluar el expediente completo.

Advierten riesgos para arrecifes, tortugas y pastos marinos

La evaluación de Conanp identifica diversos ecosistemas que podrían resultar afectados por las instalaciones y la operación del club turístico.

Uno de los puntos señalados es la presencia de praderas de pastos marinos, entre ellas Thalassia testudinum, especie sujeta a protección especial en México.

Estas comunidades vegetales cumplen funciones esenciales para la biodiversidad marina, ya que sirven como hábitat para numerosas especies, contribuyen a estabilizar los sedimentos y participan en la captura de carbono.

La dependencia también documentó la presencia de dos nidos de tortuga marina cerca del muelle existente.

La instalación de estructuras, iluminación dirigida hacia el mar y un incremento de la actividad turística podrían interferir con las condiciones de anidación y desplazamiento de estos animales.

Otro riesgo señalado corresponde al movimiento de embarcaciones y la posible remoción de sedimentos en áreas donde las praderas marinas se encuentran a poca profundidad.

Conanp advierte que estos impactos deben evaluarse junto con los efectos acumulados de fenómenos naturales y problemas ambientales que ya afectan a los arrecifes de Cozumel.

Tratamiento de aguas residuales genera preocupación

El manejo del agua representa otro de los cuestionamientos técnicos.

Según Conanp, la planta de tratamiento y los pozos de inyección propuestos no garantizan suficientemente el manejo de las aguas residuales que produciría un establecimiento con capacidad para 4 mil visitantes diarios.

El organismo advierte que el acuífero de Cozumel presenta una elevada permeabilidad, característica que puede facilitar el desplazamiento de contaminantes hacia los ecosistemas costeros.

Un incremento de nutrientes como nitrógeno y fósforo podría favorecer procesos de deterioro ambiental que afectarían manglares, pastos marinos y arrecifes.

Por esta razón, la dependencia considera indispensable evaluar de manera rigurosa el tratamiento y destino final de las aguas residuales.

Estos señalamientos describen riesgos identificados en la evaluación técnica; no significan que tales daños ya se hayan producido por la operación del proyecto.

Temen restricciones al acceso público a las playas

Además de los posibles impactos ambientales, las organizaciones ciudadanas cuestionan el efecto que tendría el club sobre el acceso a la costa.

Los ambientalistas sostienen que Playa Mía y sus alrededores representan uno de los espacios costeros más importantes para los habitantes de Cozumel.

La preocupación es que la instalación de miles de camastros, palapas y servicios exclusivos para visitantes de cruceros reduzca el espacio disponible para la población local.

La opinión técnica de Conanp también plantea objeciones relacionadas con el uso de Playa Sur y las disposiciones que garantizan el acceso libre y gratuito a las playas mexicanas.

En México, las playas marítimas son bienes de uso común y su acceso público está protegido por la legislación federal, aunque pueden existir concesiones y autorizaciones sobre determinados espacios de la zona federal.

Por ello, el debate no se limita a la propiedad de los terrenos, sino también a las condiciones en las que la población podrá continuar utilizando la costa.

El proyecto sigue bajo evaluación de Semarnat

El expediente ambiental del Royal Beach Club Cozumel se identifica con la bitácora 23QR2025U0054.

De acuerdo con Novedades de Quintana Roo, el procedimiento mantiene un estatus de ampliación de plazo desde el 12 de mayo.

La evaluación de impacto ambiental es el mecanismo mediante el cual la Semarnat analiza si un proyecto puede realizarse, bajo qué condiciones o si debe negarse su autorización.

Durante este proceso pueden solicitarse opiniones técnicas de otras dependencias, entre ellas Conanp.

En consecuencia, la existencia de una opinión desfavorable no significa que el proyecto haya sido oficialmente cancelado.

Tampoco implica que cualquier actividad realizada en el predio sea automáticamente ilegal: para determinarlo es necesario identificar qué trabajos se ejecutaron, su ubicación y las autorizaciones que requieren.

La denuncia de los ambientalistas busca precisamente que Profepa verifique esas circunstancias.

Las denuncias por posibles intervenciones comenzaron meses atrás

Los señalamientos sobre la apertura de accesos en zonas de manglar no son nuevos.

Desde junio de 2026, integrantes de colectivos ambientales habían denunciado la presencia de trabajadores que realizaban levantamientos topográficos cerca de los terrenos vinculados con el proyecto.

En aquel momento, los activistas advirtieron que esas actividades podrían anteceder la construcción de un camino dentro de una zona ambientalmente sensible.

Sin embargo, una cobertura publicada por La Jornada Maya el 9 de junio sostuvo, tras una visita al sitio, que las actividades observadas correspondían a limpieza, mantenimiento básico y estudios geotécnicos, no a obras de construcción.

La nueva denuncia de noviembre incorpora un señalamiento diferente: la presunta apertura de un camino y la colocación de un portón de madera.

Será necesario determinar si estos elementos fueron instalados recientemente, quién ordenó los trabajos y si implicaron una intervención sujeta a autorización ambiental.

Ambientalistas preparan acciones legales

Noemí Guadalupe Martín Cab advirtió que las organizaciones de Cozumel mantendrán la vigilancia sobre el proyecto y buscarán impedir intervenciones que consideren contrarias a la legislación ambiental.

El equipo jurídico de los colectivos prepara una denuncia ante Profepa por presuntas obras anticipadas y posibles daños al humedal costero.

Además, los activistas han expresado su intención de organizar nuevas acciones ciudadanas si las autoridades federales autorizan el desarrollo.

El caso coloca nuevamente bajo discusión el crecimiento de la infraestructura turística asociada con los cruceros en Quintana Roo y su compatibilidad con la conservación de ecosistemas protegidos.

Hasta la información disponible el 2 de noviembre, no se identificó una resolución definitiva de Semarnat sobre el proyecto ni un dictamen de Profepa que acreditara la ilegalidad de las obras denunciadas.

La controversia mantiene dos cuestiones pendientes: determinar si se realizaron intervenciones sin autorización en el manglar y resolver si el Royal Beach Club Cozumel cumple con las condiciones ambientales necesarias para desarrollarse.