Periodista cierra su restaurante en Oaxaca tras ataque armado y amenazas de extorsión; le exigían 50 mil pesos para dejarlo trabajar
Oaxaca | Seguridad y libertad de expresión | 10 de noviembre de 2026
El periodista zapoteca José Ignacio Santiago Martínez, director del portal informativo Pluma Digital Noticias, anunció el cierre definitivo de su restaurante de mariscos Rockaway, ubicado en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, después de que el establecimiento fuera atacado a balazos por sujetos armados.
La decisión se produjo tras una serie de amenazas y presuntas extorsiones denunciadas por el comunicador, quien aseguró que integrantes de la delincuencia le exigían 50 mil pesos como pago de derecho de piso para permitirle continuar con sus actividades comerciales.
El ataque ocurrió la mañana del sábado 7 de noviembre, cuando dos hombres que viajaban en motocicleta dispararon contra la fachada del restaurante, localizado sobre la carretera Canal 33, en la colonia 19 de Marzo.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó la agresión e informó que no hubo personas lesionadas, debido a que el establecimiento se encontraba vacío al momento de los disparos.
Santiago Martínez relacionó el atentado con su negativa a pagar la extorsión y con las denuncias que ha difundido sobre el cobro de piso a comerciantes y otros habitantes del Istmo de Tehuantepec.
Aunque el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, acudió a reunirse con el periodista después de los hechos y ofreció respaldo institucional, el comunicador consideró que no existen condiciones suficientes para mantener abierto su negocio sin poner en riesgo a sus trabajadores y clientes.
El cierre ocurre pese a que Ignacio Santiago cuenta desde hace años con medidas de protección federal por amenazas y agresiones relacionadas con su actividad periodística.
Dos hombres en motocicleta dispararon contra el restaurante
De acuerdo con el testimonio del periodista, la agresión ocurrió durante las primeras horas del sábado 7 de noviembre.
Dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta llegaron hasta el restaurante Rockaway y realizaron múltiples disparos contra la fachada del inmueble antes de escapar.
El establecimiento se encuentra sobre la carretera que conecta Juchitán con El Espinal, a la altura del Canal 33.
Santiago Martínez informó que recibió una llamada de la Policía Municipal aproximadamente a las 5:50 de la mañana, en la que inicialmente le comunicaron que un establecimiento había sido atacado.
Minutos después, confirmó que se trataba de su propio restaurante.
Según su testimonio, la fachada recibió al menos 11 impactos de bala, presuntamente de calibre nueve milímetros.
El comunicador también señaló que personal de la Fiscalía le informó sobre indicios balísticos que podrían corresponder a una agresión anterior de la cual no había tenido conocimiento.
Sin embargo, la existencia de un ataque previo deberá ser esclarecida por las autoridades encargadas de la investigación.
La Fiscalía estatal confirmó que el inmueble se encontraba vacío cuando ocurrieron los disparos, por lo que no se registraron víctimas lesionadas.
Agentes de investigación y peritos acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recolectar indicios balísticos.
Le exigían 50 mil pesos como derecho de piso
Ignacio Santiago aseguró que las amenazas comenzaron meses antes del ataque.
De acuerdo con su testimonio, en julio recibió un video en el que presuntos integrantes de la delincuencia organizada le exigían el pago de 50 mil pesos para permitirle continuar operando su restaurante.
El periodista afirmó que rechazó entregar el dinero y presentó una denuncia ante las autoridades.
Posteriormente, comenzó a denunciar públicamente las extorsiones que, según los testimonios recibidos por su medio, afectan a comerciantes, transportistas y otros sectores económicos de Juchitán.
Tras el ataque, Santiago sostuvo que la agresión podría estar relacionada tanto con su negativa a pagar como con su trabajo informativo.
En declaraciones recogidas por Aristegui Noticias, el comunicador explicó que decidió alzar la voz después de recibir las exigencias económicas y que también había dado espacio a otras familias afectadas por el cobro de piso.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente la identidad de los responsables ni han confirmado de manera definitiva el móvil del ataque.
Por ello, la relación entre las amenazas anteriores y los disparos contra el restaurante continúa siendo una de las líneas que deberán esclarecerse mediante la investigación.
Anuncia cierre definitivo para proteger a empleados y clientes
Después de la agresión, el periodista anunció que Rockaway dejaría de operar de manera definitiva.
La decisión, explicó, responde a la falta de condiciones de seguridad para mantener abierto el establecimiento.
El negocio representaba una actividad económica adicional a su trabajo periodístico y proporcionaba empleo a otras personas.
Sin embargo, Santiago consideró que continuar atendiendo al público podría exponer a trabajadores y clientes a nuevas agresiones.
El cierre no fue presentado como una decisión comercial relacionada con falta de ventas o problemas administrativos, sino como una medida de protección ante las amenazas denunciadas.
Reportes locales también señalan que el periodista decidió trasladar a su familia fuera de Juchitán para reducir los riesgos.
A pesar de ello, manifestó su intención de permanecer en la región y continuar ejerciendo el periodismo.
El caso muestra una de las consecuencias económicas que pueden enfrentar las víctimas de extorsión: además de las amenazas directas, la inseguridad puede provocar el cierre de negocios, la pérdida de empleos y la interrupción de actividades productivas.
El periodista ya contaba con protección federal desde hace nueve años
Uno de los aspectos más relevantes del caso es que José Ignacio Santiago Martínez ya se encontraba incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El comunicador explicó que ingresó a este programa federal aproximadamente nueve años atrás, después de sufrir un atentado contra su vida.
Según su testimonio, desde hace alrededor de siete años cuenta con elementos de seguridad que se turnan para brindarle protección.
Pese a esas medidas, el ataque contra su restaurante volvió a colocar su seguridad en el centro de la preocupación pública.
Después de la agresión, personal del mecanismo federal estableció contacto con el periodista para analizar un posible reforzamiento de su esquema de protección.
La existencia de medidas de seguridad no implica que todos los riesgos puedan eliminarse, pero el nuevo atentado plantea la necesidad de revisar si la protección disponible corresponde a las amenazas actuales.
En este caso, las medidas también deben considerar la seguridad de su familia y las personas vinculadas con sus actividades profesionales.
Fiscalía de Oaxaca investiga el ataque como posible agresión a la libertad de expresión
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que inició una carpeta de investigación después de conocer los hechos.
Debido a que el propietario del restaurante ejerce el periodismo, la institución ordenó la participación de la Vicefiscalía Regional del Istmo y de áreas especializadas en delitos contra la libertad de expresión.
Los trabajos incluyeron el procesamiento del establecimiento, la recolección de indicios balísticos y la integración de elementos para identificar a los agresores.
La Fiscalía también informó que proporcionaría atención y acompañamiento a las víctimas.
La participación de unidades especializadas resulta relevante porque el ataque no debe analizarse únicamente como una agresión contra un establecimiento comercial.
También es necesario determinar si los responsables pretendían intimidar al periodista por las investigaciones y denuncias difundidas a través de Pluma Digital Noticias.
Hasta la información disponible este 10 de noviembre, no se habían anunciado detenciones relacionadas directamente con el atentado.
Gobernador de Oaxaca promete apoyo e investigación
El gobernador Salomón Jara Cruz se reunió con Ignacio Santiago después de la agresión.
Durante el encuentro, el mandatario estatal ofreció respaldo al comunicador y aseguró que las autoridades darían seguimiento a las investigaciones.
Jara también señaló que solicitó a la Fiscalía estatal esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Sin embargo, Santiago sostuvo que las extorsiones continúan afectando a comerciantes y habitantes de Juchitán, pese a los operativos de seguridad implementados en la región.
En una entrevista con Imagen Radio, el periodista formuló acusaciones sobre presuntos vínculos entre actores políticos y redes de cobro de piso.
Estas afirmaciones corresponden a denuncias del comunicador y no deben interpretarse como hechos judicialmente acreditados.
Cualquier posible participación de servidores públicos en actividades de extorsión deberá investigarse con pruebas y mediante los procedimientos legales correspondientes.
Juchitán enfrenta denuncias recurrentes de cobro de piso
El atentado ocurre en un contexto de preocupación por la extorsión en el Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con información publicada por La Jornada, Juchitán acumulaba más de 50 homicidios dolosos durante 2026 al momento del ataque.
La región también ha registrado denuncias de comerciantes y empresarios que aseguran haber recibido amenazas para entregar dinero a grupos delictivos.
El propio fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, reconoció recientemente que la extorsión representa uno de los problemas de seguridad que afectan a Juchitán y al Istmo.
Otro antecedente ocurrió en septiembre, cuando el diseñador juchiteco Elvis Guerra denunció que su domicilio fue atacado a balazos después de recibir amenazas relacionadas con una presunta extorsión.
Según la información difundida, dos personas fueron detenidas por ese caso.
Aunque ambos episodios presentan características semejantes, no existe información suficiente para afirmar que fueron cometidos por los mismos responsables.
Las autoridades deberán determinar si las agresiones forman parte de una estructura delictiva común o si corresponden a hechos independientes.
Periodistas del Istmo condenan la agresión y exigen justicia
La Alianza de Comunicadores del Istmo de Tehuantepec condenó el ataque contra José Ignacio Santiago Martínez y solicitó una investigación exhaustiva.
La organización consideró que la agresión no solamente pone en riesgo al propietario del restaurante, sino que también genera preocupación entre quienes ejercen el periodismo en la región.
Los comunicadores pidieron que las autoridades investiguen la posible relación entre el atentado y las publicaciones de Pluma Digital Noticias.
También solicitaron identificar tanto a los autores materiales como a las personas que pudieran haber ordenado el ataque.
Otra de las exigencias fue revisar y actualizar las medidas de protección para el periodista y su familia.
La organización destacó la importancia de garantizar que los comunicadores puedan investigar y difundir información sobre actividades delictivas sin enfrentar amenazas o represalias.
La agresión plantea un doble problema: extorsión y libertad de prensa
El caso de Ignacio Santiago reúne dos dimensiones que deben investigarse.
La primera corresponde a la extorsión denunciada contra su restaurante.
El cobro de piso consiste en exigir dinero mediante amenazas o violencia a cambio de permitir que una persona mantenga sus actividades comerciales.
Esta práctica puede afectar directamente la economía local, provocar cierres de negocios y generar desplazamiento de familias.
La segunda dimensión corresponde a la posible relación entre el ataque y el ejercicio periodístico.
Santiago no solamente denunció amenazas contra su propio establecimiento, sino que también publicó testimonios de otras personas que aseguran ser víctimas de extorsión.
Si la investigación demuestra que el atentado buscaba impedir o castigar esas publicaciones, existiría una afectación directa a la libertad de expresión.
Sin embargo, determinar esa motivación corresponde a las autoridades investigadoras y, en su caso, a los tribunales.
La protección del periodista y el esclarecimiento de los hechos son asuntos distintos, pero complementarios: las medidas preventivas buscan evitar nuevas agresiones, mientras que la investigación debe establecer responsabilidades.
Cierra su negocio, pero asegura que continuará informando
A pesar de las amenazas, el ataque armado y el cierre definitivo de su restaurante, José Ignacio Santiago Martínez afirmó que continuará ejerciendo el periodismo.
El comunicador decidió priorizar la seguridad de sus trabajadores, clientes y familiares, pero manifestó que no abandonará su labor informativa en Juchitán.
El caso ha provocado pronunciamientos de organizaciones periodísticas y nuevas exigencias para que las autoridades atiendan las denuncias de extorsión en el Istmo de Tehuantepec.
Mientras tanto, la Fiscalía de Oaxaca mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables de los disparos y determinar si la agresión está relacionada con las amenazas previas o con las publicaciones del periodista.
El cierre de Rockaway evidencia las consecuencias que pueden tener las amenazas de extorsión sobre las actividades económicas y plantea interrogantes sobre la eficacia de las medidas de protección cuando una persona ya ha denunciado riesgos contra su seguridad.
