Investigan presuntas irregularidades por más de 563 millones de pesos en el INE; Sheinbaum pide revisar a exfuncionarios ligados a Somos
Ciudad de México | Política, justicia y transparencia | 13 de noviembre de 2026
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) tiene bajo revisión dos expedientes relacionados con presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) por un monto conjunto superior a 563 millones de pesos, en procedimientos que involucran a antiguos funcionarios del organismo electoral que actualmente ocupan cargos dentro de la organización política Somos.
Entre los exfuncionarios mencionados en la investigación se encuentran Edmundo Jacobo Molina, quien fue secretario ejecutivo del INE; Roberto Heycher Cardiel Soto, exdirector ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y Ana Laura Martínez de Lara, quien encabezó la Dirección Ejecutiva de Administración.
Los expedientes fueron documentados por La Jornada a partir de información de la primera sala auxiliar en materia de responsabilidades administrativas graves del TFJA.
El primer caso corresponde a un convenio por 413.2 millones de pesos celebrado en 2017 para producir materiales destinados a las elecciones federales de 2018. Según la investigación, el INE habría entregado anticipadamente la totalidad del dinero antes de recibir los bienes y servicios.
El segundo expediente está relacionado con una licitación de aproximadamente 149.9 millones de pesos para construir una sede del organismo electoral en Nuevo León, donde presuntamente se permitió que una empresa completara documentación después de vencido el plazo establecido.
Tras la publicación de estos señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este viernes 13 de noviembre que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) determinen si corresponde ampliar las investigaciones sobre los antiguos funcionarios electorales.
La mandataria también cuestionó las liquidaciones millonarias recibidas por exintegrantes del INE y solicitó revisar las contrataciones de materiales electorales realizadas entre 2014 y 2025.
Aunque los expedientes describen posibles faltas administrativas graves, hasta el momento no existe una resolución definitiva que establezca la responsabilidad de todas las personas mencionadas.
Primer expediente: 413 millones de pesos pagados anticipadamente
Uno de los procedimientos tiene su origen en un convenio firmado el 30 de octubre de 2017 entre el INE y Talleres Gráficos de México.
El acuerdo contemplaba la impresión y distribución de boletas, materiales didácticos, gafetes y otros insumos necesarios para el proceso electoral federal de 2017-2018.
El monto contratado ascendía a 413.2 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente INE/OIC/INV/802/2024, consultado por La Jornada, el convenio establecía una aportación inicial equivalente al 100 por ciento de los recursos.
La autoridad investigadora considera que esa disposición pudo funcionar como un anticipo indebido, debido a que los lineamientos aplicables contemplaban un límite máximo del 50 por ciento.
El INE habría cubierto la totalidad del monto el 7 de diciembre de 2017.
Sin embargo, las primeras entregas de bienes y servicios comenzaron hasta el 20 de febrero de 2018.
Esto significa que, según la investigación, los recursos fueron desembolsados aproximadamente dos meses y medio antes de que se recibieran los primeros materiales.
La irregularidad señalada no consiste necesariamente en que los materiales electorales nunca hayan sido entregados, sino en las condiciones y el momento en que se autorizó el pago.
Investigan presunta simulación de recepción de materiales
Otro de los elementos señalados por el Órgano Interno de Control del INE es la posible utilización de formatos de recepción que no reflejaban las entregas efectivamente realizadas.
Según la investigación, estos documentos habrían permitido justificar administrativamente el desembolso anticipado de los 413.2 millones de pesos.
La autoridad considera que el mecanismo pudo vulnerar las disposiciones que regulaban la contratación y recepción de bienes y servicios.
En el procedimiento aparece mencionado Edmundo Jacobo Molina, quien entonces ejercía como secretario ejecutivo y representante legal del instituto.
También se identifica la participación de áreas encabezadas por Roberto Heycher Cardiel Soto, responsable de Capacitación Electoral y Educación Cívica durante ese periodo.
Actualmente, Cardiel Soto ocupa la Secretaría de Operación Electoral y Alianzas del Comité Nacional de Somos.
La investigación deberá determinar el alcance de la participación de cada exfuncionario y si las conductas señaladas constituyen faltas administrativas graves.
Segundo expediente: licitación por casi 150 millones de pesos en Nuevo León
El otro procedimiento corresponde a la licitación pública LP-INE-14/OP/2022, convocada para construir la sede de la Junta Local Ejecutiva del INE en Nuevo León.
El contrato fue adjudicado a Supervisora y Constructora Medina, S.A. de C.V., por aproximadamente 149.9 millones de pesos, sin incluir el impuesto al valor agregado.
La autoridad investigadora sostiene que la propuesta presentada por la constructora no cumplía inicialmente con todos los requisitos establecidos en la convocatoria.
En particular, la empresa habría omitido entregar oportunamente sus declaraciones provisionales del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado.
En su lugar, presentó los acuses de recibo correspondientes.
El periodo para presentar y abrir las propuestas había concluido el 22 de diciembre de 2022.
Sin embargo, el 31 de enero de 2023, funcionarios del INE solicitaron a la compañía aclarar la información mediante correo electrónico.
Ese mismo día, la constructora entregó las declaraciones fiscales completas.
Posteriormente, su propuesta fue considerada solvente y recibió la adjudicación.
Una aclaración por correo electrónico bajo cuestionamiento
La controversia gira en torno a si la documentación presentada después del cierre de la licitación podía aceptarse legalmente como una aclaración.
Según la autoridad investigadora, la empresa no se limitó a explicar información previamente entregada, sino que completó requisitos que debieron cumplirse dentro del plazo original.
Esto habría generado una posible ventaja frente a otros participantes que estaban obligados a presentar sus propuestas completas antes del cierre.
El procedimiento involucra a Ana Laura Martínez de Lara, quien se desempeñaba como directora ejecutiva de Administración del INE.
Actualmente ocupa la Secretaría de Administración y Finanzas del Comité Nacional de Somos.
El TFJA deberá determinar si la actuación de los servidores públicos vulneró las disposiciones aplicables y si existen responsabilidades administrativas.
La adjudicación de un contrato por 149.9 millones de pesos no significa que esa cantidad haya sido desviada o apropiada ilegalmente.
El monto corresponde al valor de la contratación cuyo procedimiento está bajo revisión.
¿Quiénes son los exfuncionarios mencionados?
Los expedientes incluyen a tres personas que ocuparon puestos relevantes en la estructura administrativa y electoral del INE.
Edmundo Jacobo Molina fue secretario ejecutivo del instituto durante varios años y participó en la administración del organismo durante la presidencia de Lorenzo Córdova.
Roberto Heycher Cardiel Soto encabezó la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, área vinculada con la preparación de los procesos electorales.
Ana Laura Martínez de Lara fue directora ejecutiva de Administración, responsable de funciones relacionadas con la gestión de recursos y procedimientos institucionales.
De acuerdo con La Jornada, Cardiel Soto y Martínez de Lara desempeñan actualmente responsabilidades dentro del Comité Nacional de Somos.
La vinculación política posterior de los exfuncionarios no demuestra por sí misma que la organización haya participado en las contrataciones investigadas.
Los procedimientos se relacionan con actuaciones administrativas realizadas durante sus anteriores cargos en el INE.
Sheinbaum pide que la FGR y la ASF revisen los casos
Durante su conferencia matutina del viernes 13 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la investigación publicada por La Jornada.
La mandataria consideró pertinente que la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República determinen si existen elementos para investigar a los antiguos funcionarios.
Al preguntársele específicamente por Edmundo Jacobo Molina, respondió que valía la pena revisar la información difundida.
Sheinbaum señaló que los problemas en las contrataciones del INE no deben atribuirse exclusivamente a la administración de Guadalupe Taddei.
Según su postura, existen antecedentes de irregularidades y concentración de proveedores que abarcan distintas administraciones del organismo electoral.
La presidenta insistió en que las autoridades fiscalizadoras deben examinar los contratos y determinar si se cometieron faltas administrativas o delitos.
Es importante distinguir este llamado de una orden judicial o una imputación penal.
La FGR debe valorar de manera independiente si existen elementos suficientes para iniciar o continuar investigaciones penales.
Cuestiona liquidaciones millonarias de Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo
Durante la misma conferencia, Sheinbaum criticó los pagos que recibieron antiguos funcionarios del INE al concluir sus encargos.
La presidenta mencionó liquidaciones de aproximadamente 11 millones de pesos para Lorenzo Córdova y superiores a 13 millones para Edmundo Jacobo Molina.
Cuestionó que esos montos fueran entregados a servidores públicos que, según sus declaraciones, ya percibían remuneraciones elevadas.
La mandataria reconoció que los pagos podrían haber estado previstos legalmente, pero expresó su desacuerdo con las cantidades.
Estas declaraciones corresponden a una valoración política de la presidenta.
La información consultada no incluye una resolución que determine que las liquidaciones mencionadas fueron ilegales.
Tampoco debe confundirse la controversia sobre esos pagos con los dos expedientes de contrataciones que actualmente analiza el TFJA.
Se trata de asuntos distintos, aunque fueron abordados durante la misma conferencia presidencial.
Piden revisar contrataciones electorales de 2014 a 2025
Además de los dos expedientes específicos, Sheinbaum solicitó que la ASF examine las contrataciones relacionadas con materiales electorales realizadas durante un periodo más amplio.
La revisión propuesta comprende contratos celebrados entre 2014 y 2025, tanto por el INE como por los organismos públicos locales electorales, conocidos como OPLE.
La presidenta sostuvo que durante años existió una concentración de contratos en determinadas empresas proveedoras.
También afirmó que algunas compañías habrían operado como intermediarias para adquirir materiales que no fabricaban directamente.
Estas declaraciones forman parte de los señalamientos del Ejecutivo federal y requieren ser contrastadas con los expedientes de contratación y los resultados de las auditorías.
La concentración de proveedores, por sí sola, no demuestra la comisión de un delito.
Para determinar irregularidades sería necesario revisar las condiciones de competencia, los procedimientos de adjudicación y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Señalamientos sobre empresas proveedoras y antiguos funcionarios
La presidenta también hizo referencia a personas que, según sus declaraciones, habrían tenido vínculos con antiguas estructuras gubernamentales y empresas proveedoras de materiales electorales.
Entre los nombres mencionados se encuentra Juan Carlos Padilla Aguilar, exsecretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, identificado por Sheinbaum como integrante de la estructura de Somos.
Asimismo, aludió a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas y a personas que habrían ocupado cargos dentro del INE antes de participar como representantes legales de proveedores.
La mandataria cuestionó la permanencia de estas relaciones durante distintas administraciones electorales.
Sin embargo, los señalamientos sobre posibles vínculos empresariales y políticos deben distinguirse de las responsabilidades específicas investigadas por el TFJA.
No se ha presentado una resolución definitiva que acredite que todas las personas o empresas mencionadas hayan participado en conductas ilícitas.
El INE enfrenta cuestionamientos rumbo a las elecciones de 2027
La revisión de contrataciones ocurre mientras el Instituto Nacional Electoral prepara los procedimientos necesarios para los comicios de 2027.
Sheinbaum destacó que los actuales consejeros electorales han impulsado nuevos lineamientos de licitación para modificar la forma en que se contratan materiales y servicios.
La mandataria consideró que una mayor competencia entre proveedores podría generar ahorros y reducir la concentración de adjudicaciones.
También planteó la importancia de fortalecer la participación de Talleres Gráficos de México en la producción de materiales electorales.
Sin embargo, cualquier modificación deberá cumplir con los requisitos legales y técnicos necesarios para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de los insumos.
Los procesos de contratación son especialmente relevantes porque involucran materiales utilizados en la organización y operación de las elecciones.
La transparencia en estas adquisiciones permite verificar el uso de recursos públicos y las condiciones bajo las cuales se seleccionan los proveedores.
¿Qué significa que el TFJA tenga dos expedientes abiertos?
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa conoce procedimientos relacionados con posibles responsabilidades administrativas graves de servidores públicos.
En los casos documentados, la autoridad investigadora señala posibles conductas contrarias a las disposiciones aplicables a las contrataciones del INE.
El tribunal deberá analizar las pruebas y argumentos de las partes antes de determinar si se cometieron faltas y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.
La apertura de un expediente no equivale a una sentencia condenatoria.
Tampoco significa que los 563 millones de pesos identificados hayan sido desviados.
La cantidad representa el valor conjunto de dos contrataciones cuestionadas por sus procedimientos administrativos.
En caso de que las autoridades encuentren elementos que puedan constituir delitos, corresponderá a las instancias ministeriales realizar las investigaciones penales.
Más de 563 millones en contratos bajo revisión
Los dos expedientes del TFJA vuelven a colocar bajo escrutinio las contrataciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral durante administraciones anteriores.
El primer procedimiento examina un pago anticipado por 413.2 millones de pesos para materiales electorales de 2018.
El segundo analiza una adjudicación por aproximadamente 149.9 millones de pesos para construir instalaciones del INE en Nuevo León.
Las investigaciones mencionan a antiguos funcionarios que posteriormente se incorporaron a la estructura política de Somos.
Ante la información difundida, Claudia Sheinbaum pidió que la FGR y la ASF valoren la necesidad de investigar y amplíen la revisión de contrataciones electorales.
Al cierre del 13 de noviembre de 2026, los procedimientos administrativos permanecían sujetos a resolución y no se había acreditado judicialmente que los 563 millones de pesos constituyeran recursos desviados. La responsabilidad de los exfuncionarios señalados deberá determinarse mediante los procesos legales correspondientes.
