El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, confirmó que permanece bajo el beneficio de prisión domiciliaria en su residencia de Chetumal, mientras continúa el proceso legal relacionado con el amparo que busca impedir su regreso a un centro penitenciario federal para concluir su sentencia por delitos contra la salud.
La situación jurídica del exmandatario vuelve a colocarse bajo revisión, luego de que un juez de ejecución penal considerara que actualmente no existen condiciones excepcionales que justifiquen la continuidad de este beneficio. Sin embargo, Villanueva Madrid señaló que el recurso de amparo aún está en proceso, lo que le permite permanecer en su domicilio mientras se resuelve de manera definitiva su situación.
Villanueva fue trasladado a prisión domiciliaria en junio de 2020, en el contexto de la pandemia por COVID-19, debido a su condición de salud vulnerable, ya que padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Este beneficio fue otorgado como una medida preventiva ante el riesgo sanitario que implicaba su permanencia en un penal federal.
Con el fin de la emergencia sanitaria, las autoridades federales retomaron el proceso judicial para determinar su posible traslado al Centro Federal de Reinserción Social ubicado en el estado de Morelos, donde debería concluir la sentencia de 36 años de prisión que le fue impuesta.
El exgobernador indicó que continúa a la espera de que el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República resuelvan su situación conforme a derecho, y reiteró que su objetivo es obtener la libertad condicionada, argumentando que ya ha cumplido más de la mitad de su condena, condición que, según afirmó, ya fue reconocida por un juez, aunque falta la audiencia correspondiente para formalizar la resolución.
Villanueva también expresó su inconformidad con las acciones de la Fiscalía General de la República, al considerar que continúan actuando en su contra, pese a los recursos legales que ha promovido.
Por ahora, la definición sobre su permanencia en prisión domiciliaria o su eventual traslado a un penal federal dependerá del resultado de los recursos legales en curso, en un caso que sigue siendo uno de los más emblemáticos en la historia política y judicial de Quintana Roo.
