Siete meses pagando un fantasma: la pesadilla de una clienta con Peugeot Chetumal
Lo que debía ser la comodidad de un vehículo 2024 se transformó en un laberinto burocrático y mecánico en Chetumal Automotores. Georgina Argüelles Herrera, propietaria de una Peugeot 2008, denunció formalmente ante la Profeco que su unidad suma siete meses varada en el taller de la agencia, mientras ella sigue cubriendo puntualmente mensualidades y seguros de un auto que no puede usar. El contexto importa, sobre todo cuando el patrimonio familiar se diluye entre diagnósticos erráticos y promesas de diciembre que llegaron a febrero sin cumplirse.
La camioneta, adquirida en mayo de 2024, comenzó a presentar fallas críticas apenas un año después de salir de la agencia. No se trata de detalles estéticos: la denuncia formal detalla pérdida de potencia, alertas de motor y fallas en el sistema de frenado y el control de estabilidad (ESP/ASR). Como si hiciera falta recordarlo, estos componentes son la columna vertebral de la seguridad activa de cualquier vehículo moderno. Según la afectada, el personal técnico ha admitido, entre pasillos, que no tienen certeza sobre la falla real del módulo o la pantalla.
Una gerencia que “no está”
La atención al cliente en la sucursal de la calle Álvaro Obregón parece seguir la misma lógica que las refacciones: simplemente no llega. Argüelles señala directamente a la gerente de la agencia, María Rodríguez, de evadir la responsabilidad y ocultarse de los reclamos. No exactamente una sorpresa, considerando que la afectada menciona antecedentes similares de la directiva en otras marcas de la ciudad.
“Es una burla. Sigo pagando mi vehículo como si lo estuviera usando. Imagínate siete meses pagando entre seis y ocho taxis diarios para llevar a mi hija a la escuela y cumplir con mi trabajo”, reprochó la denunciante.
La Profeco y el silencio institucional
A pesar de que la queja ante la Profeco fue interpuesta formalmente el 15 de enero de 2026, los avances son nulos. El reclamo escala hasta Álvaro David Rodríguez Paredes, responsable de zona, y el delegado estatal José Luis Pineda Díaz, a quienes se les señala por una aparente inacción que, en la práctica, termina favoreciendo los tiempos de la empresa y no los derechos del consumidor.
La situación ha llegado a un punto de quiebre. Ante ofertas que Georgina califica como “miserables” —intentos de recompra que no cubren ni el enganche original—, la propietaria ha decidido que ya no quiere la unidad de vuelta por la desconfianza en las reparaciones realizadas.
Lo que sigue es una advertencia de protesta social. De no recibir una solución factible, la agencia podría pasar de ser un punto de venta a un escenario de plantón con pancartas y “carnita asada” incluida, como medida desesperada para que otros compradores no caigan en el mismo bache financiero y mecánico.




















































