El régimen iraní publicó este domingo una lista oficial con los nombres de 2.986 personas fallecidas durante la represión de las protestas iniciadas en diciembre, mientras que el balance total reconocido por las autoridades asciende a 3.117 muertos. Sin embargo, organismos internacionales y de derechos humanos advierten que la cifra real podría ser entre seis y diez veces mayor, con estimaciones que alcanzan hasta 20.000 víctimas mortales.
El presidente iraní Masud Pezeshkian confirmó el balance oficial en un comunicado dirigido a la población. “Me gustaría informar con tristeza a la noble nación de Irán que el número total de víctimas de los recientes acontecimientos es de 3.117”, declaró.
Según el mandatario, la diferencia entre la cifra total y la lista publicada se debe a problemas de identificación, ya que algunas víctimas carecían de documentación oficial o presentaban inconsistencias en los registros nacionales. Pezeshkian anunció que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para recibir información adicional y reclamaciones.
La versión del régimen
El comunicado presidencial mantuvo la narrativa oficial de Teherán, al atribuir la violencia a “terroristas” apoyados por Estados Unidos e Israel, sin aportar pruebas concretas. “Los enemigos históricos comercian con las vidas de las personas como si fueran un número”, sostuvo el presidente.
No obstante, las cifras oficiales contrastan de manera drástica con los datos recabados por la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones independientes.
La ONU y ONG elevan la cifra
La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, afirmó que informes médicos internos sugieren que el número de fallecidos podría acercarse a las 20.000 personas. En la misma línea, Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, confirmó que la represión ha provocado “miles de muertos y heridos”, aunque reconoció la dificultad para verificar la información debido a las restricciones impuestas por el régimen.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron el uso de fuerza letal indiscriminada, incluyendo disparos con rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. Estas organizaciones denunciaron morgues desbordadas, entierros apresurados y el uso de contenedores refrigerados para almacenar cadáveres, lo que apuntaría a un intento sistemático de ocultar la magnitud real de la masacre.
Apagón informativo
Desde el 8 de enero, el régimen impuso un apagón casi total de internet, lo que ha dificultado la verificación independiente de los hechos. La organización NetBlocks confirmó que se trata del bloqueo digital más prolongado en la historia de Irán, destinado a impedir la difusión de imágenes y aislar al país del escrutinio internacional.
El origen de las protestas
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, detonadas por la grave crisis económica que atraviesa el país. En diciembre, la inflación alcanzó el 42.2%, con un aumento del 72% en los precios de los alimentos, mientras que el rial iraní se depreció hasta los 145.000 tomanes por dólar.
Las manifestaciones se extendieron rápidamente a las 31 provincias, con consignas contra el líder supremo Ali Khamenei y exigencias de un cambio político. Se trata de las protestas más amplias desde 2022, tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
Represión ordenada desde el poder
De acuerdo con reportes de medios internacionales, la represión alcanzó su punto más crítico los 8 y 9 de enero, cuando Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional sofocar las protestas “por cualquier medio necesario”. The New York Times verificó videos que muestran a fuerzas de seguridad disparando contra manifestantes en al menos 19 ciudades y varios barrios de Teherán.
En la ciudad de Fardis, testigos afirmaron que más de 50 manifestantes fueron abatidos tras el uso de una ametralladora montada en un vehículo.
Condena internacional
La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución de emergencia que denuncia que la represión violenta “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluidos niños”. El texto, respaldado por países europeos, prorrogó el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y de la relatora especial.
Mientras Teherán insiste en su versión oficial, la brecha entre las cifras del régimen y las estimaciones internacionales sigue creciendo, al igual que las presiones para que se investiguen crímenes de lesa humanidad.
