Ejidatarios exigen 64 millones de pesos por tierras utilizadas desde hace 53 años en carretera Chetumal-Escárcega; advierten nuevas movilizaciones
* Chetumal, Quintana Roo | Sociedad, infraestructura y conflictos agrarios | 12 de noviembre de 2026 *
Ejidatarios de cuatro comunidades del sur de Quintana Roo se manifestaron este jueves frente a las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en Chetumal, para exigir una indemnización por terrenos que, según denuncian, fueron utilizados desde 1973 para la construcción de la carretera federal Chetumal-Escárcega sin que hasta la fecha se haya concretado el pago correspondiente.
Los inconformes reclaman una compensación de 64 millones de pesos por 64 hectáreas, cantidad que proponen calcular a razón de un millón de pesos por hectárea.
La movilización reunió a habitantes de los ejidos Francisco Villa, Nachicocom, El Ramonal y Sergio Butrón Casas, quienes acudieron a la representación federal acompañados por integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).
La protesta ocurrió aproximadamente un mes después de que los mismos grupos bloquearan la carretera federal 186 durante más de diez horas, el pasado 14 de octubre, para exigir avances en el procedimiento de indemnización.
Aunque aquella movilización concluyó con el compromiso de realizar un nuevo avalúo de los terrenos, los campesinos sostienen que las autoridades no han ofrecido resultados suficientes para garantizar el pago.
La inconformidad llevó nuevamente a los representantes ejidales a las calles, donde advirtieron que podrían intensificar sus protestas si el Gobierno federal continúa retrasando el procedimiento.
Una indemnización que, según los ejidatarios, lleva pendiente desde 1973
El conflicto tiene su origen en la utilización de tierras ejidales para la construcción de la carretera federal Chetumal-Escárcega, una vía que conecta el sur de Quintana Roo con Campeche y otras regiones del país.
De acuerdo con los representantes agrarios, los terrenos comenzaron a ocuparse en 1973, hace aproximadamente 53 años.
Los campesinos sostienen que, pese al tiempo transcurrido, no han recibido una compensación que consideren justa por las superficies afectadas.
Las comunidades involucradas han solicitado que el valor de las tierras sea determinado mediante un procedimiento actualizado que tome en cuenta las condiciones actuales.
La antigüedad del conflicto es uno de los principales argumentos de los manifestantes, quienes consideran que los procesos administrativos y judiciales se han prolongado excesivamente.
Sin embargo, la documentación completa de las ocupaciones, los avalúos y las resoluciones judiciales no ha sido difundida en los reportes consultados.
Por ello, las cantidades reclamadas deben distinguirse de un monto de indemnización oficialmente reconocido y exigible.
Exigen un millón de pesos por hectárea
Ruptura 360 informó que los ejidatarios demandan 64 millones de pesos por una superficie de 64 hectáreas.
La propuesta equivale a un millón de pesos por cada hectárea afectada.
Los representantes comunitarios aseguran que la SICT ha planteado cantidades considerablemente menores, las cuales consideran insuficientes.
Según su versión, los montos ofrecidos no reflejan el valor actual de los terrenos ni el tiempo que ha transcurrido desde su ocupación.
Los campesinos manifestaron disposición a negociar, pero sostuvieron que no aceptarán una compensación que consideren injusta.
El monto definitivo dependerá de los avalúos y de los procedimientos legales correspondientes.
Es importante señalar que Quadratín Quintana Roo reportó una superficie superior a 120 hectáreas, mientras que Ruptura 360 y Noticaribe señalaron 64 hectáreas.
Esta diferencia no ha sido aclarada públicamente y podría responder a distintos alcances de los terrenos reclamados.
Por tanto, la cifra de 64 millones debe presentarse como la exigencia documentada por Ruptura 360, no como un adeudo oficialmente determinado por la SICT.
Cuatro comunidades del sur de Quintana Roo participan en el reclamo
Los ejidos involucrados se encuentran en el municipio de Othón P. Blanco, dentro de la región sur de Quintana Roo.
Las comunidades identificadas en los reportes son Francisco Villa, Nachicocom, El Ramonal y Sergio Butrón Casas.
Sus habitantes sostienen que la utilización de tierras para infraestructura federal generó obligaciones de indemnización que todavía no se han cumplido de manera satisfactoria.
La inconformidad se ha mantenido durante años mediante gestiones administrativas, procedimientos agrarios y movilizaciones.
Los reportes también presentan diferencias respecto al número de participantes en la protesta.
Quadratín estimó más de 500 ejidatarios, Ruptura 360 reportó alrededor de 300 y Noticaribe describió una concentración cercana a 100 personas.
Estas cifras corresponden a estimaciones periodísticas realizadas en distintos momentos y no existe un conteo oficial único.
Lo que sí coinciden en señalar las coberturas es la participación de representantes de cuatro comunidades y la realización de una protesta frente a la dependencia federal.
En octubre bloquearon la carretera durante más de diez horas
El antecedente inmediato ocurrió el 14 de octubre de 2026.
Ese día, ejidatarios y transportistas bloquearon la carretera federal a la altura de Francisco Villa, en protesta por la falta de avances en las indemnizaciones.
La Asociación Nacional de Transportistas participó en la movilización y colocó vehículos pesados para impedir la circulación.
El cierre se prolongó durante más de diez horas, provocando afectaciones a quienes transitaban por la vía.
La protesta concluyó después de negociaciones con representantes de la SICT, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y autoridades estatales.
Uno de los compromisos anunciados fue gestionar un nuevo avalúo de las superficies afectadas.
Los campesinos consideraron que ese acuerdo abría la posibilidad de avanzar hacia una compensación.
Sin embargo, casi un mes después regresaron a manifestarse porque, según denunciaron, el procedimiento seguía sin concretarse.
El nuevo avalúo del INDAABIN es clave para resolver el conflicto
Uno de los principales puntos de desacuerdo es el valor que debe asignarse a los terrenos.
El INDAABIN es la institución federal encargada de realizar valuaciones de bienes nacionales y otros trabajos técnicos relacionados con el patrimonio inmobiliario del Gobierno federal.
En este caso, los representantes ejidales esperan que se realice un nuevo avalúo para determinar la indemnización correspondiente.
La ANTAC informó que buscaba confirmar si la SICT había destinado los recursos necesarios para llevar a cabo esa evaluación.
Los campesinos sostienen que sin el avalúo actualizado resulta difícil avanzar hacia un acuerdo de pago.
También consideran que las valoraciones anteriores no reflejan adecuadamente sus demandas.
No obstante, hasta el momento no se ha difundido públicamente un nuevo dictamen que establezca el monto final de la compensación.
Por ello, el pago continúa sujeto a negociación y a los procedimientos administrativos y judiciales aplicables.
El conflicto llegó a tribunales desde 2013
Ruptura 360 documentó que los ejidatarios iniciaron en 2013 un procedimiento ante el Tribunal Unitario Agrario Número 44, con sede en Chetumal.
Esto significa que la disputa judicial acumula aproximadamente trece años, además de los antecedentes históricos de ocupación de los terrenos.
Los campesinos sostienen que han obtenido resoluciones favorables y que las autoridades federales no han cumplido oportunamente con las obligaciones correspondientes.
Quadratín también reportó que los inconformes mencionaron amparos y decisiones judiciales a su favor.
Sin embargo, los reportes no reproducen íntegramente las sentencias ni permiten establecer con precisión qué superficies, cantidades o plazos quedaron reconocidos judicialmente.
La existencia de procedimientos favorables debe distinguirse de una sentencia que ordene pagar exactamente los 64 millones de pesos reclamados.
Para determinar las obligaciones legales de la SICT sería necesario revisar los expedientes y las resoluciones correspondientes.
Despliegan policías frente a las oficinas de la SICT
La manifestación se realizó en las instalaciones federales ubicadas en las inmediaciones de las avenidas Insurgentes y Nápoles, en Chetumal.
Ante la concentración de ejidatarios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó elementos policiacos para resguardar la zona.
Quadratín y Ruptura 360 reportaron la presencia de más de 100 policías.
Por su parte, Noticaribe señaló que durante la movilización se observaron aproximadamente 30 agentes y al menos diez patrullas.
Las diferencias podrían corresponder a distintos momentos del operativo, aunque no existe información oficial suficiente para establecer el número definitivo de elementos movilizados.
La concentración se desarrolló frente a las oficinas de la SICT, donde los participantes exigieron atención de los funcionarios.
No se reportaron enfrentamientos ni personas detenidas durante la protesta en las coberturas consultadas.
Representantes ejidales ingresaron a negociar con funcionarios
Alrededor del mediodía, una comisión de representantes comunitarios ingresó a las oficinas de la dependencia federal para participar en una mesa de diálogo.
Quadratín informó que el grupo estuvo integrado por aproximadamente 20 representantes de los núcleos agrarios.
El objetivo era conocer el avance de los compromisos asumidos en octubre y obtener información sobre el procedimiento de indemnización.
La ANTAC también participó en las gestiones mediante su dirigente nacional, David Estévez Gamboa.
Los representantes buscaron aclarar si existían recursos disponibles para el nuevo avalúo y qué pasos administrativos serían necesarios para concretar el pago.
La reunión permitió que las partes abordaran nuevamente el conflicto, pero no se anunció una liquidación definitiva.
Los campesinos advirtieron que la continuidad de las movilizaciones dependerá de los resultados de las negociaciones.
ANTAC acusa al INDAABIN de retrasar el procedimiento
Después de las mesas de diálogo, el dirigente nacional de la Asociación Nacional de Transportistas, David Estévez Gamboa, responsabilizó al INDAABIN de obstaculizar el avance de las indemnizaciones.
Según declaraciones recogidas por Por Esto!, el representante sostuvo que las dependencias federales han trasladado responsabilidades entre sí, prolongando los trámites.
También afirmó que existe un dictamen del Tribunal Agrario que establecía un plazo de 30 días para emitir el avalúo y solicitar recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esta afirmación corresponde a la versión del dirigente y no ha sido corroborada mediante la publicación íntegra del documento judicial.
Estévez Gamboa anunció que solicitarán la renuncia de la titular del INDAABIN como parte de sus acciones de presión.
La acusación contra el instituto no constituye por sí misma una determinación administrativa o judicial de responsabilidad.
Hasta ahora, no se ha documentado una respuesta oficial detallada del organismo sobre los señalamientos realizados después de la reunión.
El pago podría aplazarse hasta 2027
Uno de los elementos nuevos de la jornada fue la posibilidad de que la indemnización no se concrete durante 2026.
De acuerdo con Por Esto!, el dirigente de la ANTAC reconoció que el cierre del ejercicio presupuestal complica la posibilidad de cubrir los pagos antes de diciembre.
Por esta razón, planteó buscar respaldo legislativo mediante exhortos y puntos de acuerdo que permitan gestionar los recursos necesarios.
La estrategia tendría como objetivo que las indemnizaciones puedan concretarse durante los primeros meses de 2027.
Sin embargo, no existe un compromiso oficial que garantice una fecha de pago.
Tampoco se ha confirmado que la Secretaría de Hacienda haya autorizado recursos específicos para cubrir la cantidad exigida.
La posibilidad de un pago durante el próximo año debe entenderse como una propuesta de gestión y no como una fecha establecida por las autoridades.
Advierten nuevas protestas y posibles bloqueos
Los representantes ejidales señalaron que continuarán ejerciendo presión si las autoridades no ofrecen resultados.
Quadratín informó que los inconformes advirtieron sobre acciones más contundentes si no obtienen una solución antes de que concluya noviembre.
Entre las posibilidades mencionadas se encuentran nuevas movilizaciones y bloqueos carreteros en el sur de Quintana Roo.
La advertencia adquiere relevancia por el antecedente del cierre de octubre, cuando la circulación fue interrumpida durante más de diez horas.
No obstante, hasta el cierre de los reportes del jueves no se había anunciado una fecha específica para otro bloqueo.
Tampoco se había confirmado que los ejidatarios hubieran decidido cerrar nuevamente la carretera federal 186.
Por ahora, las acciones futuras dependerán de las negociaciones y de las decisiones que adopten las comunidades.
Una disputa agraria que continúa sin solución definitiva
La protesta frente a las oficinas de la SICT volvió a colocar en la agenda pública un conflicto que, según los ejidatarios, comenzó hace más de cinco décadas.
Los campesinos reclaman una compensación por tierras utilizadas para infraestructura carretera y cuestionan la lentitud de los procedimientos administrativos y judiciales.
La cifra de 64 millones de pesos representa su exigencia económica, mientras que el nuevo avalúo del INDAABIN permanece como uno de los pasos centrales para determinar el monto que corresponda.
Las autoridades federales sostuvieron una nueva reunión con representantes de las comunidades, pero no se anunció un acuerdo definitivo de pago.
La ANTAC también informó que buscará mecanismos de presión institucional para conseguir recursos durante el próximo ejercicio presupuestal.
Al cierre del 12 de noviembre de 2026, los ejidatarios de Francisco Villa, Nachicocom, El Ramonal y Sergio Butrón Casas continuaban exigiendo una indemnización por las tierras utilizadas en la carretera Chetumal-Escárcega. Sin un pago confirmado ni un nuevo avalúo público, advirtieron que podrían retomar las movilizaciones si no reciben respuestas concretas.
