Habitantes de la comunidad rural Yaxché, en la zona norte de Playa del Carmen, denunciaron este lunes una serie de amenazas de desalojo perpetradas por sujetos que se identificaron como supuestos propietarios de las tierras. El conflicto, que escaló hasta la intervención policial, mantiene en alerta a las familias de este asentamiento ubicado cerca de la terminal foránea del sindicato de taxistas.
El detalle no es trivial. Los pobladores aseguran que llevan más de cuatro años habitando el polígono de forma pacífica y que, hasta el momento, no existe un dueño legalmente acreditado, pues se encuentran en pleno proceso de regularización.
El incidente comenzó cuando tres individuos irrumpieron en la comunidad para advertir a las familias que serían expulsadas. La respuesta de los habitantes fue inmediata: solicitaron el apoyo de Seguridad Pública, lo que derivó en la detención de los tres sujetos y su traslado a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la transparencia oficial ha brillado por su ausencia; los denunciantes acusan que no se les proporcionaron los nombres de los detenidos, obstaculizando su derecho a formalizar la denuncia.
La explicación oficial deja preguntas, especialmente tras un segundo incidente ocurrido poco después de las detenciones. Una camioneta sin placas ingresó a la zona generando pánico entre los vecinos, quienes iniciaron una persecución que terminó a la altura de Xcaret. Para sorpresa de nadie —o de muchos—, resultó que los ocupantes eran agentes de la policía ministerial que circulaban de incógnito, y que tuvieron que ser rescatados por la policía preventiva ante la furia de una comunidad que ya no sabe en qué uniforme confiar.
“Somos una comunidad indígena y trabajadora”, señalaron los representantes de Yaxché, quienes hicieron un llamado directo a la gobernadora Mara Lezama y a la Presidencia de la República. El temor no es gratuito: la presencia de niños y adultos mayores en la zona hace que cualquier amago de violencia sea visto como una amenaza crítica a la integridad del tejido social.
La exigencia de la Comunidad Yaxché es clara: certeza jurídica y seguridad. Mientras la burocracia agraria sigue su curso lento, la presión de los intereses inmobiliarios en Playa del Carmen parece llevar una velocidad mucho más agresiva.
