Claudia Sheinbaum afirma que libros de texto no son patrimonio de una persona

En un mensaje que busca zanjar las constantes disputas ideológicas sobre el contenido educativo en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que los libros de texto gratuitos son una herramienta institucional y no el patrimonio personal de ningún funcionario o figura política. Durante su intervención, la mandataria subrayó que estos materiales pertenecen a la nación y deben responder al derecho constitucional a la educación.
El contexto importa: esta declaración surge en un escenario donde la elaboración y distribución de los libros ha sido, históricamente, un campo de batalla entre visiones pedagógicas y posturas partidistas.
“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”, sentenció la Presidenta, buscando desmarcar la creación de estos materiales de las administraciones en turno. No es un dato menor. La intención discursiva es clara: blindar la legitimidad de los contenidos actuales frente a las críticas que los señalan como herramientas de adoctrinamiento o proyectos personales de sus creadores. Como si hiciera falta recordarlo, la transición hacia la llamada “Nueva Escuela Mexicana” ha sido un camino empedrado de amparos y debates sobre la desaparición de materias tradicionales en favor de proyectos comunitarios.
La explicación oficial deja preguntas en el aire para aquellos sectores de la sociedad civil que reclaman una mayor apertura en los comités de revisión. Si bien se afirma que el material es de todos, el proceso de edición suele mantenerse bajo un hermetismo técnico que alimenta la desconfianza. No exactamente una sorpresa, la retórica del “patrimonio nacional” funciona como un escudo efectivo, aunque no necesariamente resuelve las dudas sobre la calidad pedagógica que han señalado diversos académicos.
La ironía fina reside en que, mientras se proclama que los libros no tienen dueño, cada sexenio parece empeñado en dejar su propia “marca de agua” en las páginas que leerán millones de niños. La neutralidad periodística obliga a observar que, aunque el discurso apela a la colectividad, la rectoría del Estado sobre lo que se imprime sigue siendo absoluta y vertical.
Lo que sigue para el sistema educativo es la evaluación en las aulas. Con los libros ya en los pupitres de 2026, la tensión abierta no está en quién es el dueño del papel, sino en si el contenido realmente prepara a los estudiantes para los retos de un mercado laboral y social que no entiende de retóricas políticas.