La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) oficializó la expropiación de cinco predios pertenecientes al Ejido Cafetal, en el municipio de Bacalar, destinados a las obras complementarias del Tren Maya. El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, marca el cierre administrativo de una superficie que ya formaba parte de la logística del proyecto federal en el sur de Quintana Roo.
El contexto importa. Aunque la maquinaria ya es parte del paisaje cotidiano en la zona, la formalización de estos trámites legales suele ser el recordatorio de que, en las grandes obras de infraestructura, la utilidad pública siempre tiene la última palabra sobre la propiedad social.
El documento detalla que la superficie expropiada será administrada por la empresa estatal Fonatur Tren Maya. Según los informes técnicos, la ocupación de estos terrenos es indispensable para garantizar el derecho de vía y la instalación de infraestructura necesaria para la operación ferroviaria. La indemnización, como dicta el manual, se basa en los avalúos realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), asegurando que el pago a los ejidatarios sea “conforme a la ley”.
Como si hiciera falta recordarlo, estos procesos de expropiación en Bacalar y sus alrededores se han vuelto un trámite casi rutinario. La explicación oficial suele ser impecable en el papel, aunque en el territorio siempre deja preguntas sobre si los tiempos de la justicia agraria y los de la compensación económica corren a la misma velocidad que el propio tren.
Por ahora, el Ejido Cafetal se suma a la lista de núcleos agrarios que han visto su cartografía modificada por el trazo ferroviario. Lo que sigue es la ejecución material de la resolución y el desembolso de los fondos comprometidos, en un escenario donde la selva baja sigue cediendo su lugar al acero.
