Acuerdo Pemex y Quintana Roo: Buscan frenar alza en gasolinas

En un intento por blindar el bolsillo de los consumidores locales, el Gobierno de Quintana Roo ha iniciado gestiones formales para alcanzar un acuerdo estratégico con Petróleos Mexicanos (Pemex). El objetivo es claro: garantizar el abasto y, de paso, buscar mecanismos que suavicen los precios de los combustibles en una entidad donde la logística de transporte siempre encarece la cuenta final en la bomba.
El contexto importa: Quintana Roo es, por su ubicación geográfica, el “final de la línea” en la cadena de distribución nacional. No es un dato menor que el estado registre históricamente algunos de los precios por litro más altos del país, lo que impacta directamente en el costo de vida y en la operatividad del sector turístico.
Logística y voluntad política
La negociación no solo busca mejores precios, sino una infraestructura de almacenamiento más robusta. Como si hiciera falta recordarlo, cualquier contratiempo en las terminales de abastecimiento o en el transporte marítimo deja a las gasolineras del estado al borde del desabasto en cuestión de horas. La explicación oficial se centra en la “soberanía energética estatal”, aunque el trasfondo es puramente económico.
No exactamente una sorpresa que este acercamiento ocurra ahora, cuando la presión inflacionaria y el aumento en la movilidad por las nuevas megaobras del sureste han disparado la demanda. Los empresarios gasolineros de la zona norte y sur han visto con buenos ojos la intervención gubernamental, esperando que la paraestatal ofrezca condiciones preferenciales que se reflejen en el tablero de las estaciones.
Sin embargo, la viabilidad de un “descuento” regional o de un subsidio específico es un terreno pantanoso. Pemex tiene sus propias urgencias financieras y la política de precios suele ser centralizada. Aun así, la administración estatal apuesta por su relevancia como motor económico para obtener una excepción que alivie la tensión en los tanques de los quintanarroenses.
¿Qué sigue?
Las mesas de trabajo entre la Secretaría de Hacienda estatal y los directivos de Pemex continuarán en las próximas semanas. Lo que sigue es definir si habrá convenios de colaboración técnica o si se logrará una reducción real en las tarifas de distribución. La pregunta queda en el aire: ¿estará dispuesta la Federación a darle un trato preferencial al Caribe Mexicano en materia de hidrocarburos?