El transporte de mercancías en México atraviesa una nueva jornada de protestas nacionales. Desde el lunes 26 de octubre, operadores y empresas del autotransporte de carga han realizado bloqueos, caravanas y concentraciones en distintas carreteras del país para exigir mayor seguridad frente a los asaltos, extorsiones y robos de unidades, además de mejores condiciones fiscales y operativas. Las movilizaciones se prolongaron hasta este martes, mientras el Gobierno federal y las organizaciones inconformes mantienen diferencias sobre las soluciones propuestas.
La situación refleja un problema que va más allá de las afectaciones al tránsito: transportar productos esenciales, alimentos, materias primas y mercancías industriales se ha convertido en una actividad que, según los representantes del sector, implica riesgos constantes para los conductores.
Las protestas fueron convocadas por organizaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) y otras agrupaciones del gremio.
Aunque los organizadores aseguraron tener presencia en las 32 entidades federativas, la Secretaría de Gobernación reportó inicialmente 38 puntos de manifestación distribuidos en 19 estados, con 691 vehículos y 858 participantes.
La diferencia entre ambas cifras responde a los distintos recuentos de las organizaciones y las autoridades.
Más de mil asaltos y 15 operadores muertos en 2026
Uno de los principales motivos de inconformidad es la inseguridad que enfrentan los transportistas en las carreteras mexicanas.
De acuerdo con cifras del sector recogidas por EL PAÍS, durante 2026 se han reportado mil 125 asaltos contra transportistas y 15 operadores asesinados.
Los conductores denuncian que algunas rutas se han convertido en zonas de riesgo debido a la presencia de grupos delictivos dedicados al robo de mercancías, vehículos y extorsiones.
Las organizaciones sostienen que la situación no solamente provoca pérdidas económicas, sino que pone en peligro la vida de quienes trabajan detrás del volante.
Por su parte, las estadísticas oficiales muestran una reducción de aproximadamente 26% en los robos violentos al transporte de carga entre enero y septiembre de 2026.
Sin embargo, pese a esa disminución, el promedio todavía equivale a alrededor de 13 robos violentos diarios.
La reducción estadística y las denuncias del gremio no son necesariamente contradictorias: los delitos pueden haber disminuido respecto al periodo anterior y, al mismo tiempo, mantenerse en niveles que los operadores consideran inaceptables.
Carreteras bloqueadas y largas filas de vehículos
Las movilizaciones comenzaron durante la mañana del lunes 26 de octubre y provocaron importantes afectaciones en diversas autopistas.
En el Estado de México se registraron protestas sobre las carreteras México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca y Chamapa-Lechería.
Algunos contingentes circularon a baja velocidad, mientras otros estacionaron sus unidades para impedir parcial o totalmente el paso de vehículos.
Las manifestaciones también alcanzaron estados como Veracruz, Puebla, Sinaloa, Durango y Quintana Roo.
En Veracruz se reportaron concentraciones sobre las rutas Xalapa-Banderilla, Veracruz-Cardel y Orizaba-Puebla.
En Sinaloa, transportistas bloquearon la avenida La Costera, en Culiacán, para exigir condiciones de seguridad.
Durante este martes 27 de octubre también se reportaron afectaciones en la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, bloqueos intermitentes en Aguascalientes y nuevas complicaciones en la México-Toluca.
Las organizaciones han insistido en que el movimiento es pacífico, aunque reconocen que los bloqueos pueden afectar a miles de automovilistas y al movimiento de mercancías.
Quintana Roo también resiente las protestas
Uno de los episodios más relevantes para el sureste mexicano ocurrió sobre la carretera federal 307, en el tramo Playa del Carmen-Cancún.
La protesta de transportistas comenzó con un plantón y posteriormente derivó en un bloqueo que generó filas de automóviles de hasta 20 kilómetros, según reportes periodísticos.
Las afectaciones alcanzaron a viajeros que intentaban llegar al Aeropuerto Internacional de Cancún.
De acuerdo con la cobertura de La Jornada, cerca de 300 personas perdieron sus vuelos al no conseguir llegar a tiempo a la terminal aérea.
Algunos pasajeros incluso descendieron de sus vehículos y continuaron a pie para intentar alcanzar el aeropuerto.
El incidente evidenció cómo una protesta del sector de carga puede impactar actividades que dependen directamente de la conectividad carretera, como el turismo y los servicios aeroportuarios.
Reclaman reducción de estímulos fiscales para 2027
Además de la inseguridad, las organizaciones transportistas cuestionan modificaciones a los beneficios fiscales contemplados para el próximo año.
El punto de controversia es la reducción de 300 a 250 millones de pesos en el límite de ingresos anuales que permite a determinadas empresas acceder a un estímulo fiscal relacionado con el pago de peajes.
Los representantes del gremio argumentan que esta modificación podría incrementar sus costos de operación y afectar la competitividad del transporte de mercancías.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el ajuste afecta a aproximadamente 170 empresas y aseguró que los apoyos destinados a los pequeños transportistas se mantienen.
Desde el Gobierno federal se ha insistido en que existen canales institucionales para atender las demandas del sector y que los bloqueos no son necesarios para establecer negociaciones.
No obstante, las organizaciones inconformes señalan que los compromisos alcanzados en reuniones anteriores no se han traducido en resultados suficientes.
Escasez de conductores y costos que presionan al sector
La problemática del autotransporte no se limita a los asaltos o a los impuestos.
El sector también enfrenta dificultades para contratar y conservar operadores, debido a las condiciones de trabajo y los riesgos que implica recorrer largas distancias.
De acuerdo con estimaciones del gremio citadas por EL PAÍS, aproximadamente 90 mil unidades se encuentran detenidas por la falta de conductores.
A ello se suman los costos de combustible, mantenimiento, seguros, peajes y contratación de servicios privados de seguridad.
Los transportistas también denuncian la insuficiencia de espacios seguros para descansar, una necesidad especialmente importante en trayectos de larga distancia.
La falta de infraestructura adecuada obliga a numerosos conductores a detenerse en lugares donde pueden quedar expuestos a robos o agresiones.
Estas condiciones elevan los costos logísticos y pueden repercutir en el precio final de los productos transportados.
Sheinbaum cuestiona las protestas y señala posible motivación política
Durante su conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la decisión de bloquear carreteras cuando, según afirmó, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de dialogar.
La mandataria también sugirió que las protestas podrían tener motivaciones políticas, al mencionar que integrantes del movimiento se reunieron recientemente con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.
Sin embargo, la existencia de ese encuentro no demuestra por sí misma que las demandas del sector carezcan de fundamento o que la movilización haya sido organizada por un partido político.
Sheinbaum sostuvo que los inconformes representan a un grupo reducido y reiteró que su administración está dispuesta a recibirlos.
El Gobierno también ha defendido las acciones emprendidas para combatir la inseguridad carretera y los apoyos fiscales que continúan vigentes.
El diálogo divide a las organizaciones transportistas
Las negociaciones han generado diferencias entre las propias agrupaciones del sector.
Mientras algunas organizaciones de transporte de pasajeros y carga privada participaron en reuniones con la Secretaría de Gobernación y manifestaron su rechazo a los bloqueos, los promotores del paro reclamaron no haber sido incluidos en una mesa que consideraran representativa.
La reunión gubernamental contó con la participación de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda.
De acuerdo con la información difundida por la Agencia EFE, las organizaciones que participaron acordaron una agenda de trabajo para abordar seguridad, infraestructura, fiscalidad y condiciones de operación.
En contraste, Canacar y las agrupaciones que impulsaron las movilizaciones solicitaron acuerdos verificables, responsables definidos y fechas concretas de cumplimiento.
También pidieron la intervención directa de la presidenta.
Los representantes del movimiento aseguraron que no rechazan el diálogo, pero consideran necesario que las decisiones se tomen con funcionarios capaces de resolver sus principales demandas.
Un conflicto que amenaza con prolongarse
Las protestas fueron anunciadas por tiempo indefinido, por lo que su duración dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse entre las organizaciones transportistas y las autoridades federales.
El desafío para el Gobierno consiste en atender las exigencias de seguridad y las preocupaciones económicas del gremio sin permitir que las manifestaciones paralicen indefinidamente las vías de comunicación.
Para los transportistas, la prioridad es contar con condiciones que les permitan trabajar sin exponerse constantemente a asaltos, extorsiones o agresiones.
Para millones de ciudadanos y empresas, el problema también representa un riesgo para la movilidad, las entregas y el abastecimiento de mercancías.
La discusión continúa abierta. Mientras el Gobierno sostiene que existen avances y mecanismos de diálogo, los transportistas consideran que las medidas actuales no son suficientes.
Y aunque los bloqueos eventualmente terminen, la problemática de fondo permanecerá: garantizar que mover mercancías por las carreteras mexicanas deje de representar un riesgo para quienes sostienen buena parte de la actividad económica del país.
