Detienen en Colombia a juez mexicano acusado de recibir 2 millones de dólares para liberar a presunto narcotraficante vinculado con exatleta olímpico
Un juez mexicano fue detenido en Colombia después de que autoridades de Estados Unidos lo acusaran de recibir un soborno de dos millones de dólares a cambio de ordenar la liberación de un presunto narcotraficante canadiense, identificado como uno de los principales operadores de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína.
El detenido fue identificado como Luis Benítez Alcántara, de 49 años, quien se desempeñaba como juez de distrito en Ciudad de México cuando supervisó el procedimiento de extradición de Andrew Clark, ciudadano canadiense señalado por las autoridades estadounidenses como presunto segundo al mando de una red criminal atribuida al exdeportista olímpico Ryan Wedding.
De acuerdo con información difundida este jueves 5 de noviembre por Reuters, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Benítez fue arrestado el domingo 1 de noviembre en territorio colombiano.
El funcionario judicial enfrenta una acusación federal integrada por nueve cargos relacionados con su presunta participación como encubridor después de la comisión de delitos.
Las autoridades estadounidenses solicitarán su extradición desde Colombia para que comparezca ante la justicia de ese país.
Hasta el momento, las acusaciones no constituyen una sentencia condenatoria y el juez conserva su derecho a la presunción de inocencia.
El juez habría recibido 2 millones de dólares para liberar a Andrew Clark
Según la acusación presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, Benítez Alcántara estaba a cargo del procedimiento judicial relacionado con la extradición de Andrew Clark, quien había sido detenido en México en octubre de 2024.
Clark era requerido por las autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico internacional de drogas y vinculada con varios homicidios.
La investigación sostiene que el canadiense negoció el pago de aproximadamente dos millones de dólares al juez mexicano para obtener su libertad.
El dinero habría sido transferido mediante intermediarios.
De acuerdo con los fiscales estadounidenses, el 24 de febrero de 2025, fecha en la que presuntamente se completó el pago, Benítez concedió una medida de libertad bajo fianza y ordenó la liberación del acusado.
La coincidencia entre el supuesto pago y la decisión judicial constituye uno de los elementos centrales de la acusación.
Sin embargo, corresponde a los tribunales determinar si existió el soborno y si la resolución fue emitida como consecuencia de ese presunto beneficio económico.
El presunto narcotraficante fue recapturado días después
La liberación de Andrew Clark no puso fin a los procedimientos en su contra.
Según el Departamento de Justicia, el ciudadano canadiense fue detenido nuevamente pocos días después de haber recuperado su libertad.
Posteriormente fue trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y homicidio.
Su proceso penal continúa pendiente de resolución.
Las autoridades estadounidenses lo identifican como uno de los principales integrantes de una organización criminal internacional que presuntamente operaba bajo las órdenes de Ryan Wedding.
Clark, de 36 años, habría participado en la coordinación del transporte de cocaína desde México hacia territorio estadounidense y posteriormente a Canadá.
La investigación también lo vincula con órdenes para cometer homicidios relacionados con las actividades de la organización.
Estas imputaciones todavía deben ser acreditadas judicialmente.
¿Quién es Ryan Wedding, el exatleta olímpico señalado como líder criminal?
Ryan Wedding es un ciudadano canadiense que participó como snowboarder en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002.
Después de su trayectoria deportiva, las autoridades estadounidenses comenzaron a investigarlo por su presunta participación en una red internacional de narcotráfico.
El FBI llegó a incluirlo entre sus diez fugitivos más buscados.
Los investigadores sostienen que Wedding dirigía una organización dedicada a movilizar grandes cantidades de cocaína desde América Latina hacia Estados Unidos y Canadá.
De acuerdo con la acusación, la droga era transportada desde México hasta Los Ángeles, California, donde permanecía almacenada antes de continuar su recorrido hacia Canadá mediante camiones de carga.
La organización también habría estado relacionada con diversos homicidios y otros actos de violencia vinculados con disputas del narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses describieron el negocio ilícito como una operación de miles de millones de dólares.
No obstante, esa valoración corresponde a las estimaciones de los investigadores y no a una cantidad establecida mediante sentencia.
Wedding fue capturado en México en enero de 2026
El exatleta olímpico fue detenido en México durante enero de 2026 y posteriormente trasladado a California para enfrentar a la justicia estadounidense.
Wedding se declaró no culpable de 17 cargos federales relacionados con narcotráfico, homicidio y otros delitos.
Su situación jurídica permanece pendiente de resolución.
De acuerdo con Reuters, tiene programados dos juicios para 2027.
El primero está previsto para el 31 de marzo y el segundo para el 26 de octubre.
Las autoridades estadounidenses han realizado numerosas detenciones relacionadas con la presunta organización criminal.
Durante las investigaciones también fueron aseguradas drogas, armas, dinero en efectivo, vehículos, motocicletas, obras de arte y otros bienes de alto valor.
El caso del juez mexicano se incorpora a esas investigaciones, aunque constituye un procedimiento penal distinto del que enfrentan Wedding y Clark.
Nueve cargos federales contra el juez mexicano
Luis Benítez Alcántara enfrenta una acusación formal emitida por un gran jurado federal estadounidense.
El Departamento de Justicia informó que se le atribuyen nueve cargos por su presunta participación como encubridor después de la comisión de delitos.
Según Reuters, si fuera declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión por cada cargo.
Esto no significa que exista una condena ni que necesariamente se le impondría la suma de las penas máximas.
La eventual sentencia dependería de los cargos acreditados, las normas federales aplicables y las decisiones del tribunal competente.
Las autoridades estadounidenses consideran que el presunto soborno permitió temporalmente la liberación de una persona requerida por delitos graves.
Por esa razón, el caso se investiga dentro de un procedimiento relacionado con la protección de presuntos integrantes de una organización criminal internacional.
Fue arrestado durante un viaje personal a Colombia
La detención de Benítez Alcántara se realizó el domingo 1 de noviembre en Colombia.
Ciaran McEvoy, portavoz de la Fiscalía federal en Los Ángeles, explicó a Associated Press que el juez mexicano se encontraba en ese país por motivos personales.
Las autoridades estadounidenses anunciaron que solicitarán formalmente su extradición.
Ese procedimiento deberá tramitarse conforme a los mecanismos legales aplicables entre Colombia y Estados Unidos.
La detención en territorio colombiano no significa que el acusado ya haya sido trasladado a una prisión estadounidense.
Tampoco implica que haya comenzado el juicio en su contra.
La extradición deberá resolverse mediante las autoridades competentes y los procedimientos correspondientes.
Hasta este jueves, los reportes consultados no confirmaban si Benítez Alcántara contaba con un abogado que hubiera emitido una respuesta pública a las acusaciones.
Departamento de Justicia advierte sobre funcionarios que colaboren con narcotraficantes
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, se pronunció sobre la detención del juez mexicano.
El funcionario sostuvo que las autoridades estadounidenses buscarán procesar a servidores públicos que presuntamente faciliten las actividades de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
La declaración se produjo al anunciar los cargos contra Benítez Alcántara.
El Departamento de Justicia considera que la supuesta liberación de Andrew Clark pudo haber favorecido temporalmente a una persona investigada por delitos relacionados con el tráfico internacional de cocaína y homicidios.
Sin embargo, la existencia de una acusación estadounidense no sustituye la necesidad de demostrar los hechos ante un tribunal.
La investigación deberá acreditar tanto la entrega del dinero como la participación del juez y su relación con la decisión judicial cuestionada.
Autoridades judiciales mexicanas no habían respondido a las acusaciones
Reuters informó que las autoridades judiciales federales mexicanas no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la detención.
El propio Benítez Alcántara tampoco pudo ser localizado para obtener su versión.
Por ello, hasta la publicación de la información no se contaba con una postura pública de la defensa ni con una explicación oficial mexicana sobre la resolución judicial de febrero de 2025.
La falta de una respuesta inmediata no constituye una admisión de responsabilidad.
El procedimiento estadounidense deberá establecer si los hechos señalados por los fiscales pueden probarse y si las acciones del juez configuraron los delitos imputados.
El caso expone una investigación judicial que involucra a tres países
La detención de Benítez Alcántara incorpora un nuevo componente internacional a la investigación contra la presunta red criminal atribuida a Ryan Wedding.
Los hechos investigados involucran a México, donde se desarrolló el procedimiento de extradición de Andrew Clark; Colombia, donde fue detenido el juez; y Estados Unidos, país que presentó los cargos y solicitará su entrega.
El expediente también mantiene conexiones con Canadá, nacionalidad de los principales acusados de encabezar la organización.
La cooperación entre las autoridades será fundamental para obtener documentos, testimonios y registros financieros que permitan esclarecer el supuesto pago.
Por ahora, el dato central confirmado es que un juez mexicano fue detenido en Colombia y enfrenta una acusación federal estadounidense por presuntamente facilitar, mediante un soborno de dos millones de dólares, la liberación de un acusado de narcotráfico.
La responsabilidad penal del funcionario y las circunstancias de la supuesta operación deberán resolverse en los tribunales.
La acusación también señala transferencias por 2.75 millones de dólares
Un dato adicional del comunicado oficial del Departamento de Justicia es que, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Andrew Clark habría transferido aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y operaciones fraccionadas para conseguir su liberación.
De esa cantidad, los fiscales estadounidenses atribuyen aproximadamente dos millones de dólares al presunto soborno negociado con el juez Benítez Alcántara.
La acusación fue presentada en una versión ampliada el 4 de septiembre de 2026. En la investigación participaron el FBI, la Policía de Los Ángeles, la Real Policía Montada de Canadá y autoridades colombianas.
