Un jurado federal del Distrito Sur de Texas declaró culpable a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, conocido como Alex Rovirosa, por su participación en un esquema de sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2019 y 2021, de acuerdo con un veredicto emitido en diciembre de 2025.
La resolución judicial confirma una trama de pagos ilegales en efectivo y beneficios de lujo para obtener contratos de la empresa productiva del Estado y expone vínculos operativos con una red de empresarios y gestores que, según fiscales estadounidenses y reportes periodísticos, se movían en círculos cercanos al exsecretario de Gobernación y actual senador, Adán Augusto López Hernández. El fallo no imputa cargos contra el legislador.
Rovirosa Martínez —empresario tabasqueño y accionista de Tubular Technology Services— fue arrestado en Texas el 10 de agosto de 2025. Junto con Mario Alberto Ávila Lizárraga (ex candidato del PAN a la gubernatura de Campeche), fue imputado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). El jurado lo declaró culpable de tres cargos de corrupción y lo absolvió de uno relacionado con lavado de dinero.
Según el expediente, entre 2019 y 2021 los acusados entregaron al menos 150 mil dólares en efectivo, además de relojes de lujo, viajes y otros beneficios, a tres funcionarios de Pemex —descritos como directivos clave y no identificados públicamente en el veredicto— a cambio de contratos por más de 120 millones de pesos para el suministro de tubería y servicios en proyectos de la paraestatal, incluidos trabajos vinculados a la refinería de Dos Bocas.
En cuanto a las conexiones políticas, los fiscales y reportes de medios como Los Ángeles Press, Infobae y La Política Online documentan que Rovirosa y Ávila operaban en entornos empresariales y notariales del sureste relacionados con el periodo en que Adán Augusto López ocupó cargos de alto nivel. El fallo subraya beneficios contractuales para allegados a esa red durante la 4T, sin establecer responsabilidad penal del senador en la jurisdicción estadounidense.
Sobre el impacto al erario, los contratos adjudicados de forma irregular superan los 120 millones de pesos, aunque el daño total podría ser mayor por posibles sobreprecios y subejecución de obras, de acuerdo con los señalamientos incluidos en la causa.
En México, el Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, reconoció estar “sorprendido” por la investigación en Estados Unidos, pero no ha anunciado acciones internas contra los implicados. Mientras tanto, Rovirosa enfrenta posibles años de prisión y multas millonarias en EE.UU., en contraste con la ausencia de procesos penales públicos en territorio mexicano contra otros señalados.
El veredicto en Texas no solo sanciona a un empresario, sino que reaviva el debate sobre la corrupción en Pemex, la coordinación binacional en investigaciones financieras y el alcance real de los compromisos anticorrupción de la 4T. Las preguntas sobre hasta dónde llegará la indagatoria y si habrá derivaciones en México permanecen abiertas.
