Colectivo documenta 265 posibles feminicidios en Quintana Roo durante cinco años; acusa subregistro y falta de justicia
Cancún, Quintana Roo | Seguridad y derechos humanos | 10 de noviembre de 2026
El colectivo feminista Siempre Unidas informó que documentó 265 posibles feminicidios en Quintana Roo entre 2021 y 2025, una cifra que contrasta con los registros oficiales y que, de acuerdo con la organización, evidencia problemas en la clasificación de las muertes violentas de mujeres y en el acceso a la justicia.
Tania Ramírez, integrante de la colectiva con presencia en Playa del Carmen, explicó que los casos forman parte del denominado Informe Sombra de Feminicidios, elaborado mediante el seguimiento de noticias, reportes ciudadanos y documentación independiente.
El registro incluye asesinatos de mujeres adultas, niñas y mujeres trans, cuyos casos son analizados por la organización desde una perspectiva de violencia de género.
La activista señaló que la cifra no contempla los casos que puedan haberse registrado durante 2026, por lo que el balance corresponde exclusivamente al periodo de cinco años comprendido entre 2021 y 2025.
Además, Siempre Unidas reportó 379 casos de desaparición de mujeres y niñas entre 2022 y 2025, aunque uno de los medios consultados publicó una cifra distinta de 359. Esta discrepancia deberá aclararse con el registro original de la organización.
La colectiva también denunció retrasos en las investigaciones, insuficiencia de recursos para atender a las víctimas y una elevada carga de trabajo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo.
Los 265 casos documentados entre 2021 y 2025
El quinto Informe Sombra, presentado originalmente en marzo de 2026, permite conocer cómo se distribuyen los casos registrados por la organización.
En 2021 se documentaron 53 posibles feminicidios, mientras que en 2022 fueron 52.
Para 2023, la cifra aumentó a 63, el número más elevado del periodo analizado.
En 2024 se registraron 47 casos y en 2025 la organización contabilizó otros 50.
En conjunto, los cinco años suman 265 muertes violentas de mujeres documentadas por la colectiva como posibles feminicidios.
Esto equivale a un promedio de 53 casos anuales, aproximadamente uno por semana durante el periodo.
Sin embargo, es importante precisar que se trata de un registro independiente y no de 265 feminicidios acreditados mediante sentencias judiciales.
La organización considera que estos casos deben analizarse con perspectiva de género para determinar si reúnen los elementos legales del delito de feminicidio.
La diferencia con las cifras oficiales
Uno de los principales señalamientos de Siempre Unidas se refiere a la discrepancia entre sus registros y las estadísticas de las instituciones de seguridad.
De acuerdo con Noticaribe, la organización contrastó sus 265 casos documentados entre 2021 y 2025 con una cifra de 126 feminicidios registrados oficialmente desde 2015 hasta 2026, atribuida al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La diferencia es considerable, aunque ambos datos corresponden a periodos distintos y no deben utilizarse como si fueran mediciones directamente equivalentes.
Un contraste más específico aparece en los registros de 2025.
Durante ese año, Siempre Unidas documentó 50 muertes de mujeres consideradas posibles feminicidios, mientras que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo reportó 16 casos clasificados oficialmente bajo ese delito, según la información presentada por la organización.
La diferencia es de 34 casos, pero no demuestra por sí sola que todos ellos hayan sido clasificados incorrectamente.
Para determinarlo sería necesario revisar individualmente las carpetas de investigación, las circunstancias de cada muerte y los criterios jurídicos utilizados por las autoridades.
¿Por qué una muerte violenta de mujer puede no aparecer como feminicidio?
En México, el feminicidio es una figura penal que sanciona la privación de la vida de una mujer por razones de género.
Su identificación requiere investigar circunstancias específicas, como antecedentes de violencia, agresiones sexuales, amenazas, relaciones de poder u otros indicios establecidos en la legislación aplicable.
No toda muerte violenta de una mujer se registra automáticamente como feminicidio en las estadísticas penales.
Algunos hechos pueden clasificarse inicialmente como homicidio doloso, mientras que otros pueden requerir investigaciones para descartar accidentes o suicidios.
Sin embargo, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente los desarrollados en el caso de Mariana Lima Buendía, establecen la obligación de investigar las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género y debida diligencia.
Esto significa que las autoridades deben examinar las circunstancias de la muerte, preservar las pruebas y explorar posibles razones de género, sin descartar prematuramente esa hipótesis.
La obligación de investigar con perspectiva de género no implica que todas las muertes violentas deban terminar necesariamente clasificadas como feminicidios.
Para Siempre Unidas, el problema radica en que algunas investigaciones no agotan las diligencias necesarias antes de descartar esa posibilidad.
Denuncian muertes clasificadas como suicidios sin investigaciones suficientes
En su quinto Informe Sombra, la organización señaló que ha identificado casos de mujeres cuyas muertes fueron clasificadas como suicidios sin que, a su juicio, se realizaran investigaciones exhaustivas.
También cuestionó que determinados asesinatos atribuidos al crimen organizado puedan quedar registrados como homicidios sin analizar suficientemente posibles razones de género.
Las activistas sostienen que la participación de grupos criminales no excluye automáticamente la posibilidad de que una muerte constituya feminicidio.
En ese sentido, consideran necesario examinar las circunstancias específicas de cada caso, incluida la existencia de violencia sexual, amenazas, explotación o dinámicas de sometimiento.
Estas observaciones representan cuestionamientos de la organización a los procedimientos de investigación.
No constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de que todas las carpetas señaladas hayan sido integradas de manera incorrecta.
Colectivo también registra desapariciones de mujeres y niñas
Además de los casos de violencia feminicida, Siempre Unidas mantiene un seguimiento de desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes.
La organización comenzó a documentar estos hechos en 2022.
Según Noticaribe y Faro Noticias, el registro acumuló 379 casos hasta el cierre de 2025.
Por su parte, Quintana Roo Hoy publicó una cifra de 359 reportes para el mismo periodo.
Los artículos no explican la diferencia de 20 casos, por lo que no es posible determinar si responde a una actualización, un error de transcripción o una metodología distinta.
En cualquier caso, estas cifras corresponden al seguimiento de la colectiva y no deben confundirse automáticamente con el número oficial de personas que permanecen desaparecidas.
Un reporte de desaparición no implica necesariamente que la persona continúe sin ser localizada.
Para establecer cuántas mujeres permanecen desaparecidas sería necesario conocer el estado actualizado de cada registro.
Familias enfrentan esperas de hasta cinco meses para nuevas audiencias
Tania Ramírez también cuestionó la duración de los procedimientos judiciales relacionados con la violencia contra las mujeres.
De acuerdo con su testimonio, algunas audiencias son programadas con intervalos de cuatro o cinco meses, lo que prolonga la espera de las familias.
La activista afirmó que ciertos expedientes reciben mayor atención cuando las víctimas o sus familiares recurren a la presión pública.
Esta situación, sostuvo, obliga a las familias a insistir constantemente para obtener información sobre sus casos y conocer el avance de las investigaciones.
Los retrasos pueden responder a distintas circunstancias procesales, por lo que no es posible atribuir todos ellos a una misma causa sin revisar los expedientes.
Sin embargo, la organización considera que la frecuencia de estas esperas refleja dificultades estructurales en la atención a víctimas.
También señaló que los procesos prolongados pueden aumentar el desgaste emocional y económico de las familias que buscan justicia.
Señalan saturación en la Comisión de Atención a Víctimas
Otro de los problemas denunciados por Siempre Unidas corresponde al funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo, conocida como Ceaveqroo.
Según Ramírez, la institución enfrenta una carga de trabajo elevada, con numerosos expedientes y una cantidad insuficiente de asesores jurídicos.
La activista explicó que esta situación dificulta la revisión de carpetas de investigación y el seguimiento de diligencias pendientes.
También señaló que los cambios de asesores pueden provocar nuevas demoras, porque las familias deben esperar la asignación de otro profesional que conozca sus expedientes.
La organización considera que estos problemas afectan la continuidad del acompañamiento jurídico.
No obstante, los reportes consultados no incluyen un balance institucional actualizado sobre el número de asesores, expedientes activos o tiempos promedio de atención.
Por ello, la magnitud exacta de la saturación señalada deberá contrastarse con información administrativa de la propia comisión.
Cuestionan la falta de recursos para prevenir la violencia
Siempre Unidas también criticó la distribución de recursos destinados a prevenir la violencia contra las mujeres y atender a quienes ya han sido víctimas.
Tania Ramírez sostuvo que las acciones anunciadas por las autoridades no se reflejan suficientemente en el acompañamiento que reciben las familias.
Desde la perspectiva de la organización, es necesario fortalecer los servicios de atención psicológica, asesoría jurídica, protección y seguimiento de denuncias.
La activista también pidió que las instituciones incorporen de manera efectiva la perspectiva de género en las investigaciones.
Aunque las declaraciones reflejan inconformidad con la atención institucional, los reportes no proporcionan cifras presupuestales que permitan calcular cuánto dinero se destina actualmente a estas áreas o cómo ha cambiado el gasto en los últimos años.
Una evaluación completa requeriría revisar los presupuestos aprobados, los recursos ejercidos y los resultados de los programas de prevención y atención.
Quintana Roo: entre la imagen turística y las denuncias de violencia
Durante su pronunciamiento, Ramírez también hizo referencia al contraste entre la promoción turística de Quintana Roo y las experiencias de inseguridad que describen numerosas mujeres.
La activista señaló que, mientras el estado se presenta internacionalmente como un destino turístico, hay habitantes que expresan temor al caminar solas, utilizar el transporte público o regresar a sus hogares.
También mencionó las dificultades que enfrentan algunas mujeres cuando deciden denunciar agresiones.
Estas preocupaciones forman parte de los testimonios y del trabajo de acompañamiento de la organización.
No representan una medición estadística de la percepción de inseguridad de todas las mujeres de Quintana Roo.
Sin embargo, muestran la necesidad de considerar la seguridad cotidiana de las residentes junto con las políticas de desarrollo económico y promoción turística.
Una exigencia que continúa después de seis años de movilizaciones
Siempre Unidas recordó que las movilizaciones feministas en Quintana Roo han mantenido durante años la exigencia de investigaciones efectivas y protección para las mujeres.
Tania Ramírez señaló que, pese al tiempo transcurrido, las familias siguen enfrentando dificultades para obtener respuestas.
La colectiva reiteró que continuará documentando muertes violentas, desapariciones y otras agresiones, además de acompañar a víctimas de violencia familiar y sexual.
El quinto Informe Sombra, publicado en marzo de 2026 y retomado en los reportes de este 10 de noviembre, forma parte de ese esfuerzo de seguimiento independiente.
La organización busca que sus registros permitan identificar posibles casos omitidos en las estadísticas oficiales y promover una revisión de las investigaciones.
¿Qué falta para esclarecer la diferencia entre los registros?
El contraste entre las cifras de Siempre Unidas y los datos oficiales plantea la necesidad de comparar los casos individualmente.
Para establecer cuántos posibles feminicidios fueron investigados bajo otra clasificación sería necesario identificar las carpetas correspondientes, conocer las diligencias realizadas y revisar sus resultados.
También sería importante distinguir entre víctimas, investigaciones iniciadas, delitos registrados y sentencias, ya que cada indicador mide aspectos diferentes del sistema de justicia.
El registro independiente puede servir como una herramienta para señalar casos que requieren revisión, mientras que las estadísticas oficiales permiten conocer cómo fueron clasificados los delitos por las instituciones.
Ninguna de estas fuentes, considerada aisladamente, permite determinar todas las circunstancias de cada muerte.
La principal exigencia de Siempre Unidas es que las muertes violentas de mujeres sean investigadas exhaustivamente y que las familias reciban atención y acceso efectivo a la justicia. Los 265 casos documentados entre 2021 y 2025 reflejan la dimensión del problema que la organización busca visibilizar, aunque su clasificación penal definitiva requiere el análisis individual de cada expediente.
