¡Tulum bajo presión financiera! Gobierno de Diego Castañón busca otro préstamo de 75 millones de pesos mientras recorta recursos para obras públicas
Tulum, Quintana Roo | Política, economía y transparencia gubernamental | 17 de noviembre de 2026
El manejo de las finanzas públicas del Ayuntamiento de Tulum, encabezado por el presidente municipal Diego Castañón Trejo, se encuentra nuevamente bajo cuestionamientos, luego de que el Cabildo autorizara la contratación de un nuevo financiamiento de hasta 75 millones de pesos para atender compromisos operativos de la administración municipal.
La decisión se produce a menos de un año de que el gobierno municipal contratara un crédito de 50 millones de pesos con Banorte, cuyo estado de liquidación todavía genera interrogantes entre integrantes del Ayuntamiento y ciudadanos.
De concretarse el nuevo préstamo por la totalidad del monto autorizado, ambos financiamientos sumarían operaciones crediticias por hasta 125 millones de pesos, aunque esta cantidad no representa necesariamente el saldo actual de la deuda municipal.
La solicitud de recursos adicionales contrasta con las modificaciones realizadas al presupuesto de 2026, en el que la inversión pública disminuyó aproximadamente un 46 por ciento.
Mientras tanto, la administración municipal enfrenta exigencias de transparencia para explicar por qué necesita recurrir nuevamente al financiamiento bancario para cubrir obligaciones básicas de gobierno.
Buscan financiamiento para pagar salarios, aguinaldos y servicios públicos
El nuevo crédito fue autorizado por mayoría de los integrantes del Cabildo durante una sesión celebrada el pasado 5 de noviembre.
El tesorero municipal, Raziel Ek Cruz, argumentó que el Ayuntamiento necesita contar con recursos adicionales ante una disminución en sus ingresos.
El financiamiento permitiría atender obligaciones como el pago de salarios de empleados municipales y elementos policiales, así como aguinaldos y servicios esenciales de recolección de residuos.
La Tesorería municipal deberá analizar las ofertas de tres instituciones financieras antes de formalizar la operación. Entre las propuestas figura una tasa preliminar del 6.65 por ciento.
El préstamo deberá liquidarse durante el primer semestre de 2027 y no podrá utilizarse para financiar nuevas obras públicas.
Es decir, los recursos solicitados servirían principalmente para mantener en funcionamiento al gobierno municipal, no para construir infraestructura adicional en beneficio de la población.
Un préstamo anterior de 50 millones de pesos sigue generando interrogantes
En diciembre de 2025, la administración de Diego Castañón contrató un financiamiento con Banorte por 50 millones de pesos, bajo el argumento de garantizar la continuidad de las operaciones municipales.
El crédito contemplaba intereses superiores a los 3.3 millones de pesos y una fecha de liquidación programada para el 15 de noviembre de 2026.
Sin embargo, al momento de conocerse la autorización del nuevo préstamo, todavía existían dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras anteriores.
La falta de información pública sobre el saldo actualizado del primer financiamiento impide establecer con precisión cuánto dinero debe actualmente el municipio y qué impacto tendrá la nueva operación sobre sus finanzas.
Antes de asumir otro compromiso bancario, resulta fundamental conocer si el anterior fue liquidado conforme a las condiciones establecidas.
Menos inversión pública, pero más gasto en servicios generales
Uno de los aspectos más cuestionados del manejo presupuestal de la administración municipal es la distribución de los recursos durante el ejercicio fiscal de 2026.
El presupuesto de egresos pasó de aproximadamente mil 408 millones de pesos a más de mil 506 millones.
Sin embargo, este incremento no se tradujo en mayores recursos destinados a infraestructura.
Mientras la inversión pública experimentó una reducción cercana al 46 por ciento, el gasto correspondiente a servicios generales aumentó aproximadamente un 36 por ciento, equivalente a un incremento acumulado superior a los 155 millones de pesos.
Esta situación plantea interrogantes sobre las prioridades de la administración municipal.
El Ayuntamiento dispone de un presupuesto de gasto mayor al inicialmente contemplado, pero busca financiamiento externo para garantizar su operación, mientras disminuyen los recursos destinados a obras públicas.
Síndica municipal cuestiona las supuestas finanzas sanas de Tulum
La autorización del nuevo financiamiento no contó con el respaldo unánime del Cabildo.
La síndica municipal, Rifka Renée Queruel Nussbaum, votó en contra y cuestionó las explicaciones ofrecidas por la Tesorería, particularmente porque semanas atrás se había asegurado que las condiciones financieras del municipio eran favorables.
“No se puede decir que hay finanzas sanas si se está recurriendo a un préstamo”, expresó la funcionaria.
Queruel Nussbaum también manifestó su inconformidad por las condiciones en las que se presentó la documentación presupuestal, señalando que recibió información relevante apenas una hora antes de la sesión.
La funcionaria consideró que no contó con tiempo suficiente para revisar las implicaciones económicas de las modificaciones planteadas.
Su postura no estuvo dirigida contra el pago de salarios a los trabajadores municipales, sino contra la aprobación de operaciones financieras sin información suficiente para evaluar sus consecuencias.
Cuestionan el uso de recursos federales para atender compromisos crediticios
Otro de los puntos controvertidos es la aplicación de más de 5.2 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) para atender obligaciones relacionadas con un financiamiento bancario.
La síndica cuestionó esta modificación debido a que originalmente se había contemplado utilizar ingresos propios del Ayuntamiento para cubrir dichos compromisos.
El Fortamun es un mecanismo de financiamiento federal destinado a fortalecer las capacidades financieras de los municipios y atender distintas obligaciones, entre ellas necesidades relacionadas con seguridad pública y compromisos financieros.
Aunque el pago de determinadas obligaciones puede encontrarse entre sus usos permitidos, resulta necesario esclarecer si la modificación presupuestal realizada por el Ayuntamiento cumple con las disposiciones correspondientes y con las condiciones previamente autorizadas.
Los cuestionamientos no constituyen por sí mismos evidencia de un desvío de recursos, pero sí reflejan la necesidad de transparentar y justificar las decisiones adoptadas.
Aprueban financiamiento millonario mediante una sesión virtual
La aprobación del nuevo crédito también generó inconformidad por la modalidad en la que se desarrolló la sesión del Cabildo.
La reunión del 5 de noviembre se efectuó mediante videoconferencia, con la participación a distancia de prácticamente todos los integrantes del Ayuntamiento, incluido el presidente municipal.
La celebración virtual de una sesión no implica necesariamente una irregularidad administrativa. Sin embargo, tratándose de una decisión que podría comprometer decenas de millones de pesos del presupuesto público, algunos representantes cuestionaron la ausencia de una discusión presencial.
Por su parte, el regidor Eugenio Barbacho respaldó la necesidad de garantizar liquidez al Ayuntamiento y sostuvo que las dificultades económicas del destino turístico han afectado a diferentes sectores comerciales.
La Tesorería defendió el financiamiento como una medida preventiva frente a la incertidumbre recaudatoria.
Ciudadanos exigen conocer el verdadero estado de las finanzas municipales
La controversia ha trascendido las discusiones entre integrantes del Cabildo.
Habitantes de Tulum han comenzado a solicitar información a instancias municipales y estatales para conocer las condiciones en las que se contrataron los financiamientos.
Entre las principales exigencias se encuentra la publicación de los contratos bancarios, los intereses, las obligaciones pendientes y los movimientos presupuestales relacionados con estas operaciones.
También se ha planteado la creación de mecanismos de vigilancia ciudadana que permitan supervisar periódicamente el ejercicio de los recursos públicos.
La preocupación no se limita al monto autorizado, sino a las consecuencias que podrían tener los compromisos financieros sobre los servicios y proyectos que necesita la población.
Diego Castañón enfrenta cuestionamientos en medio del panorama político de 2027
La controversia financiera ocurre mientras Diego Castañón busca fortalecer su posicionamiento político rumbo al próximo proceso electoral.
De acuerdo con información publicada por Por Esto!, el presidente municipal buscaría competir por una diputación federal en 2027 bajo las siglas de Morena.
Este escenario añade una dimensión política a las exigencias de transparencia sobre su administración.
No obstante, hasta el momento no existen elementos que permitan establecer que los recursos del financiamiento tengan alguna finalidad electoral.
Lo que sí permanece pendiente es una explicación detallada sobre las condiciones económicas en las que se encuentra el Ayuntamiento y las razones que justifican la necesidad de contratar otro crédito.
¿Qué está ocurriendo con el dinero público de Tulum?
La contratación de préstamos de corto plazo puede ser una herramienta legítima para enfrentar dificultades temporales de liquidez. Sin embargo, recurrir consecutivamente a estos instrumentos obliga a evaluar si el problema es circunstancial o refleja dificultades financieras más profundas.
En el caso de Tulum, la dependencia de la actividad turística puede representar un factor importante en el comportamiento de los ingresos municipales.
Pero la disminución de la inversión pública, el incremento del gasto operativo y las dudas sobre los compromisos bancarios anteriores hacen indispensable una revisión detallada de las cuentas municipales.
Hasta ahora, permanece pendiente conocer cuánto dinero solicitará finalmente el Ayuntamiento, qué institución otorgará el nuevo financiamiento y cuál será su costo total.
Mientras la administración busca garantizar el funcionamiento del gobierno mediante recursos bancarios, los habitantes tienen derecho a conocer cómo se administra su dinero y cuáles serán las consecuencias de estas decisiones.
Porque una cosa es autorizar millones de pesos mediante una votación del Cabildo y otra muy distinta es explicar con claridad por qué se necesitan, cómo se utilizarán y de dónde saldrán los recursos para devolverlos.





















































