Trabajadores del Poder Judicial protestan en 17 estados por temor a despidos; autoridades acuerdan modificar evaluaciones y reanudar labores
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) realizaron paros, bloqueos y manifestaciones en la Ciudad de México y al menos 17 estados del país para rechazar un nuevo sistema de evaluación del desempeño que, según denunciaron, podría afectar su estabilidad laboral y abrir la puerta a separaciones injustificadas del cargo.
Las protestas comenzaron el viernes 6 de noviembre, después de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicara un acuerdo que regula las evaluaciones de secretarios, actuarios, oficiales judiciales y otros integrantes de la carrera judicial.
Aunque el organismo aseguró desde el principio que los exámenes programados para diciembre de 2026 tendrían únicamente fines de diagnóstico y no provocarían despidos, los trabajadores cuestionaron los criterios del nuevo esquema y sus posibles consecuencias en evaluaciones posteriores.
Las movilizaciones alcanzaron instalaciones judiciales de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y otras entidades.
Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió en Durango, donde el titular del OAJ, Néstor Vargas Solano, cayó al suelo durante un forcejeo con manifestantes que exigían dialogar con él.
El conflicto registró un avance este sábado 7 de noviembre, cuando representantes sindicales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el OAJ alcanzaron acuerdos para modificar las disposiciones cuestionadas.
Según la información difundida después de la reunión, las autoridades aceptaron eliminar referencias que pudieran interpretarse como sancionatorias, retirar determinadas evaluaciones extraordinarias y revisar criterios considerados subjetivos.
Los trabajadores anunciaron que reanudarán sus actividades normales el lunes 9 de noviembre.
¿Por qué comenzaron las protestas?
El conflicto surgió tras la publicación del Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 en el Diario Oficial de la Federación, el jueves 5 de noviembre.
El documento establece un nuevo procedimiento para evaluar el desempeño del personal de carrera judicial.
La medida forma parte de los cambios administrativos relacionados con la reforma al Poder Judicial y contempla mecanismos para revisar conocimientos, competencias y desempeño profesional.
Sin embargo, los trabajadores denunciaron que algunas disposiciones podrían generar incertidumbre sobre su permanencia laboral.
Entre sus preocupaciones destacaba que parte de la calificación dependiera de valoraciones realizadas por superiores jerárquicos, lo que, desde su perspectiva, podía dar lugar a decisiones subjetivas.
También cuestionaron que el sistema contemplara evaluaciones extraordinarias y consecuencias para quienes obtuvieran resultados insuficientes en ejercicios posteriores.
Las organizaciones sindicales insistieron en que no se oponen a la capacitación ni a la evaluación profesional, sino a los mecanismos que consideran capaces de afectar derechos laborales previamente adquiridos.
Bloqueos y suspensión de actividades en distintas entidades
Desde las primeras horas del viernes, trabajadores sindicalizados comenzaron a cerrar instalaciones judiciales y organizar manifestaciones.
En la Ciudad de México se registraron concentraciones en al menos tres puntos: avenida Insurgentes, Periférico Sur y el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro.
En esta última sede, los manifestantes colocaron cadenas en los accesos para impedir el ingreso habitual a las instalaciones.
También se reportaron movilizaciones en Coahuila, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Guerrero, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, entre otras entidades.
La magnitud de las afectaciones fue distinta en cada sede.
Mientras algunos grupos realizaron cierres y suspensiones de labores, otros organizaron protestas simbólicas y mantuvieron guardias para atender asuntos urgentes.
Por ello, aunque el movimiento tuvo alcance nacional, no significa que todos los juzgados y tribunales federales del país hayan dejado de funcionar simultáneamente.
En Quintana Roo también hubo manifestaciones
Los trabajadores del Poder Judicial federal en Quintana Roo se sumaron a las protestas nacionales.
En Cancún, empleados realizaron un cierre simbólico de las instalaciones y colocaron una lona para exigir respeto a sus derechos laborales.
Ángel Emiliano Ruiz Vidal, secretario instructor del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Quintana Roo, explicó que la inconformidad no estaba dirigida contra la evaluación en sí misma, sino contra los criterios utilizados para calificar a los trabajadores.
Señaló que algunas disposiciones podrían condicionar la estabilidad de personas que ingresaron a sus cargos mediante concursos y acumularon años de servicio.
También expresó preocupación por las certificaciones de permanencia previstas en el esquema.
De acuerdo con los reportes locales, los manifestantes mantuvieron guardias para permitir el ingreso de ciudadanos y abogados, así como la recepción de documentos.
Al momento de esas declaraciones, no se había anunciado una suspensión total de actividades en la sede de Cancún.
Las movilizaciones también fueron reportadas en Chetumal, como parte de la participación de trabajadores de Quintana Roo en la protesta nacional.
El sindicato acudió al Senado para solicitar una revisión
Mientras se desarrollaban las manifestaciones, Gilberto González Pimentel, dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, acudió al Senado de la República.
El representante sindical buscó establecer comunicación con legisladores de la Comisión de Justicia para revisar el programa de evaluación.
Entre sus principales solicitudes se encontraba garantizar el cumplimiento del artículo décimo transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial, relacionado con la protección de los derechos laborales.
González Pimentel sostuvo que los mecanismos de evaluación no deben utilizarse para justificar ceses arbitrarios ni vulnerar condiciones adquiridas por los trabajadores.
También señaló que la estabilidad laboral del personal judicial es importante para el funcionamiento de los tribunales y la continuidad de los procedimientos.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito expresó preocupaciones similares.
La organización consideró que el nuevo esquema incluía elementos susceptibles de valoración discrecional, especialmente cuando parte de la evaluación dependiera de superiores jerárquicos.
El OAJ negó que los exámenes de diciembre provocaran despidos
Ante las manifestaciones, el Órgano de Administración Judicial emitió un comunicado para aclarar el alcance de las primeras evaluaciones.
El organismo aseguró que los exámenes previstos para diciembre de 2026 tendrían carácter exclusivamente diagnóstico.
Esto significa que sus resultados servirían para identificar necesidades de capacitación y no para determinar la permanencia inmediata de los trabajadores.
También señaló que en esta primera aplicación no habría aprobados ni reprobados.
La autoridad rechazó que los resultados pudieran utilizarse para despedir personal o retirar plazas durante este ejercicio.
No obstante, las preocupaciones sindicales también estaban relacionadas con las evaluaciones ordinarias posteriores.
El acuerdo original contemplaba una escala de calificación y mecanismos para atender resultados insuficientes, con posibles consecuencias previstas en la legislación de carrera judicial.
Esta diferencia resulta fundamental: la garantía de que las pruebas de diciembre no provocarían despidos no resolvía necesariamente todas las dudas sobre la aplicación futura del sistema.
Titular del OAJ cae durante protesta en Durango
Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en Durango, donde trabajadores del Poder Judicial se concentraron frente a instalaciones federales para exigir la presencia de Néstor Vargas Solano, titular del OAJ.
De acuerdo con La Jornada, cuando el funcionario se disponía a atender a los manifestantes, se produjo un forcejeo entre personas que intentaban acercarse a él.
Durante los empujones, Vargas Solano cayó al suelo.
Personal del organismo intervino para auxiliarlo y retirarlo de la zona de mayor tensión.
Los reportes no señalaron consecuencias mayores derivadas del incidente.
El episodio reflejó el nivel de inconformidad generado por la implementación del nuevo esquema, aunque no debe atribuirse automáticamente a todos los participantes del movimiento la responsabilidad por los empujones registrados.
SCJN, OAJ y sindicatos alcanzan acuerdos
Después de las movilizaciones, representantes de la Suprema Corte, el Órgano de Administración Judicial y organizaciones sindicales sostuvieron una reunión este sábado 7 de noviembre.
El encuentro permitió alcanzar compromisos para modificar el acuerdo que regula las evaluaciones.
Entre los principales puntos anunciados se encuentra la eliminación de referencias que puedan interpretarse como sanciones o como mecanismos de separación del cargo.
También se acordó retirar las evaluaciones extraordinarias que pudieran solicitar los titulares de los órganos jurisdiccionales.
Otro compromiso consiste en modificar los porcentajes de los elementos de calificación que los trabajadores consideran susceptibles de valoraciones subjetivas.
Las instituciones informaron que los cambios deberán publicarse próximamente en el Diario Oficial de la Federación.
Por lo tanto, aunque existe un acuerdo político e institucional para modificar las reglas, será necesario revisar la publicación oficial para conocer su redacción definitiva y sus efectos jurídicos.
Trabajadores anuncian regreso a labores el lunes 9 de noviembre
Como resultado del diálogo, las representaciones sindicales informaron que no continuarán con los paros y que las actividades normales se reanudarán el lunes 9 de noviembre.
También se acordó establecer mesas de trabajo permanentes para atender otras inquietudes del personal judicial.
Estos espacios permitirán abordar asuntos relacionados con las condiciones laborales y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.
El compromiso de reanudar actividades representa un cambio respecto de las primeras declaraciones de los manifestantes, quienes habían advertido que podrían mantener los bloqueos por tiempo indefinido.
No obstante, la solución definitiva dependerá de que las modificaciones anunciadas sean formalizadas y aplicadas.
¿Qué ocurrirá con las evaluaciones del Poder Judicial?
El acuerdo alcanzado no significa necesariamente que las evaluaciones profesionales hayan sido canceladas.
Las autoridades judiciales mantienen la intención de contar con mecanismos que permitan identificar necesidades de capacitación y mejorar el desempeño institucional.
Lo que se busca modificar son las disposiciones que generaron preocupaciones sobre posibles sanciones, separación del cargo y subjetividad en las calificaciones.
La primera evaluación de diciembre había sido presentada como un ejercicio diagnóstico.
Con los compromisos anunciados este sábado, el OAJ deberá ajustar el acuerdo original para precisar las condiciones bajo las cuales se aplicará el sistema.
Los trabajadores, por su parte, esperan que los cambios garanticen estabilidad laboral y respeto a sus derechos adquiridos.
Un conflicto que obliga a revisar las reglas de evaluación judicial
Las protestas del 6 de noviembre evidenciaron diferencias entre las autoridades administrativas del Poder Judicial y parte de su personal respecto de la implementación del nuevo sistema de evaluación.
Para los trabajadores, el principal problema era la posibilidad de que determinados criterios afectaran su permanencia y permitieran decisiones discrecionales.
Para el OAJ, la evaluación constituye una herramienta destinada a fortalecer la capacitación y la calidad del servicio judicial.
El acuerdo del 7 de noviembre abre una vía para conciliar ambas posiciones, aunque todavía falta conocer las modificaciones definitivas.
Por ahora, los sindicatos anunciaron el regreso a las actividades el lunes 9 de noviembre, mientras la Suprema Corte y el OAJ se comprometieron a revisar las disposiciones cuestionadas y eliminar los elementos que pudieran afectar la estabilidad laboral del personal.
