El Congreso de Estados Unidos inició este lunes su tercer día de cierre parcial del gobierno sin un acuerdo para reanudar la financiación federal, en medio de una negociación tensa entre republicanos y demócratas, centrada en el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las condiciones operativas de las agencias de inmigración.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, expresó confianza en que la crisis pueda resolverse en breve. “Vamos a lograr resolver todo esto de aquí al martes”, afirmó el domingo, al calificar como una “formalidad” la votación prevista para reabrir el gobierno federal.
Trump presiona por un acuerdo inmediato
El presidente Donald Trump instó este lunes al Congreso a aprobar sin demora un proyecto de ley de gastos que ponga fin al cierre gubernamental, originado por el estancamiento en torno a la política migratoria y al accionar de las fuerzas federales.
“Espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y lo envíen a mi despacho sin demora”, escribió Trump en su red social Truth Social, al advertir que no es momento de introducir cambios adicionales.
Mayoría ajustada y negociaciones frágiles
La aritmética parlamentaria complica la estrategia del liderazgo republicano. Este lunes asumió un nuevo legislador demócrata tras una elección especial en Texas, lo que reduce aún más la estrecha mayoría oficialista y obliga a Johnson a asegurar prácticamente todos los votos de su bancada.
El principal foco de resistencia se encuentra en el ala ultraconservadora republicana, cuyos integrantes rechazan cualquier iniciativa que incluya modificaciones en la financiación o en las reglas de operación del DHS, al considerar que ello implicaría ceder ante las exigencias demócratas.
Desde el Partido Republicano, el congresista Chip Roy, de Texas, acusó a la oposición de “juegos políticos” y de mantener al Departamento de Seguridad Nacional “como rehén” para forzar cambios en la política migratoria.
El núcleo del desacuerdo: inmigración y uso de la fuerza
El bloqueo legislativo se intensificó tras la muerte de dos manifestantes en Minneapolis, ocurrida durante operativos de agencias federales de inmigración en menos de un mes. Los hechos colocaron bajo escrutinio a organismos como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dependiente del DHS.
A raíz de estos episodios, los demócratas anunciaron que no apoyarán la financiación del DHS sin un paquete de reformas obligatorias, entre ellas:
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Uso sistemático de cámaras corporales
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Prohibición de cubrirse el rostro durante operativos
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Obligación de contar con orden judicial para detener a migrantes
El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, sostuvo que el gobierno no puede limitarse a compromisos generales. “No puede contentarse con palabras”, afirmó, al exigir que las reformas entren en vigor de inmediato.
Diferencias dentro del Partido Republicano
Aunque algunos republicanos reconocen que el uso de cámaras corporales ya es una práctica extendida, existe una fuerte oposición a prohibir el uso de pasamontañas u otros elementos de protección, bajo el argumento de que los agentes federales enfrentan campañas de identificación y acoso por parte de activistas.
También rechazan exigir órdenes judiciales para todas las detenciones, al señalar que la legislación actual solo las exige para allanamientos domiciliarios, no para arrestos en la vía pública.
Escenario abierto
La falta de consenso dejó en suspenso un esquema transitorio previamente aprobado por el Senado, que contempla cinco proyectos de financiación para cubrir a la mayoría de las agencias federales hasta septiembre, así como una prórroga provisional de dos semanas para el DHS.
Ante el riesgo de una derrota legislativa dentro de su propio bloque, Johnson reconoció la necesidad de construir apoyos fuera del Partido Republicano. “Necesitamos buena fe de ambas partes”, declaró.
Aunque el cierre ya suma tres días, por ahora no se prevé un impacto inmediato comparable al de la parálisis presupuestaria de fines del año pasado, cuando cientos de miles de empleados federales fueron enviados a licencia sin sueldo durante más de seis semanas.
