La tranquilidad de la Laguna de los Siete Colores vuelve a verse interrumpida, pero esta vez no por el oleaje, sino por los tribunales. Un juez federal ha reactivado el juicio de amparo que busca frenar la construcción de una casa militar de descanso en Bacalar, un proyecto a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que ha estado bajo la lupa por su impacto ambiental. El contexto importa, pues el predio en cuestión se ubica en una zona de alta fragilidad ecológica donde el desarrollo urbano suele chocar de frente con la conservación.
DESARROLLO
El recurso legal, promovido originalmente por organizaciones civiles y ciudadanos preocupados por el ecosistema lagunar, acusa que la obra carece de estudios de impacto ambiental sólidos y pone en riesgo los estromatolitos, esos organismos milenarios que son el tesoro más delicado de Bacalar. La reactivación del caso ocurre tras un periodo de pausa procesal, devolviendo la incertidumbre a una edificación que ya muestra avances significativos.
Como si hiciera falta recordarlo, la presencia de las fuerzas armadas en tareas de construcción civil en Quintana Roo ha sido la constante del sexenio, pero en este rincón del sur del estado, la bota militar ha pisado un terreno pantanoso en términos legales. La Sedena sostiene que el proyecto cumple con los lineamientos necesarios, aunque la explicación oficial deja preguntas sobre cómo se garantizará el vertido cero de aguas residuales en una cuenca tan sensible.
El ritmo de la obra ha sido acelerado, una característica distintiva de los proyectos de ingeniería militar recientes. Sin embargo, los demandantes insisten en que el derecho a un medio ambiente sano debe prevalecer sobre las instalaciones recreativas para el personal castrense. No es exactamente una sorpresa que el desarrollo turístico-militar genere estas fricciones, especialmente cuando se trata de “predios privilegiados” con vista a la laguna.




















































