Un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo fue detenido por su presunta participación en delitos de trata de personas y explotación sexual contra dos mujeres en Cancún. El funcionario, identificado como Ulises Fernando N., de 30 años, habría utilizado su posición dentro de la institución para facilitar las actividades ilícitas y obtener beneficios económicos. El detalle no es menor: se trata de un servidor público cuya responsabilidad era precisamente investigar delitos y procurar justicia.
El fiscal general del estado, Raciel López Salazar, dio a conocer la detención del funcionario, quien es investigado por su probable participación en los delitos de trata de personas, en las modalidades de prostitución ajena y explotación sexual.
Las presuntas víctimas son dos mujeres de 18 y 25 años, quienes habrían sido sometidas a un esquema de explotación que incluía amenazas, cobros y retención de parte de sus ganancias.
Ofrecía servicios sexuales mediante grupos de WhatsApp
De acuerdo con las investigaciones difundidas por medios locales, el agente ministerial presuntamente utilizaba plataformas digitales y al menos 11 grupos de WhatsApp para compartir fotografías de las mujeres y ofrecer servicios sexuales.
Los encuentros se habrían realizado en dos inmuebles ubicados en las supermanzanas 23 y 520 de Cancún, donde posteriormente se efectuaron operativos de las autoridades.
Entre los señalamientos contra el funcionario se encuentra que presuntamente amenazaba a las mujeres, les imponía multas cuando se negaban a prestar servicios sexuales y retenía hasta el 50 por ciento del dinero obtenido.
Estas acusaciones forman parte de la investigación penal y deberán ser acreditadas ante las autoridades judiciales.
Dos cateos permitieron localizar a las mujeres
La investigación está relacionada con dos cateos realizados el pasado 2 de octubre en el municipio de Benito Juárez.
En los operativos participaron elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.
Durante las diligencias fueron localizadas las dos mujeres y se aseguraron los inmuebles, además de indicios relacionados con las actividades investigadas.
Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra Ulises Fernando N., quien quedó a disposición de un juez de control para determinar su situación jurídica.
Un funcionario encargado de combatir delitos, ahora bajo investigación
El caso ha llamado la atención por la posición que ocupaba el detenido dentro de la Fiscalía de Quintana Roo.
Como agente del Ministerio Público, su trabajo estaba vinculado directamente con la investigación de delitos y la procuración de justicia. Sin embargo, ahora enfrenta señalamientos por presuntamente aprovechar esa misma posición para facilitar actividades de explotación sexual.
La contradicción es difícil de ignorar: mientras las autoridades realizan operativos para combatir la trata de personas, uno de sus propios funcionarios es investigado por su posible participación en ese delito.
Por ahora, no se ha establecido judicialmente su responsabilidad, por lo que deberá respetarse la presunción de inocencia durante el proceso.
Quintana Roo mantiene operativos contra la trata de personas
La detención ocurre en un contexto de investigaciones contra redes de explotación sexual en distintos puntos del estado.
Según cifras difundidas por la Fiscalía de Quintana Roo en junio de 2026, durante tres años de gestión se había llevado a proceso a 133 personas por trata de personas y localizado a mil 182 posibles víctimas.
En ese mismo periodo, la institución reportó 211 cateos y 28 sentencias relacionadas con este delito.
Los datos muestran la dimensión de las investigaciones que enfrenta la entidad, aunque el caso del agente ministerial plantea una preocupación adicional: la posible participación de servidores públicos en actividades que deberían combatir.
La situación jurídica de Ulises Fernando N. deberá definirse ante un juez de control. Mientras tanto, las investigaciones tendrán que esclarecer no solo las acusaciones de explotación sexual, sino también si su cargo dentro de la Fiscalía fue utilizado para facilitar los hechos denunciados.
