CIUDAD DE MÉXICO. – La estructura de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sufrió una sacudida este martes. Maricela López Urban, quien fungía como titular de la Fiscalía para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, fue destituida de su cargo tras la ola de críticas por el manejo del caso Mafer, una menor que fue sustraída por su padre y cuya localización tomó más tiempo del que la paciencia social —y el protocolo— permitieron. El detalle no es trivial, pues evidencia que en la capital la presión mediática suele ser más efectiva que los trámites internos.
La salida de la funcionaria se da bajo el argumento de “fortalecer la atención institucional”, un eufemismo común en las dependencias públicas cuando los resultados no acompañan al discurso. La explicación oficial deja preguntas, especialmente sobre por qué el mecanismo de búsqueda no se activó con la urgencia que el caso ameritaba desde el primer minuto.
El caso de Mafer se convirtió en un símbolo de la burocracia que enfrentan las familias en la capital. Mientras la Fiscalía emitía comunicados, la familia de la menor mantenía una movilización constante que terminó por exponer las grietas en la coordinación de la dependencia. Como si hiciera falta recordarlo, el tiempo en la desaparición de un menor se cuenta en segundos, no en oficios.
En su lugar, el encargado de despacho de la FGJCDMX, Ulises Lara, ha nombrado a nuevos perfiles con la promesa de “humanizar” la justicia. Sin embargo, este movimiento administrativo parece más una medida de contención que un cambio estructural profundo. Los puntos clave de este relevo son:
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Falta de protocolos inmediatos: El retraso en la activación de la Alerta Amber fue el detonante de la molestia social.
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Relevo institucional: La salida de López Urban busca calmar las aguas tras las protestas de colectivos y familiares.
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Deuda pendiente: Quedan bajo la lupa otros expedientes que dormían el “sueño de los justos” en esa misma fiscalía.
La destitución cierra un capítulo para la administración de Lara, pero abre la interrogante sobre si el cambio de nombres basta para reparar la confianza en una institución que, en teoría, debería ser el refugio más seguro para los más vulnerables. La pregunta que queda en el aire es cuántos casos más requieren de una movilización social para que los engranajes de la justicia se decidan a girar.
