A partir del 16 de enero de 2026, entrará en vigor en México la prohibición absoluta de la comercialización, importación y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos, como resultado de una reforma a la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La medida alcanza a todos los dispositivos electrónicos para fumar, incluidos los desechables, los de un solo uso y aquellos que no contienen nicotina, como parte de la estrategia del gobierno federal para proteger la salud pública y reducir el acceso a estos productos, especialmente entre jóvenes.
De acuerdo con la reforma, queda prohibida cualquier actividad relacionada con estos dispositivos, desde su fabricación y distribución hasta su transporte, almacenamiento y comercialización. La restricción también se extiende a los accesorios y sustancias utilizadas en los vapeadores, así como a toda forma de publicidad, promoción o propaganda en cualquier medio.
No obstante, el marco legal no penaliza la posesión ni el consumo personal, siempre que no exista intención de venta o distribución. En contraste, quienes incumplan la prohibición con fines comerciales podrán enfrentar penas de entre uno y ocho años de prisión, además de multas de hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Las autoridades sanitarias y de vigilancia estarán facultadas para realizar decomisos, clausuras y sanciones administrativas a los establecimientos que incumplan con la nueva normativa.
La prohibición responde, según la exposición de motivos retomada por el Congreso de la Unión y la Secretaría de Salud, a la evidencia sobre los riesgos asociados al uso de dispositivos electrónicos para fumar, los cuales pueden contener sustancias tóxicas y generar afectaciones graves a la salud.
Informes oficiales advierten que el uso de vapeadores puede provocar daños pulmonares, adicción a la nicotina, alteraciones cardiovasculares y un mayor riesgo de padecimientos respiratorios, además de impactos en el desarrollo neurológico y hormonal, particularmente en adolescentes y jóvenes.
Con esta reforma, México refuerza su marco regulatorio en materia de control sanitario, al sumar la prohibición de los vapeadores a las políticas orientadas a reducir la exposición de la población a productos considerados nocivos para la salud.



















































