Renuncia vicefiscal de Sinaloa acusado por Estados Unidos de recibir sobornos de Los Chapitos; habría cobrado 200 mil pesos mensuales
* Culiacán, Sinaloa | Seguridad y política | 11 de noviembre de 2026 *
Dámaso Castro Saavedra presentó su renuncia definitiva como vicefiscal general de Sinaloa, después de permanecer seis meses separado de sus funciones debido a las acusaciones de autoridades estadounidenses que lo señalan por presuntamente colaborar con Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.
La salida del funcionario fue confirmada este miércoles 11 de noviembre por la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien precisó que la renuncia se presentó desde el pasado 5 de noviembre, fecha en que concluyó la licencia sin goce de sueldo que Castro había solicitado para atender los señalamientos en su contra.
El exvicefiscal figura entre diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados en una acusación presentada por fiscales federales de Estados Unidos en abril de 2026, relacionada con presuntas actividades de protección institucional a integrantes del crimen organizado.
De acuerdo con la investigación estadounidense, Castro habría recibido aproximadamente 200 mil pesos mensuales, equivalentes a unos 11 mil dólares, a cambio de proporcionar información confidencial sobre operativos de seguridad y facilitar que integrantes de Los Chapitos evitaran acciones de las autoridades.
Entre los señalamientos se encuentra la presunta filtración de información sobre operativos contra laboratorios clandestinos de drogas, incluidos aquellos realizados con apoyo estadounidense.
Las acusaciones no constituyen una sentencia condenatoria. Castro ha rechazado los vínculos con el narcotráfico y conserva su derecho a la presunción de inocencia.
La renuncia marca el final de su permanencia institucional en la Fiscalía de Sinaloa, donde ocupaba uno de los cargos de mayor responsabilidad desde 2021.
Fiscal de Sinaloa confirma que la renuncia ocurrió el 5 de noviembre
Claudia Zulema Sánchez Kondo informó que Castro presentó formalmente su dimisión la semana pasada, una vez concluido el periodo de licencia que había solicitado en mayo.
La fiscal explicó que, desde el momento en que el funcionario se separó temporalmente del cargo, fue designado un encargado para mantener el funcionamiento de la Vicefiscalía General.
El puesto continúa bajo la responsabilidad de José Roberto Quiñónez Coronado, quien permanece como encargado del despacho.
Hasta este miércoles no se había anunciado públicamente el nombramiento de un nuevo vicefiscal titular.
La confirmación de la renuncia ocurrió durante una actividad pública de la fiscal en Culiacán y fue retomada por diversos medios nacionales.
Aunque la noticia se conoció el 11 de noviembre, la salida formal ocurrió seis días antes.
Estados Unidos lo señala de recibir 11 mil dólares mensuales
La acusación estadounidense sostiene que Dámaso Castro habría recibido pagos periódicos de integrantes de Los Chapitos a cambio de utilizar su posición institucional para favorecerlos.
El monto señalado asciende a aproximadamente 200 mil pesos mensuales.
Según la versión de los fiscales estadounidenses, el entonces vicefiscal habría proporcionado información sobre operaciones policiales y acciones contra laboratorios clandestinos.
La entrega anticipada de estos datos presuntamente permitía a integrantes de la organización criminal destruir o trasladar evidencias, abandonar instalaciones y evitar detenciones.
El señalamiento resulta especialmente relevante debido al cargo que desempeñaba Castro dentro de la Fiscalía estatal.
Como vicefiscal general, tenía responsabilidades relacionadas con la coordinación y supervisión de investigaciones, así como con el funcionamiento de las vicefiscalías regionales.
No obstante, la acusación debe distinguirse de los hechos judicialmente acreditados: la existencia de un expediente estadounidense no significa que se haya demostrado definitivamente que el exfuncionario recibió esos pagos.
¿Quiénes son Los Chapitos?
Los Chapitos son una facción del Cártel de Sinaloa vinculada con los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo Guzmán.
La organización ha sido señalada por autoridades estadounidenses por su participación en actividades de narcotráfico, particularmente en redes de producción y distribución de drogas sintéticas.
En el contexto de las investigaciones contra esta facción, fiscales estadounidenses han señalado presuntas redes de colaboración que incluirían a funcionarios y exfuncionarios públicos.
De acuerdo con las acusaciones, estas relaciones habrían facilitado la protección de actividades ilícitas mediante información obtenida desde instituciones gubernamentales.
Las investigaciones buscan establecer las responsabilidades individuales de las personas señaladas.
Por ello, no debe interpretarse que todos los funcionarios mencionados en un expediente hayan cometido los mismos actos o que las imputaciones contra ellos se encuentren judicialmente acreditadas.
Diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa aparecen en las acusaciones
El nombre de Dámaso Castro fue incluido en una acusación federal presentada en abril de 2026 contra diez personas que habían ocupado o desempeñaban cargos públicos en Sinaloa.
Entre los nombres señalados se encuentran el exgobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gámez Mendívil, quien se desempeñaba como alcalde de Culiacán cuando se difundieron los señalamientos.
También fueron mencionados otros exfuncionarios relacionados con áreas de gobierno y seguridad pública.
La publicación de estas acusaciones generó una crisis política e institucional en Sinaloa, debido a que varias de las personas señaladas habían ocupado posiciones relevantes en la administración estatal.
Sin embargo, el Gobierno mexicano y la Fiscalía General de la República cuestionaron inicialmente las acusaciones estadounidenses y señalaron que no contaban con elementos probatorios suficientes para considerar acreditada la responsabilidad de los funcionarios.
La situación procesal de cada persona es distinta y no puede establecerse únicamente a partir de su aparición en el mismo expediente.
Castro pidió licencia seis días después de las acusaciones
La secuencia de acontecimientos comenzó el 29 de abril de 2026, cuando se hicieron públicos los señalamientos de la justicia estadounidense.
El 5 de mayo, Dámaso Castro solicitó una licencia sin goce de sueldo para separarse temporalmente de sus responsabilidades en la Fiscalía de Sinaloa.
La decisión ocurrió en medio de la atención pública que recibieron las acusaciones y de los cuestionamientos sobre su permanencia en un cargo relacionado directamente con la investigación de delitos.
En ese momento, la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo había señalado la necesidad de atender la situación institucional, al tiempo que pidió respetar la presunción de inocencia del funcionario.
La licencia fue concedida por un periodo de seis meses.
Durante ese tiempo, Castro dejó de ejercer sus funciones ordinarias, pero todavía conservaba formalmente su relación con la institución.
Al concluir el plazo, el pasado 5 de noviembre, decidió presentar su renuncia definitiva.
Compareció ante la Fiscalía General de la República
Otro momento importante ocurrió el 26 de mayo de 2026, cuando Castro acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán.
Su comparecencia estuvo relacionada con las investigaciones iniciadas después de los señalamientos estadounidenses.
El entonces vicefiscal manifestó su disposición a atender los requerimientos de las autoridades mexicanas y rechazó las acusaciones que lo vinculaban con Los Chapitos.
Su asistencia a las instalaciones federales no equivale a una detención ni a una declaración de culpabilidad.
Hasta la información pública disponible este 11 de noviembre, los reportes consultados no confirman una sentencia contra Castro ni detallan una resolución definitiva de las investigaciones en México.
Tampoco establecen que su renuncia haya sido ordenada por una autoridad judicial.
Se trata de una decisión administrativa formalizada después de concluir su licencia.
La investigación estadounidense menciona filtraciones sobre operativos
Uno de los aspectos más delicados de la acusación corresponde al presunto uso de información institucional para favorecer a integrantes del narcotráfico.
Según el expediente estadounidense, Castro habría comunicado detalles de operaciones de seguridad planeadas con apoyo de agencias de Estados Unidos.
Estas operaciones incluían acciones dirigidas contra instalaciones utilizadas para producir drogas.
La acusación sostiene que el acceso anticipado a esa información habría permitido a los presuntos beneficiarios modificar sus actividades antes de la llegada de las autoridades.
Si tales hechos fueran acreditados judicialmente, representarían una utilización de funciones públicas para obstaculizar investigaciones criminales.
Sin embargo, hasta ahora estos elementos forman parte de la acusación y no deben presentarse como conductas demostradas mediante una sentencia.
La investigación deberá determinar qué información se compartió, cómo se habría transmitido y qué pruebas respaldan las imputaciones.
El antecedente del asesinato de Héctor Melesio Cuén
La trayectoria de Dámaso Castro dentro de la Fiscalía de Sinaloa ya había estado bajo escrutinio público por su participación institucional en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Cuén murió el 25 de julio de 2024, en un caso relacionado con los acontecimientos que rodearon la captura y traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos.
Durante la investigación inicial, la Fiscalía de Sinaloa difundió una versión según la cual Cuén había sido asesinado durante un supuesto intento de robo de vehículo en una gasolinera.
La institución presentó imágenes de videovigilancia que, según esa versión, respaldaban la hipótesis.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República cuestionó posteriormente esa reconstrucción y señaló irregularidades en el material presentado.
La controversia contribuyó a la salida de la entonces fiscal estatal Sara Bruna Quiñónez Estrada.
Castro, quien participó en la presentación institucional de aquella investigación, permaneció en su cargo.
Este antecedente es distinto de las acusaciones estadounidenses de 2026 y no constituye una prueba de su participación en actividades de narcotráfico.
Permaneció en la Vicefiscalía pese a los cuestionamientos de 2024
Después de la renuncia de Sara Bruna Quiñónez Estrada, Dámaso Castro fue considerado entre los perfiles para encabezar la Fiscalía General del Estado.
Finalmente, el Congreso de Sinaloa designó a Claudia Zulema Sánchez Kondo como nueva fiscal general.
Castro continuó desempeñándose como vicefiscal durante esa nueva administración.
Su permanencia generó cuestionamientos debido a las controversias relacionadas con la investigación del asesinato de Cuén.
Sin embargo, no se había anunciado una determinación judicial que estableciera su responsabilidad penal por aquellas irregularidades.
Fue hasta mayo de 2026, después de la publicación de las acusaciones estadounidenses, cuando solicitó separarse temporalmente del cargo.
Seis meses después, la licencia se convirtió en una salida definitiva de la institución.
¿Quién queda al frente de la Vicefiscalía de Sinaloa?
La Fiscalía General del Estado informó que José Roberto Quiñónez Coronado continúa como encargado del despacho de la Vicefiscalía General.
El funcionario asumió esa responsabilidad cuando Castro solicitó licencia en mayo.
Su permanencia busca garantizar la continuidad administrativa y operativa del área mientras se determina quién ocupará definitivamente la titularidad.
La Vicefiscalía General desempeña funciones relevantes dentro de la estructura de procuración de justicia estatal, por lo que la designación de su responsable tiene implicaciones para la coordinación de investigaciones y otras tareas institucionales.
Hasta el 11 de noviembre no se había confirmado públicamente un nuevo nombramiento definitivo.
La renuncia no significa que las investigaciones hayan concluido
La salida de Dámaso Castro de la Fiscalía de Sinaloa tiene efectos sobre su situación administrativa, pero no determina el resultado de los procedimientos judiciales que pudieran encontrarse en curso.
Renunciar a un cargo público no implica automáticamente que las acusaciones hayan sido demostradas ni que desaparezcan posibles responsabilidades penales.
Las autoridades competentes deberán continuar las investigaciones que correspondan conforme a sus atribuciones y a las pruebas disponibles.
En el caso de las acusaciones estadounidenses, será necesario distinguir entre la información contenida en los expedientes, las actuaciones procesales y las resoluciones que eventualmente emitan los tribunales.
El exvicefiscal conserva el derecho a defenderse y a que su responsabilidad sea determinada mediante un procedimiento legal.
La Fiscalía de Sinaloa, por su parte, deberá resolver la designación de quien ocupará de manera definitiva uno de sus cargos de mayor responsabilidad.
Un caso que vuelve a poner bajo atención la relación entre instituciones y crimen organizado
La renuncia de Castro ocurre en un contexto de investigaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios públicos de Sinaloa y organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Las acusaciones estadounidenses plantean señalamientos sobre presunta entrega de información, protección institucional y recepción de pagos ilegales.
Al mismo tiempo, la respuesta de las autoridades mexicanas y las declaraciones de los señalados muestran que las imputaciones continúan siendo materia de controversia y deben resolverse mediante procedimientos judiciales.
El caso también plantea preguntas sobre los mecanismos de supervisión dentro de las instituciones encargadas de investigar delitos.
La Fiscalía de Sinaloa deberá continuar sus funciones mientras se define la titularidad de la Vicefiscalía General y se conoce el avance de las investigaciones correspondientes.
Dámaso Castro Saavedra dejó formalmente la Vicefiscalía de Sinaloa el 5 de noviembre de 2026, después de seis meses de licencia. Su salida fue confirmada públicamente el día 11, mientras permanecen sin resolución judicial definitiva, según la información consultada, los señalamientos estadounidenses que lo vinculan presuntamente con Los Chapitos.
