Detectan irregularidades millonarias en la UTC de Chetumal tras auditoría

La educación superior en la capital del estado vuelve a estar bajo la lupa, y no precisamente por sus logros académicos. La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) ha encendido las alarmas tras detectar irregularidades en la UTC de Chetumal por un monto que supera el millón 128 mil pesos, correspondientes al ejercicio fiscal 2024. El contexto importa, sobre todo cuando el dinero público parece haberse extraviado en una maraña de pagos sin respaldo y puestos “fantasma”.
Cuentas que no cuadran
De acuerdo con los informes turnados a la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, la universidad no ha podido justificar el destino de recursos clave. La mayor parte de la mancha financiera, unos 755 mil pesos, corresponde a servicios contratados que carecen de cualquier tipo de documentación que pruebe que realmente se realizaron. Como si hiciera falta recordarlo, en la administración pública lo que no está en papel, simplemente no existe.
Pero el desorden no termina ahí. La auditoría también halló el pago de más de 111 mil pesos en plazas laborales que ni estaban autorizadas ni cumplen con la normativa vigente. La explicación oficial deja preguntas, o mejor dicho, deja un silencio sepulcral, ya que la rectoría de la institución ha optado por no responder a las solicitudes de información sobre estas observaciones.
Antecedentes de una crisis
Este nuevo escándalo financiero llega en un momento delicado para la Universidad Tecnológica de Chetumal. Apenas el año pasado, el cuerpo docente denunció públicamente esquemas de hostigamiento y condiciones laborales precarias, señalando a la administración de Alfredo Marín Marín por favorecer a un grupo selecto de “privilegiados” con múltiples empleos, mientras a otros se les mantenía en la incertidumbre.
No exactamente una sorpresa, las anomalías administrativas por otros 252 mil pesos detectadas en este último paquete de auditorías parecen confirmar que las quejas de los profesores sobre la opacidad interna tenían un fundamento sólido.
Consecuencia real
Bajo las reglas de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la UTC tiene ahora el reloj en contra para solventar estas observaciones. De no hacerlo, la institución se verá obligada a reintegrar el dinero íntegro al erario. La tensión queda abierta entre una plantilla docente que exige justicia y una directiva que, por ahora, parece confiar en que el silencio será su mejor defensa. Lo que sigue es ver si el Congreso del Estado apretará las tuercas o si este será un expediente más en el archivo de las “cuentas pendientes”.