UIF desbloquea dos cuentas de Rubén Rocha Moya por orden judicial; exgobernador de Sinaloa podrá cobrar tres pensiones
Ciudad de México | Política, justicia y seguridad | 13 de noviembre de 2026
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó este viernes el desbloqueo parcial de dos cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, quien enfrenta acusaciones de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La medida fue ejecutada el pasado 5 de noviembre, en cumplimiento de una suspensión provisional concedida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
La resolución permite que el exmandatario acceda únicamente a los recursos correspondientes a tres pensiones provenientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Sin embargo, el desbloqueo no comprende la totalidad de sus cuentas ni representa el cierre de las investigaciones relacionadas con el político sinaloense.
La UIF precisó que el resto de sus recursos financieros continuará sujeto a restricciones mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.
La decisión ocurre aproximadamente seis meses después de que el organismo federal ordenara inmovilizar sus cuentas, tras conocerse acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre Rocha Moya y una facción del Cártel de Sinaloa.
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¿Por qué la UIF desbloqueó las cuentas de Rocha Moya?
La liberación parcial de los recursos no fue una decisión discrecional de la autoridad financiera, sino el cumplimiento de una resolución judicial.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa concedió una suspensión provisional a favor de Rocha Moya después de que sus abogados impugnaran su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas.
Los magistrados determinaron que debía protegerse el acceso a determinados ingresos provenientes de pensiones y jubilaciones.
La UIF explicó que la resolución se fundamenta en el principio de inembargabilidad de las pensiones, que establece protecciones legales especiales para este tipo de recursos.
Por ello, el organismo permitió que el exgobernador dispusiera de los depósitos expresamente contemplados en la resolución.
La dependencia subrayó que la medida no equivale a una autorización general para utilizar todos sus activos financieros.
¿Cuáles son las tres pensiones que podrá cobrar?
Las dos cuentas liberadas concentran prestaciones económicas de tres instituciones.
La primera recibe una pensión por viudez del ISSSTE y otra por cesantía en edad avanzada del IMSS.
La segunda está destinada a los pagos de jubilación que Rocha Moya recibe de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde desarrolló parte de su trayectoria profesional como académico.
La autorización judicial permite disponer de estos ingresos protegidos, pero no elimina las restricciones sobre otros recursos.
Hasta los reportes disponibles, no se habían difundido públicamente los montos mensuales de las tres pensiones ni los saldos de las cuentas desbloqueadas.
Por lo tanto, no es posible establecer cuánto dinero recuperó efectivamente el exgobernador.
Las cuentas permanecían congeladas desde mayo de 2026
El bloqueo financiero comenzó en mayo de 2026, después de que autoridades estadounidenses revelaran acusaciones contra Rocha Moya y otros políticos y exfuncionarios de Sinaloa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos había informado el 29 de abril sobre un proceso penal relacionado con presuntas operaciones de narcotráfico.
Entre los señalamientos se encuentran supuestos vínculos con integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa asociada con los hijos de Joaquín Guzmán Loera.
A raíz de estos acontecimientos, el sistema financiero mexicano emitió alertas que derivaron en la intervención preventiva de la UIF.
El organismo incorporó al entonces gobernador a su Lista de Personas Bloqueadas el 18 de mayo.
Esta medida restringió el acceso a sus recursos bancarios mientras se analizaban los señalamientos y procedimientos correspondientes.
El bloqueo preventivo no equivale por sí mismo a una sentencia condenatoria.
Rocha Moya impugnó la decisión de Hacienda
Después de que sus cuentas fueron inmovilizadas, el exmandatario inició procedimientos legales para solicitar la revisión de la medida.
Primero ejerció su derecho de audiencia ante las autoridades financieras.
Sin embargo, el 4 de agosto de 2026 la UIF rechazó retirarlo de la Lista de Personas Bloqueadas.
Ante esa respuesta, sus representantes promovieron un juicio ante la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Aunque el procedimiento principal continúa en desarrollo, los magistrados concedieron una medida cautelar que permitió liberar las dos cuentas destinadas a recibir sus pensiones.
La resolución fue comunicada a las instituciones financieras mediante el acuerdo UIF 110/K/6246/2026.
De acuerdo con los reportes periodísticos, el levantamiento parcial del bloqueo se realizó el 5 de noviembre, aunque la confirmación pública de Hacienda se conoció este viernes 13.
¿Qué relación tiene el caso con Los Chapitos?
El origen de las restricciones financieras se encuentra en acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
Según los antecedentes del caso, una corte federal de Nueva York emitió órdenes de aprehensión relacionadas con presuntas actividades de tráfico de drogas y otros delitos.
Las autoridades estadounidenses atribuyen al exgobernador una supuesta colaboración con integrantes de la facción conocida como Los Chapitos, entre ellos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.
Las imputaciones incluyen presuntas conspiraciones vinculadas con el tráfico de fentanilo y otras sustancias hacia Estados Unidos.
Rocha Moya ha rechazado los señalamientos en su contra.
Es importante distinguir que se trata de acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses, no de hechos acreditados mediante una sentencia condenatoria.
La decisión de desbloquear parcialmente sus cuentas tampoco determina la validez o invalidez de esas imputaciones.
El exgobernador se separó del cargo durante la controversia
Las acusaciones estadounidenses tuvieron repercusiones en la situación política de Sinaloa.
Rocha Moya solicitó licencia temporal a la gubernatura el 1 de mayo de 2026, poco después de conocerse el proceso penal.
Posteriormente, en agosto, se reincorporó brevemente a sus funciones.
Sin embargo, volvió a solicitar licencia indefinida y el Congreso de Sinaloa aprobó su separación del cargo el 23 de agosto.
Desde entonces, los procedimientos relacionados con sus cuentas y las acusaciones estadounidenses han continuado por vías independientes.
Algunas coberturas de este viernes todavía lo identifican como gobernador con licencia, mientras otras utilizan la denominación de exgobernador.
En cualquier caso, la resolución financiera no modifica por sí misma su situación política ni representa una restitución al cargo.
La investigación en México continúa
Además del proceso estadounidense, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación relacionada con los señalamientos contra el exmandatario.
Según los antecedentes publicados, las autoridades mexicanas han evaluado la información disponible y los elementos necesarios para determinar posibles actuaciones judiciales.
Hasta ahora, las fuentes consultadas no documentan una sentencia condenatoria contra Rocha Moya.
Tampoco señalan que la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa haya cancelado las investigaciones.
La suspensión concedida se limita a proteger el acceso a determinados ingresos pensionarios mientras continúa la controversia sobre el bloqueo financiero.
Por ello, no debe interpretarse como una declaración de inocencia ni como una confirmación de culpabilidad.
Hacienda aclara que el desbloqueo no es total
En su posicionamiento de este viernes, la Secretaría de Hacienda explicó que la UIF actuó en cumplimiento de la determinación judicial.
La dependencia sostuvo que mantendrá el respeto al debido proceso, las garantías de audiencia y las resoluciones de los tribunales.
Al mismo tiempo, reiteró su compromiso con las acciones destinadas a prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La aclaración principal es que los recursos ajenos a las pensiones autorizadas permanecerán restringidos.
Esto significa que Rocha Moya no recuperó el control general de sus cuentas bancarias ni fue retirado automáticamente de la Lista de Personas Bloqueadas.
El alcance de la medida está limitado por las condiciones establecidas en la suspensión provisional.
¿Qué sigue en el caso de Rubén Rocha Moya?
El juicio promovido contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas continúa pendiente de una resolución definitiva.
En ese procedimiento, el tribunal deberá analizar los argumentos presentados por la defensa y las razones expuestas por la autoridad financiera.
La suspensión provisional permite que el exgobernador disponga de sus ingresos pensionarios durante la etapa correspondiente del litigio.
Sin embargo, el resultado final del juicio podría modificar el alcance de las restricciones financieras.
De manera independiente, las investigaciones relacionadas con los señalamientos de narcotráfico deberán seguir sus propios procedimientos.
No se ha informado una fecha definitiva para la conclusión de estos procesos.
Recupera sus pensiones, pero no el control de todo su dinero
El desbloqueo de dos cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya representa una modificación limitada de las restricciones financieras impuestas desde mayo.
La UIF cumplió una resolución judicial que protege el acceso a tres pensiones del exgobernador, provenientes del IMSS, ISSSTE y la Universidad Autónoma de Sinaloa.
No obstante, otros recursos permanecen congelados y los procedimientos legales relacionados con el político continúan abiertos.
Al 13 de noviembre de 2026, estaba confirmado el desbloqueo parcial de dos cuentas destinadas a pensiones. No existía una resolución que ordenara liberar todo su patrimonio financiero ni una sentencia que resolviera definitivamente las acusaciones en su contra.
