IMOVEQROO prepara nueva reforma a Ley de Movilidad tras amparos de Uber; reconocerá a plataformas digitales como transporte privado
Chetumal, Quintana Roo | Movilidad y política | 11 de noviembre de 2026
El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) anunció que promoverá una nueva reforma a la Ley de Movilidad para reconocer expresamente a las plataformas digitales de transporte, como Uber, bajo un esquema de servicio privado y adecuar su regulación a las resoluciones de autoridades federales.
El anuncio fue realizado por Rafael Hernández Kotasek, director general del organismo, quien reconoció que los procedimientos legales promovidos por Uber y los criterios de instancias federales obligan a revisar las disposiciones estatales que regulan la operación de este tipo de servicios.
La propuesta podría enviarse al Congreso de Quintana Roo antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, previsto para diciembre.
El funcionario explicó que uno de los objetivos es resolver los puntos de controversia jurídica que mantienen vigentes los amparos promovidos por la plataforma, sin eliminar las obligaciones de registro, seguros y permisos que el Instituto considera aplicables a los conductores.
La iniciativa también se presenta en un contexto de expansión de las aplicaciones de transporte en la entidad. Según Hernández Kotasek, el IMOVEQROO tiene identificados a más de cuatro mil operadores, concentrados principalmente en Cancún y Chetumal, aunque también existe actividad en Tulum.
Además, confirmó un acuerdo con el sindicato de taxistas de Playa del Carmen para permitir la operación de Uber en esa ciudad, pero exclusivamente mediante unidades de taxi.
La propuesta todavía no ha sido aprobada por el Congreso, por lo que sus disposiciones definitivas y efectos sobre conductores y usuarios permanecen pendientes.
IMOVEQROO reconoce la necesidad de modificar nuevamente la ley
Hernández Kotasek explicó que la reforma busca atender los criterios legales establecidos por instancias federales respecto de la naturaleza del transporte contratado mediante aplicaciones digitales.
De acuerdo con el funcionario, uno de los principales puntos de controversia consiste en distinguir estos servicios del transporte público tradicional.
Mientras el transporte público concesionado funciona bajo un régimen específico de autorizaciones, el transporte privado contratado mediante plataformas tecnológicas puede estar sujeto a un esquema jurídico distinto.
El director del IMOVEQROO sostuvo que la modificación permitiría incorporar una modalidad regulatoria específica y atender las disposiciones que han motivado los amparos de Uber.
También expresó su expectativa de que, una vez realizados los ajustes, la empresa retire los recursos legales que mantiene contra determinadas disposiciones estatales.
Sin embargo, el retiro de un amparo no ocurre automáticamente por la presentación de una reforma.
Dependerá del contenido final de la legislación, de las decisiones de la empresa y de las resoluciones judiciales correspondientes.
Las resoluciones federales están detrás de la propuesta
La controversia sobre la operación de Uber en Quintana Roo no comenzó con el anuncio de noviembre.
Durante los últimos años, la regulación estatal ha sido objeto de modificaciones, impugnaciones y discusiones sobre la diferencia entre el transporte público concesionado y los servicios privados contratados mediante aplicaciones.
En su declaración del 11 de noviembre, Hernández Kotasek hizo referencia a determinaciones de instancias federales y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Estas discusiones han girado alrededor de las condiciones que pueden establecer las autoridades estatales para regular la actividad de las plataformas y sus conductores.
No obstante, existe una precisión jurídica importante: la legislación vigente de Quintana Roo ya contempla modalidades de transporte público y privado contratado mediante plataformas digitales.
La versión de la Ley de Movilidad publicada por el Congreso estatal, con reformas hasta marzo de 2026, establece que estos servicios pueden ser públicos o privados, sujetos a los documentos y autorizaciones correspondientes.
Además, en antecedentes publicados en el Diario Oficial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación examinó disposiciones relacionadas con el servicio privado de transporte contratado mediante plataformas.
Por ello, la reforma anunciada no debe interpretarse como la primera ocasión en que el estado reconoce jurídicamente la existencia de esta modalidad.
La cuestión central será conocer qué artículos pretende modificar el IMOVEQROO, qué requisitos cambiarán y cómo se atenderán los puntos específicos de controversia.
Uber no quedaría exento de permisos, seguros ni registros
El director del Instituto insistió en que los amparos promovidos por Uber no significan que las plataformas y sus conductores puedan operar sin cumplir ninguna regulación.
Según explicó, los operadores deben contar con documentación y condiciones de seguridad exigibles conforme al marco normativo aplicable.
Entre las obligaciones mencionadas se encuentran los seguros vehiculares, los permisos correspondientes y el registro del servicio ante el IMOVEQROO.
El funcionario sostuvo que la reforma buscará mantener estas condiciones, incluso si se reconoce expresamente el carácter privado del transporte contratado mediante aplicaciones.
La postura del Instituto distingue entre la naturaleza jurídica del servicio y las obligaciones administrativas que pueden imponerse para su prestación.
Sin embargo, la validez de cada requisito debe analizarse conforme a la legislación vigente y a las resoluciones judiciales aplicables.
Un amparo puede proteger frente a determinadas disposiciones o actos de autoridad sin necesariamente eliminar todas las obligaciones relacionadas con la actividad.
Por ello, tampoco sería correcto afirmar que la reforma permitirá a los conductores operar automáticamente sin autorización o sin cobertura de seguro.
Más de cuatro mil operadores de plataformas en Quintana Roo
Hernández Kotasek informó que el IMOVEQROO tiene identificados a más de cuatro mil operadores vinculados con plataformas digitales de transporte.
Según el funcionario, la mayor concentración se encuentra en Cancún y Chetumal.
También señaló que existe actividad en Tulum y que se prevé una próxima incorporación de Uber en Playa del Carmen bajo un acuerdo específico con el gremio taxista.
El dato de cuatro mil operadores corresponde a la información proporcionada por el Instituto y no necesariamente representa el total de conductores activos diariamente.
Tampoco permite conocer cuántos trabajan exclusivamente para Uber, cuántos utilizan otras aplicaciones o cuántos prestan el servicio de manera simultánea en varias plataformas.
La cifra muestra, sin embargo, la dimensión que ha alcanzado este mercado dentro de Quintana Roo.
La regulación de estas actividades tiene implicaciones para conductores, usuarios, concesionarios y autoridades encargadas de supervisar la movilidad.
Playa del Carmen permitirá Uber, pero exclusivamente con taxis
Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación de un acuerdo con el sindicato de taxistas de Playa del Carmen.
De acuerdo con Hernández Kotasek, este entendimiento permitirá la entrada de Uber a la ciudad, pero mediante vehículos pertenecientes al servicio de taxi.
El esquema anunciado es distinto de la operación habitual de conductores particulares que ofrecen viajes mediante una aplicación.
Bajo el acuerdo descrito, las unidades de taxi serían las autorizadas para brindar el servicio a través de Uber en Playa del Carmen.
No obstante, el funcionario no detalló públicamente todos los términos del convenio, las condiciones de incorporación de los operadores ni la fecha exacta de inicio.
Tampoco se aclaró si el acuerdo contempla mecanismos de incorporación futura para conductores particulares.
Por ello, no puede afirmarse que Uber comenzará a operar sin restricciones para cualquier automóvil privado en ese municipio.
La decisión también abre interrogantes sobre la relación entre los acuerdos con organizaciones de taxistas y las disposiciones generales que eventualmente establezca la nueva legislación.
El acuerdo con taxistas plantea preguntas sobre la competencia
La participación de taxis concesionados en aplicaciones digitales no es necesariamente incompatible con la existencia de servicios privados de transporte.
Ambos modelos pueden coexistir dentro de una regulación que establezca condiciones diferenciadas.
Sin embargo, el anuncio de que Uber operará exclusivamente mediante taxis en Playa del Carmen plantea preguntas sobre el acceso de otros prestadores al mercado.
Entre ellas se encuentra si la restricción responde a una disposición legal aplicable, a un acuerdo comercial o a una condición administrativa específica.
También será importante conocer si las autoridades permitirán que otras plataformas y conductores privados participen bajo requisitos equivalentes.
Estos aspectos son relevantes para evaluar las condiciones de competencia y las alternativas disponibles para los usuarios.
El comunicado periodístico del 11 de noviembre no ofrece información suficiente para determinar si el acuerdo limita indebidamente la competencia.
Esa valoración requeriría revisar su contenido, la legislación aplicable y las determinaciones de las autoridades competentes.
Uno de cada diez conductores inspeccionados presenta irregularidades, según IMOVEQROO
En declaraciones recogidas por Diario Cambio 22, Hernández Kotasek afirmó que durante los operativos del Instituto se han detectado irregularidades en aproximadamente uno de cada diez conductores inspeccionados.
Los incumplimientos señalados están relacionados principalmente con la falta de seguros o de documentación requerida para prestar el servicio.
El funcionario sostuvo que algunos operadores intentan invocar los amparos de Uber para evitar sanciones administrativas.
Sin embargo, reiteró que las resoluciones judiciales no necesariamente los eximen de todas las obligaciones de seguridad y registro.
La proporción mencionada equivale al 10% de los conductores revisados durante los operativos referidos.
No significa que el 10% de todos los conductores de plataformas en Quintana Roo opere irregularmente.
Para obtener una estimación general sería necesario conocer cuántas unidades fueron inspeccionadas, cómo se seleccionaron y cuáles fueron las infracciones documentadas.
El IMOVEQROO no detalló estas cifras en los reportes consultados.
La ley actual ya contempla el transporte privado mediante aplicaciones
La revisión del marco jurídico vigente permite contextualizar el alcance de la reforma anunciada.
La Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo establece que el servicio de transporte contratado mediante plataformas tecnológicas puede tener carácter público o privado.
También contempla la expedición de permisos y autorizaciones conforme a las modalidades correspondientes.
Por su parte, el portal oficial del IMOVEQROO mantiene un apartado específico para el servicio privado de transporte de pasajeros contratado mediante plataformas digitales.
Entre los requisitos publicados se encuentran la licencia de conducir correspondiente, la documentación del vehículo, el registro en una plataforma autorizada y una póliza de seguro con cobertura para pasajeros y terceros.
El portal estatal de trámites, actualizado en octubre de 2026, también incluye un procedimiento específico para obtener el permiso de transporte privado contratado mediante aplicaciones.
Esto confirma que la modalidad privada no es completamente ajena a la legislación y los trámites actuales.
La nueva propuesta deberá aclarar cuáles son los cambios necesarios respecto de ese marco ya existente.
Sin el texto de la iniciativa, no es posible establecer si se modificarán requisitos, definiciones, facultades del Instituto o condiciones de operación.
Un debate que lleva años en Quintana Roo
La regulación de plataformas digitales ha sido uno de los temas recurrentes en la política de movilidad de Quintana Roo.
La expansión de Uber y otros servicios contratados mediante aplicaciones ha generado desacuerdos sobre las condiciones de operación y las obligaciones que deben cumplir los conductores.
Por un lado, las autoridades han defendido la necesidad de establecer mecanismos de supervisión, documentación y seguridad.
Por otro, las plataformas han recurrido a procedimientos judiciales para cuestionar determinadas disposiciones estatales.
Los concesionarios de taxi también han participado en el debate, principalmente por las condiciones de competencia entre el transporte tradicional y las aplicaciones.
En octubre de 2025, el diputado Rubén Carrillo Buenfil había señalado que el Congreso revisaría otra propuesta de reforma relacionada con las facultades del IMOVEQROO para regular las plataformas.
En aquella ocasión, el legislador defendió la necesidad de supervisar el servicio y garantizar el cumplimiento de las disposiciones estatales.
El anuncio de noviembre de 2026 muestra que las controversias jurídicas y regulatorias todavía no se han resuelto por completo.
¿Qué cambiaría para los usuarios de Uber?
Para quienes utilizan aplicaciones de transporte en Cancún, Chetumal, Tulum y Playa del Carmen, la reforma podría tener implicaciones sobre la disponibilidad del servicio y las condiciones bajo las cuales operan los conductores.
Sin embargo, todavía no es posible afirmar que producirá una reducción de tarifas, mayor disponibilidad de vehículos o la eliminación de restricciones específicas.
Esos efectos dependerán del contenido final de la legislación y de la manera en que se aplique.
Entre los aspectos relevantes estarán los requisitos para registrar unidades, las condiciones de los seguros, los permisos de operación y la relación entre plataformas, conductores y autoridades.
También deberá aclararse si las nuevas disposiciones establecerán reglas uniformes en todo el estado o contemplarán diferencias según la modalidad de transporte.
En el caso de Playa del Carmen, los usuarios tendrán que esperar información adicional sobre el acuerdo que permitirá incorporar taxis a Uber.
Por ahora, el anuncio representa una intención de reforma y no una modificación inmediata de las condiciones de contratación del servicio.
IMOVEQROO busca enviar la iniciativa antes de diciembre
Hernández Kotasek anticipó que la propuesta podría presentarse ante el Congreso estatal antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.
La fecha límite mencionada por el funcionario corresponde al mes de diciembre de 2026.
Una vez presentada, la iniciativa deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente.
Los diputados podrán analizar su contenido, discutir sus alcances y, en su caso, aprobar modificaciones.
Hasta el momento, no se ha confirmado que la propuesta haya sido formalmente ingresada al Congreso.
Tampoco se conoce el articulado definitivo ni existe una fecha anunciada para su votación.
La expectativa del IMOVEQROO es que los cambios permitan resolver las controversias jurídicas pendientes y establecer condiciones de operación para las plataformas.
Sin embargo, la aprobación de la reforma y sus efectos dependerán de las decisiones legislativas y judiciales correspondientes.
La reforma deberá aclarar qué cambiará respecto de la regulación vigente
El anuncio de Rafael Hernández Kotasek representa un nuevo intento del Gobierno estatal por resolver las controversias relacionadas con las plataformas digitales de transporte.
El Instituto sostiene que la modificación permitirá atender los criterios federales, reconocer la naturaleza privada del servicio y mantener obligaciones administrativas para los conductores.
No obstante, la legislación vigente ya contempla una modalidad de transporte privado contratado mediante aplicaciones, por lo que el alcance real de la iniciativa todavía necesita precisarse.
La propuesta también llega acompañada de un acuerdo con el sindicato de taxistas de Playa del Carmen que, según el funcionario, permitirá operar Uber exclusivamente mediante taxis.
Ambos elementos serán relevantes para conocer cómo pretende el estado organizar la convivencia entre concesionarios, plataformas y conductores particulares.
Por ahora, el IMOVEQROO ha anunciado su intención de presentar una nueva reforma antes de diciembre. El contenido definitivo deberá esclarecer qué disposiciones cambiarán, cómo se atenderán los amparos de Uber y qué condiciones regirán para los más de cuatro mil operadores identificados en Quintana Roo.
