Diputados aprueban Presupuesto 2027 por 10.6 billones de pesos; recortan recursos al INE y continúa debate por reasignaciones
México | Política y economía | 10 de noviembre de 2026
La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027, que contempla un gasto público de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, con el respaldo de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano.
La votación, realizada el lunes 9 de noviembre, concluyó con 372 sufragios a favor y 102 en contra, estos últimos emitidos por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Tras la aprobación general, el pleno decretó un receso para continuar este martes 10 de noviembre con la discusión en lo particular, en la que los diputados analizarán más de mil propuestas de modificación al proyecto.
El presupuesto representa un incremento real de 1.3% respecto a 2026 y contempla recursos para programas sociales, salud, educación, infraestructura, seguridad y funcionamiento de las instituciones federales.
Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos es el recorte de 6 mil millones de pesos al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE), así como las diferencias entre las bancadas sobre la distribución del gasto público y las obligaciones financieras del Gobierno federal.
La discusión todavía no concluye. Aunque el proyecto ya recibió el respaldo mayoritario en lo general, las asignaciones podrían modificarse durante el análisis de las reservas antes de su aprobación definitiva.
México proyecta gastar más de 10.6 billones de pesos durante 2027
El Presupuesto de Egresos establece cuánto dinero podrá gastar el Gobierno federal durante el próximo año y cómo se distribuirán los recursos entre dependencias, instituciones, programas y obligaciones financieras.
Para 2027 se contempla un gasto total de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, aproximadamente 442 mil 804 millones más que el monto aprobado para 2026.
En términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, el crecimiento previsto es de 1.3%.
El proyecto también contempla un déficit presupuestario de aproximadamente un billón 358 mil 559 millones de pesos.
Esto significa que el gasto proyectado supera los ingresos presupuestarios previstos en esa magnitud, por lo que el Gobierno deberá cubrir la diferencia mediante los mecanismos de financiamiento autorizados.
El déficit no debe confundirse con la deuda pública total del país, ya que representa un flujo correspondiente al ejercicio fiscal, mientras que la deuda acumulada incorpora obligaciones de distintos años.
¿Cómo se distribuirán los recursos federales?
De acuerdo con la información difundida por el Canal del Congreso, el 69.9% del gasto total corresponde al denominado gasto programable.
Este apartado asciende a 7 billones 432 mil 529.7 millones de pesos y comprende los recursos destinados a programas gubernamentales, servicios públicos, obras de infraestructura y funcionamiento de instituciones.
En este rubro se encuentran asignaciones relacionadas con salud, educación, bienestar, seguridad y otras actividades que realizan las dependencias federales.
El 30.1% restante corresponde al gasto no programable, equivalente a 3 billones 203 mil 958.4 millones de pesos.
Este componente incluye obligaciones financieras y transferencias establecidas por ley, como el pago de intereses de la deuda y las participaciones federales para estados y municipios.
Dentro del gasto no programable, el costo financiero de la deuda representa 49.2%, mientras que las participaciones a entidades federativas y municipios concentran 48.3%.
La distribución muestra que una parte importante del presupuesto está comprometida en obligaciones que no pueden modificarse libremente de un año a otro.
Programas sociales recibirán más de un billón de pesos
Uno de los principales argumentos de las bancadas que respaldaron el proyecto fue la prioridad otorgada a los programas sociales.
Durante la discusión, legisladores del bloque mayoritario destacaron que se destinarán más de un billón de pesos a este tipo de apoyos.
Estos recursos forman parte de las asignaciones dirigidas a programas de bienestar y protección social que operan distintas dependencias federales.
La diputada Dolores Padierna, de Morena, defendió el proyecto al señalar que la distribución presupuestaria responde a las prioridades de la actual administración.
Por su parte, la legisladora Cindy Winkler Trujillo, del Partido Verde, sostuvo que el gasto social constituye una herramienta para atender necesidades de la población y combatir la pobreza.
Desde el Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores también expresó su respaldo al presupuesto y destacó las asignaciones destinadas a educación, agricultura y desarrollo.
No obstante, las bancadas opositoras cuestionaron si el aumento de determinadas partidas se corresponde con las necesidades de servicios públicos, infraestructura y seguridad.
Salud concentra una de las mayores asignaciones
Durante el debate legislativo, Morena destacó que el sector salud contará con una asignación de aproximadamente 2.7 billones de pesos, según las cifras expuestas por la diputada Dolores Padierna.
La legisladora señaló que esta cantidad representa un incremento real de 11.3% respecto al año anterior.
Entre las instituciones y programas considerados se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud y diversas instituciones hospitalarias.
Sin embargo, el monto sectorial mencionado durante el debate agrupa distintas asignaciones y no debe interpretarse como si la Secretaría de Salud, por sí sola, recibiera la totalidad de esos recursos.
La diputada panista Margarita Zavala cuestionó la distribución del gasto y sostuvo que el proyecto no fortalece suficientemente áreas como salud, educación y universidades públicas.
Las diferencias reflejan dos enfoques sobre el presupuesto: mientras el bloque mayoritario destaca los recursos globales destinados a bienestar y servicios, la oposición cuestiona las asignaciones específicas y su capacidad para atender las necesidades de la población.
INE enfrenta recorte de 6 mil millones de pesos
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la reducción al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral.
De acuerdo con la información difundida por N+, el organismo había solicitado alrededor de 42 mil millones de pesos para 2027, pero el dictamen contempla un recorte de aproximadamente 6 mil millones.
Esto representa una disminución cercana al 14.3% respecto a la cantidad solicitada.
La decisión se produce en un contexto de cuestionamientos sobre las contrataciones del instituto y de inconformidad laboral entre trabajadores de sus Módulos de Atención Ciudadana.
El lunes 9 de noviembre, empleados de distintas entidades realizaron protestas y suspensiones de actividades para exigir mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo.
Sin embargo, es importante distinguir ambos asuntos.
El recorte presupuestario forma parte de la discusión legislativa para el ejercicio fiscal 2027, mientras que las demandas laborales corresponden a las condiciones actuales de los trabajadores del instituto.
No se ha establecido que el ajuste de 6 mil millones de pesos sea una consecuencia directa del paro ni que explique por sí solo las condiciones salariales denunciadas.
Además, la discusión presupuestaria aún debe concluir en lo particular antes de que las asignaciones queden definitivamente aprobadas.
Recursos del recorte al INE se reasignarían a otras dependencias
Según la cobertura de N+, parte de los recursos reducidos al INE se destinarían a programas e instituciones federales.
Entre las reasignaciones mencionadas se encuentran mil millones de pesos para el sector ambiental, 700 millones para la Agencia Federal de Aviación Civil y 362 millones para la Secretaría de las Mujeres.
También se contemplan 300 millones de pesos adicionales para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y 20 millones para la Secretaría de Turismo.
La información difundida incluye una asignación adicional para el programa La Escuela es Nuestra.
Estas modificaciones fueron presentadas como parte de la redistribución de recursos contemplada en el dictamen.
Sin embargo, las cantidades identificadas en la cobertura no representan necesariamente la totalidad del recorte aplicado al organismo electoral.
Por ello, para conocer el destino completo de los 6 mil millones de pesos es necesario revisar los anexos presupuestarios y las modificaciones que finalmente apruebe la Cámara de Diputados.
Infraestructura y proyectos de inversión también reciben recursos
El proyecto contempla una inversión física de aproximadamente un billón 133 mil 613 millones de pesos.
Estos recursos están relacionados con proyectos de infraestructura y otras inversiones públicas.
Durante el debate, legisladores del Partido Verde destacaron asignaciones destinadas a obras ferroviarias, carreteras e infraestructura hidráulica.
Entre los proyectos mencionados se encuentran inversiones para mejorar sistemas de transporte y abastecimiento de agua.
El presupuesto también contempla recursos para el Tren Maya, proyecto que continúa generando diferencias entre las bancadas.
El diputado priista Mario Zamora Gastélum cuestionó que se destinen más de 18 mil millones de pesos al proyecto ferroviario, mientras considera insuficientes las asignaciones para policías estatales y municipales, servicios de salud y apoyos al campo.
Desde las bancadas que respaldan el presupuesto se defendió la inversión en infraestructura como parte de la estrategia de desarrollo económico y conectividad del país.
Estados y municipios recibirán más de tres billones de pesos
El gasto federalizado previsto para 2027 asciende a aproximadamente 3 billones 48 mil 223 millones de pesos.
Este concepto agrupa recursos que se transfieren a las entidades federativas y municipios mediante distintos mecanismos presupuestarios.
Entre ellos se encuentran las participaciones federales y otras transferencias destinadas a financiar servicios, programas y responsabilidades de los gobiernos locales.
Las participaciones constituyen recursos de libre disposición conforme a las reglas aplicables, mientras que otras transferencias tienen destinos específicos establecidos en la legislación.
Para estados como Quintana Roo, estas asignaciones son relevantes porque forman parte de los recursos utilizados para financiar actividades gubernamentales y servicios públicos.
Sin embargo, la cifra nacional de gasto federalizado no permite determinar cuánto recibirá específicamente Quintana Roo.
Para conocer ese monto será necesario consultar la distribución por entidad federativa y los anexos definitivos del presupuesto.
Movimiento Ciudadano respalda el presupuesto y se distancia del PAN y PRI
La votación también dejó un resultado político relevante.
Movimiento Ciudadano se sumó a Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde para aprobar el proyecto en lo general.
La bancada emecista aclaró que su respaldo no representa una aceptación de todas las disposiciones presupuestarias.
Durante la discusión, la legisladora Gloria Núñez Sánchez sostuvo que el voto favorable no elimina las críticas de su grupo parlamentario hacia determinadas decisiones del Gobierno federal.
El debate también estuvo marcado por las asignaciones destinadas a proyectos de infraestructura hidráulica en Jalisco.
La Jornada reportó que las negociaciones incluyeron recursos por aproximadamente 6 mil 500 millones de pesos para obras relacionadas con el saneamiento del agua en la zona metropolitana de Guadalajara.
El tema generó intercambios entre legisladores de distintas bancadas sobre las condiciones políticas y presupuestarias de esas asignaciones.
Mientras tanto, PAN y PRI mantuvieron su voto en contra y cuestionaron el crecimiento del gasto, las obligaciones financieras y la distribución de recursos entre programas e instituciones.
PAN y PRI cuestionan deuda, universidades y seguridad
Durante la discusión general, legisladores de oposición expresaron desacuerdos sobre las prioridades del presupuesto.
La diputada Margarita Zavala, del PAN, sostuvo que el proyecto incrementa las obligaciones financieras del Gobierno y no atiende suficientemente las necesidades de sectores como salud y educación.
También cuestionó que se destinen mayores recursos a determinados programas mientras persisten demandas presupuestarias de universidades públicas.
Desde el PRI, Mario Zamora Gastélum criticó las asignaciones para proyectos ferroviarios y consideró que deberían fortalecerse otras áreas, particularmente seguridad pública y apoyo a productores.
Las bancadas oficialistas rechazaron estas críticas y defendieron la distribución de recursos como una continuación de los programas sociales y proyectos de infraestructura de la administración federal.
Las diferencias no se limitaron al monto total del presupuesto, sino también a la manera en que se priorizan las distintas necesidades del país.
Más de mil reservas mantienen abierta la discusión
Aunque el proyecto fue aprobado en lo general, el proceso legislativo continúa.
Este martes 10 de noviembre, la Cámara de Diputados inició el análisis de las reservas presentadas por los grupos parlamentarios.
Las reservas son propuestas mediante las cuales los legisladores buscan modificar artículos, anexos o asignaciones específicas del dictamen.
De acuerdo con N+, la discusión comenzó poco después de las 9:00 de la mañana.
La Jornada reportó que se habían presentado más de mil 700 reservas, por lo que el debate podría extenderse hasta el miércoles 11 de noviembre.
Durante esta etapa, los diputados pueden defender sus propuestas de modificación y someterlas a votación conforme a los procedimientos legislativos.
Por ello, la aprobación en lo general no debe confundirse con la conclusión definitiva del proceso.
El documento todavía puede experimentar ajustes antes de quedar aprobado en lo particular.
¿Qué sigue para el Presupuesto de Egresos 2027?
Una vez concluida la discusión de las reservas, la Cámara de Diputados deberá votar el presupuesto en lo particular.
Si se completa su aprobación, el decreto será enviado al Ejecutivo federal para los efectos legales correspondientes y su publicación.
A diferencia de otras leyes federales, el Presupuesto de Egresos es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, por lo que no requiere una votación posterior del Senado.
El presupuesto entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y establecerá las autorizaciones de gasto público para ese ejercicio fiscal.
Hasta entonces, será necesario revisar el documento definitivo para conocer las asignaciones finales y las modificaciones aceptadas durante el debate.
Un presupuesto marcado por prioridades sociales y disputas legislativas
La aprobación en lo general del Presupuesto de Egresos 2027 representa un avance en la definición de los recursos que utilizará el Gobierno federal durante el próximo año.
Con más de 10.6 billones de pesos previstos, el proyecto contempla asignaciones para programas sociales, salud, educación, infraestructura y transferencias a estados y municipios.
Sin embargo, también enfrenta cuestionamientos por el recorte al INE, el financiamiento del gasto, las prioridades de inversión y las necesidades presupuestarias de distintas instituciones.
La votación de Movimiento Ciudadano junto con Morena y sus aliados permitió una mayoría amplia en lo general, mientras PAN y PRI mantuvieron su rechazo.
El resultado definitivo dependerá de la discusión en lo particular, donde los legisladores todavía pueden modificar las asignaciones antes de cerrar el proceso presupuestario de 2027.
