INE enfrenta crisis de contrataciones rumbo a 2027: 57 procesos en alto riesgo amenazan preparación de casillas y resultados preliminares
Ciudad de México | Política, elecciones y transparencia | 15 de noviembre de 2026
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una situación crítica en la preparación de las elecciones de 2027, luego de que al menos 57 procesos de contratación fueran clasificados con un nivel de riesgo alto debido a retrasos administrativos, revisiones de adquisiciones y cuestionamientos sobre posibles irregularidades en el manejo de proveedores.
Los procedimientos comprometidos incluyen materiales necesarios para la organización de casillas, documentación electoral, insumos de capacitación y recursos informáticos vinculados con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
De acuerdo con reportes internos del organismo, citados por La Jornada y Excélsior este domingo 15 de noviembre, los retrasos afectan a tres áreas fundamentales del instituto: la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Unidad Técnica de Servicios de Informática.
La situación ocurre después de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, el pasado 26 de octubre, y en medio de una revisión de los mecanismos de adquisición para detectar posibles irregularidades y reducir el uso de adjudicaciones directas.
Aunque las autoridades electorales buscan reforzar los controles sobre el gasto público, la suspensión y revisión de distintos procedimientos ha generado preocupación por el cumplimiento de los calendarios.
El problema no significa que las elecciones estén suspendidas o que los contratos ya se hayan perdido. Sin embargo, los informes advierten que, si los retrasos continúan, podrían complicarse etapas esenciales de la organización electoral.
¿Cuáles son las 57 contrataciones en riesgo?
Los reportes del INE identifican 57 procesos de adquisición y contratación con riesgo alto de no concretarse dentro de los plazos previstos.
La mayor concentración se encuentra en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, responsable de preparar diversos aspectos materiales y operativos de los comicios.
Según el informe con corte al 10 de noviembre, esta dirección contempla 72 conceptos de adquisición y contratación. De ellos, 45 están clasificados en riesgo alto, 20 en riesgo medio, tres en riesgo bajo y solamente cuatro sin riesgo.
En otras palabras, más de seis de cada diez procedimientos de esa área presentan un nivel de riesgo alto.
La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica también enfrenta dificultades. Excélsior reportó que diez de sus 24 contrataciones previstas se encuentran en tiempos críticos.
La Jornada precisó que el reporte de esa dirección identifica diez procesos con riesgo alto, tres con riesgo medio y uno con riesgo bajo.
Por su parte, la Unidad Técnica de Servicios de Informática mantiene dos procedimientos en alerta alta.
La suma de los 45 procesos de Organización Electoral, los diez de Capacitación y los dos de Informática da como resultado las 57 contrataciones que concentran la preocupación del instituto.
Estas cifras describen el nivel de riesgo administrativo de los procedimientos, no contratos formalmente cancelados.
Materiales electorales y preparación de casillas, entre los procesos afectados
Uno de los principales riesgos se relaciona con el suministro oportuno de materiales necesarios para instalar y operar las casillas durante la jornada electoral.
La organización de una elección requiere adquirir, producir y distribuir distintos insumos con suficiente anticipación.
Además de la documentación que se utiliza para recibir y contabilizar los votos, el INE debe preparar materiales para los funcionarios de casilla y coordinar actividades de capacitación.
Los retrasos en estas contrataciones pueden reducir el tiempo disponible para producir, revisar y distribuir los insumos.
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral advirtió que el calendario de preparación de casillas se encuentra entre los procesos afectados.
Sin embargo, hasta ahora no se ha informado que exista una cancelación general de la producción de materiales electorales.
El riesgo identificado consiste en que los procedimientos no se concluyan oportunamente y sea necesario realizar ajustes para cumplir con las fechas establecidas.
El PREP también enfrenta problemas con sus insumos
Otro de los puntos sensibles es la preparación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, conocido como PREP.
Este sistema permite publicar información preliminar de los resultados electorales durante la noche de la votación, a partir de los datos asentados en las actas de las casillas.
El PREP no sustituye los cómputos oficiales ni determina por sí mismo a los ganadores de una elección.
Su función es ofrecer información oportuna y transparente mientras se desarrollan los procedimientos legales de cómputo.
De acuerdo con los reportes de las áreas técnicas del INE, existen dos contrataciones informáticas en riesgo alto.
Una corresponde al suministro de materiales e insumos necesarios para el PREP y otra al abastecimiento de tóner.
Los retrasos también han generado preocupación sobre la digitalización de las actas, proceso necesario para alimentar el sistema de resultados preliminares.
Esto no significa que el PREP haya dejado de funcionar ni que esté cancelado para 2027.
La advertencia se refiere a la posibilidad de que determinados insumos no estén disponibles en los plazos previstos si los procedimientos de contratación continúan detenidos.
Documentación electoral permaneció 72 días bajo revisión
Una de las controversias señaladas por consejeros del INE está relacionada con la aprobación de los modelos de documentación electoral.
Durante una sesión del Consejo General, los consejeros Martín Faz y Carla Humphrey cuestionaron que Guadalupe Taddei, cuando todavía presidía el organismo, devolviera el 3 de septiembre los documentos electorales para una nueva revisión técnica.
Según los señalamientos recogidos por Excélsior, el procedimiento consumió 72 días.
Martín Faz explicó que se habían presentado originalmente 25 modelos gráficos.
De ese total, 13 permanecieron sin modificaciones, mientras que los restantes registraron principalmente ajustes gráficos o cambios menores.
Los consejeros cuestionaron si la duración de la revisión fue proporcional a la magnitud de las modificaciones realizadas.
El retraso resulta relevante porque la aprobación de los modelos de documentación forma parte de las etapas necesarias para iniciar determinados procedimientos de producción y adquisición.
No obstante, la existencia de una revisión prolongada no demuestra por sí sola que se haya cometido un delito o una irregularidad administrativa.
Las responsabilidades que pudieran existir deberán determinarse mediante los mecanismos de investigación y fiscalización correspondientes.
Renuncia de Guadalupe Taddei agrava la incertidumbre administrativa
La crisis de contrataciones ocurre después de la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE, formalizada el 26 de octubre.
La Jornada señaló que el tramo final de su gestión y la transición posterior contribuyeron a un escenario de desorden administrativo en el instituto.
La situación también abrió una discusión interna sobre la forma en que se habían administrado las compras y contrataciones.
Consejeros electorales expresaron preocupaciones por los procedimientos utilizados, la concentración de proveedores y la posibilidad de que existieran prácticas que limitaran la competencia.
En ese contexto, el organismo comenzó a revisar las adquisiciones pendientes y los mecanismos utilizados en años anteriores.
La revisión busca establecer mayores controles y evitar que los plazos obliguen al instituto a recurrir sistemáticamente a adjudicaciones directas.
Sin embargo, la transición administrativa coincide con un periodo en el que deben resolverse contrataciones indispensables para las elecciones de 2027.
Esta combinación ha generado una presión adicional sobre las áreas responsables de la organización electoral.
Carla Humphrey cuestiona posibles intereses en las contrataciones
La consejera electoral Carla Humphrey expresó fuertes críticas sobre la manera en que se gestionaron las adquisiciones durante la administración anterior.
En declaraciones recogidas por La Jornada, sostuvo que el objetivo actual es evitar adjudicaciones directas y revisar posibles irregularidades relacionadas con contratos de alto valor.
Humphrey también sugirió que pudieron existir intereses particulares detrás de algunos procedimientos.
Sus declaraciones constituyen señalamientos de una integrante del Consejo General y no una resolución administrativa o judicial que establezca responsabilidades.
La consejera planteó la necesidad de modificar la forma en que el instituto adquiere materiales electorales.
Entre las alternativas mencionó abrir licitaciones internacionales, ampliar la competencia entre proveedores y buscar mejores precios.
También consideró necesario impulsar el voto electrónico como una posibilidad para reducir determinadas necesidades de materiales físicos.
Sin embargo, la implementación de modalidades de votación electrónica depende de condiciones técnicas, legales y operativas que no se resuelven únicamente mediante cambios en las contrataciones.
INE solicita auditoría sobre adquisiciones de los últimos diez años
La revisión de los procedimientos no se limita a las contrataciones para 2027.
El pasado 5 de noviembre, el INE anunció que solicitaría a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral de las adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo de 2016 a 2026.
La medida forma parte de un conjunto de acciones aprobadas por el Consejo General para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.
El acuerdo contempla preservar documentación física y electrónica relacionada con los procesos de contratación.
También establece la elaboración de un inventario institucional de adquisiciones y una revisión del padrón de proveedores.
El objetivo es facilitar la identificación de posibles irregularidades y asegurar que las autoridades fiscalizadoras tengan acceso a la información necesaria.
El propio INE precisó que corresponderá exclusivamente a la ASF determinar el alcance y los procedimientos de fiscalización que resulten aplicables.
Asimismo, subrayó que cualquier eventual responsabilidad deberá establecerse mediante los procedimientos previstos en la ley, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Por lo tanto, la solicitud de auditoría no equivale a una confirmación de corrupción en todos los contratos revisados.
Preparan un plan para evitar que las contrataciones afecten las elecciones
Además de solicitar la revisión de adquisiciones, el Consejo General aprobó la elaboración de un Plan de Acción Crítico.
Su propósito es asegurar la continuidad de las contrataciones necesarias para organizar el Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027.
La medida busca atender los procedimientos más urgentes y establecer mecanismos que permitan cumplir con las funciones del instituto.
El reto consiste en resolver las necesidades operativas sin abandonar los controles de legalidad y transparencia.
Si los procedimientos se retrasan demasiado, el INE podría enfrentar una menor disponibilidad de tiempo para realizar licitaciones competitivas.
Al mismo tiempo, recurrir de manera apresurada a contrataciones excepcionales podría generar nuevos cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
Por ello, el organismo deberá encontrar alternativas que permitan adquirir los materiales necesarios dentro de los plazos legales.
Hasta el momento, no se ha publicado en las fuentes consultadas un calendario definitivo que confirme la regularización de los 57 procedimientos identificados.
Representantes partidistas advierten posibles costos económicos
La preocupación por las contrataciones también fue expresada por representantes de partidos políticos ante el INE.
Ernesto Guerra, representante del partido PAZ, señaló que los retrasos pueden generar consecuencias económicas importantes.
De acuerdo con sus declaraciones a La Jornada, las propias áreas técnicas del instituto reconocen distintos niveles de riesgo en los procedimientos pendientes.
Guerra advirtió que la demora puede traducirse en mayores costos para la organización electoral.
También sostuvo que existen proveedores alternativos capaces de suministrar los materiales necesarios.
Como ejemplo, mencionó que organismos públicos locales electorales han recurrido a distintas opciones en el mercado.
El representante partidista señaló que la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó sobre cambios en la lógica de las contrataciones y en las personas responsables de supervisarlas.
Sin embargo, no se ha presentado una estimación pública consolidada que permita cuantificar cuánto dinero podrían representar los retrasos.
Por ello, las posibles afectaciones económicas deben considerarse un riesgo señalado por los participantes, no una pérdida financiera ya comprobada.
¿Están en peligro las elecciones de 2027?
Los informes muestran problemas relevantes en la preparación administrativa de los comicios, pero no permiten concluir que las elecciones estén en riesgo de cancelación.
El INE continúa realizando actividades de organización y cuenta con mecanismos para atender las contrataciones pendientes.
La alerta se concentra en los plazos para adquirir materiales, preparar casillas y disponer de determinados insumos tecnológicos.
La diferencia es importante: un procedimiento clasificado como de riesgo alto puede requerir medidas urgentes, pero no necesariamente terminará incumpliéndose.
El impacto real dependerá de la rapidez con que se resuelvan las revisiones, se autoricen los procesos y se concreten las adquisiciones.
También será necesario verificar si los materiales y servicios contratados pueden entregarse oportunamente.
La información disponible no establece que los ciudadanos vayan a quedarse sin casillas o que el PREP no vaya a operar.
Lo que sí documenta es una acumulación de retrasos que obliga al instituto a adoptar medidas para evitar afectaciones posteriores.
Transparencia y tiempos electorales, los dos retos del INE
La situación coloca al Instituto Nacional Electoral frente a dos responsabilidades que deben atenderse simultáneamente.
Por una parte, debe garantizar que las contrataciones se realicen conforme a la ley, con mecanismos de competencia, transparencia y vigilancia del gasto.
Por otra, tiene la obligación de asegurar que los materiales, documentos y sistemas necesarios para la jornada electoral estén disponibles en los plazos establecidos.
La revisión de posibles irregularidades busca corregir prácticas administrativas que han generado cuestionamientos.
Sin embargo, la suspensión prolongada de los procedimientos puede reducir el margen de maniobra para organizar los comicios.
La solicitud de una auditoría a la ASF y la preparación de un plan de acción representan las principales medidas anunciadas para atender ambos problemas.
Al 15 de noviembre de 2026, los reportes identifican 57 contrataciones con riesgo alto y mantienen abierta la necesidad de regularizar los procedimientos.
El desafío será resolver los retrasos sin comprometer la transparencia de las adquisiciones ni la preparación de las elecciones de 2027.





















































