El uso de aeronaves de la Secretaría de Marina (Semar) para un traslado oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum provocó una oleada de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la congruencia entre el discurso de austeridad y la logística empleada para el viaje a Nuevo Laredo.
De acuerdo con publicaciones difundidas en plataformas digitales, para el traslado presidencial se habrían movilizado cuatro aeronaves de la Marina, entre ellas dos jets Gulfstream G450, un Rockwell Turbo Commander y un Learjet 45. Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha confirmado oficialmente el número de aviones utilizados ni los motivos operativos detrás del despliegue.
Las críticas se intensificaron luego de que usuarios estimaran costos millonarios por la operación aérea, basándose en cálculos no oficiales sobre el precio por hora de vuelo de este tipo de aeronaves. Dichas cifras, que han sido ampliamente replicadas, no han sido validadas por la Semar ni por la Presidencia, por lo que su veracidad permanece sin confirmar.
Especialistas en logística gubernamental han señalado en ocasiones anteriores que los traslados presidenciales suelen implicar medidas de seguridad, vuelos de apoyo y aeronaves de respaldo, factores que pueden explicar la presencia de más de una unidad aérea, aunque esto no ha sido detallado públicamente en este caso específico.
La polémica se da en un contexto en el que el Gobierno federal ha reiterado su compromiso con la austeridad republicana, principio que ha sido uno de los ejes del discurso político de la llamada Cuarta Transformación. Frases como “No somos iguales” han sido retomadas por críticos para cuestionar si la práctica coincide con la narrativa oficial.
Hasta ahora, ni la Presidencia de la República ni la Secretaría de Marina han emitido un posicionamiento detallado sobre el operativo aéreo, los criterios de seguridad aplicados ni el costo real del traslado, lo que ha alimentado el debate público y las exigencias de mayor transparencia.
Mientras tanto, el episodio vuelve a colocar en el centro de la discusión el uso de recursos públicos, la seguridad presidencial y los límites de la austeridad en el ejercicio del poder, temas que continúan generando divisiones y cuestionamientos en la opinión pública.
