Escándalo en el INE se amplía: más de 50 personas y empresas aparecen en denuncias investigadas por la FGR
Ciudad de México | Política, justicia y presunta corrupción | 14 de noviembre de 2026
Las investigaciones por presuntas irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) continúan ampliándose. Más de 50 personas físicas y morales aparecen señaladas en denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), entre ellas familiares directos de Guadalupe Taddei, expresidenta del organismo, contratistas y empresas proveedoras de materiales electorales.
De acuerdo con información publicada este sábado 14 de noviembre por La Jornada, los señalamientos forman parte de 15 carpetas de investigación distribuidas entre distintas fiscalías especializadas.
Las indagatorias involucran presuntas anomalías en contrataciones, adjudicaciones y operaciones relacionadas con la adquisición de bienes y servicios para el instituto electoral.
Entre los nombres mencionados por fuentes de la FGR se encuentra Alfredo Hernández Casillas, contratista vinculado con empresas proveedoras del sector electoral.
El caso cobró mayor relevancia después de que personal de la Fiscalía realizara diligencias en instalaciones del INE, donde revisó documentación y archivos digitales relacionados con las contrataciones investigadas.
Sin embargo, la aparición de una persona o empresa en una denuncia no significa que se haya demostrado su responsabilidad penal. Las investigaciones continúan abiertas y la identidad completa de los señalados permanece bajo reserva.
La Jornada
Más de 50 personas físicas y morales aparecen señaladas
La información obtenida por La Jornada indica que las 15 investigaciones contienen señalamientos contra más de 50 personas físicas y morales.
La distinción es importante: las personas físicas son individuos, mientras que las personas morales incluyen empresas y otras entidades con personalidad jurídica.
Por lo tanto, no se trata necesariamente de más de 50 funcionarios del INE ni de 50 personas detenidas.
Las denuncias mencionan a particulares, proveedores y personas presuntamente relacionadas con decisiones administrativas del organismo electoral.
Fuentes consultadas por el periódico señalaron que en varias de las carpetas aparecen familiares directos de Guadalupe Taddei y personas relacionadas con el contratista Alfredo Hernández Casillas.
No obstante, la Fiscalía no ha publicado una lista completa de los involucrados ni ha detallado las conductas específicas atribuidas a cada uno.
Las autoridades mantienen reservadas esas identidades mientras avanzan los procedimientos.
Quince investigaciones están distribuidas entre tres áreas de la FGR
Según el reportaje, las carpetas se encuentran en manos de tres instancias de la Fiscalía General de la República:
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Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
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Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
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Fiscalía Especializada de Control Regional.
La intervención de distintas fiscalías responde a las características de los hechos denunciados y a las competencias legales de cada área.
Sin embargo, que una carpeta sea revisada por una fiscalía especializada en delincuencia organizada no demuestra automáticamente que las personas mencionadas pertenezcan a una organización criminal.
La tipificación de los posibles delitos deberá determinarse a partir de las pruebas obtenidas y las decisiones del Ministerio Público.
Tampoco se ha informado que las 15 carpetas correspondan a un único contrato o a un mismo grupo de personas.
Cada investigación puede contener hechos, proveedores y periodos distintos.
FGR revisó documentos y equipos dentro del INE
Uno de los acontecimientos más relevantes ocurrió entre el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre, cuando personal de la Fiscalía realizó diligencias en instalaciones del Instituto Nacional Electoral.
Las actuaciones comenzaron aproximadamente a las 10:00 horas del miércoles y se prolongaron hasta las 6:00 de la mañana del jueves, según las fuentes citadas por La Jornada.
Las revisiones se concentraron en oficinas ubicadas en la Torre Zafiro, donde funciona la Dirección de Recursos Materiales y Servicios.
También se realizaron diligencias en la Secretaría General del instituto.
Los investigadores revisaron documentación y archivos digitales almacenados en equipos informáticos.
El objetivo fue obtener información relacionada con los hechos denunciados y con los procedimientos administrativos bajo investigación.
Las fuentes señalaron que estas actuaciones habían sido planeadas a partir de los elementos contenidos en las querellas.
Las diligencias no se realizaron mediante una orden judicial
Un aspecto especialmente importante del reportaje es la naturaleza jurídica de las revisiones efectuadas en las instalaciones electorales.
De acuerdo con colaboradores de la fiscal Ernestina Godoy consultados por La Jornada, las diligencias no se realizaron mediante una orden judicial.
En cambio, contaron con la autorización y supervisión de funcionarios del propio INE.
Las fuentes explicaron que esta colaboración institucional permitiría documentar la obtención de los materiales para su eventual presentación ante una autoridad judicial.
Esta distinción es fundamental porque una revisión voluntaria de documentos autorizada por la institución no necesariamente equivale a un cateo judicial.
Aunque algunas coberturas anteriores describieron las actuaciones como cateos, la información más reciente apunta a diligencias realizadas con consentimiento de autoridades del organismo electoral.
La validez y el alcance de los materiales obtenidos deberán evaluarse conforme a las reglas procesales aplicables.
¿Quiénes presentaron las denuncias?
Las investigaciones no surgieron de una sola denuncia.
Según las fuentes de la Fiscalía citadas por La Jornada, el Ministerio Público Federal recibió señalamientos procedentes de distintas instancias y particulares.
Entre los denunciantes se encuentran representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN).
También se registraron seis denuncias del Órgano Interno de Control del INE.
Otras fueron presentadas por ciudadanos, además de actuaciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La participación de diferentes denunciantes indica que las investigaciones abarcan diversas presuntas irregularidades.
Sin embargo, el reportaje no desglosa cuántas carpetas corresponden a cada denunciante ni cuáles son los hechos específicos incluidos en cada una.
Tampoco establece que todas las denuncias hayan sido presentadas recientemente.
Familiares de Guadalupe Taddei aparecen mencionados
La Jornada informó que familiares directos de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, aparecen entre las personas mencionadas en las denuncias.
Las fuentes consultadas indicaron que sus nombres figuran en varias carpetas, junto con personas relacionadas con el contratista Alfredo Hernández Casillas.
Sin embargo, la información disponible no identifica públicamente a todos los familiares señalados ni precisa qué conductas se les atribuyen individualmente.
Tampoco permite afirmar que Guadalupe Taddei haya sido declarada responsable de un delito.
Es necesario distinguir entre las relaciones familiares mencionadas en las investigaciones y la posible participación personal en hechos ilícitos.
La responsabilidad penal, en caso de existir, debe determinarse individualmente y con base en pruebas.
Los contratos electorales están en el centro de la controversia
Las investigaciones forman parte de una controversia más amplia sobre contrataciones realizadas por el INE durante distintas administraciones.
El viernes 13 de noviembre, La Jornada informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa había abierto dos expedientes relacionados con presuntas irregularidades en contrataciones por un monto conjunto superior a 563 millones de pesos.
Estos procedimientos involucran hechos vinculados con adquisiciones y servicios electorales.
No obstante, el monto corresponde al valor de las contrataciones examinadas en esos expedientes y no a una cantidad que se haya demostrado desviada o robada.
Además, esos dos expedientes administrativos no deben confundirse con las 15 carpetas de investigación penal mencionadas en el reportaje de este sábado.
Aunque pueden existir conexiones entre los hechos, son procedimientos jurídicos distintos.
Sheinbaum pidió revisar posibles responsabilidades de exfuncionarios
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció el viernes sobre los señalamientos relacionados con las contrataciones del INE.
Durante su conferencia de prensa, pidió que la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación determinaran si correspondía investigar a dirigentes de la organización política Somos, entre ellos exfuncionarios del instituto electoral.
La mandataria cuestionó la concentración de contratos de materiales electorales en determinadas empresas durante administraciones anteriores.
También señaló que las posibles irregularidades no deberían atribuirse exclusivamente a la gestión de Guadalupe Taddei.
Desde su perspectiva, la relación entre proveedores y funcionarios electorales debe revisarse durante un periodo más amplio.
Estas declaraciones constituyen una postura del Ejecutivo federal y no sustituyen las determinaciones que deben adoptar las autoridades investigadoras.
La presidenta también criticó los montos de las liquidaciones recibidas por algunos exfuncionarios del INE, aunque ese asunto es distinto de las denuncias penales sobre contrataciones.
La Jornada
¿Qué relación tiene el caso con la organización Somos?
La organización política Somos aparece en el debate debido a que algunos de sus integrantes ocuparon anteriormente cargos dentro del Instituto Nacional Electoral.
Entre ellos se encuentra Edmundo Jacobo Molina, quien fue secretario ejecutivo del organismo.
La información publicada el 13 de noviembre relacionó a exfuncionarios electorales con expedientes sobre presuntas irregularidades en contrataciones.
Sheinbaum pidió que las autoridades competentes determinaran si correspondía ampliar las investigaciones a personas que actualmente participan en esa organización.
Sin embargo, la pertenencia a Somos no constituye evidencia de participación en delitos.
Tampoco existe información suficiente para afirmar que la organización política, como entidad, haya sido declarada responsable de los hechos investigados.
El INE enfrenta cuestionamientos antes de las elecciones de 2027
Las investigaciones se desarrollan mientras el organismo electoral se prepara para los procesos de 2027.
La contratación de materiales, servicios y equipamiento es una parte fundamental de la organización de elecciones.
Por esa razón, las posibles irregularidades en procedimientos de adquisición pueden generar preocupaciones sobre transparencia, competencia entre proveedores y uso de recursos públicos.
Consejeros electorales han planteado la necesidad de revisar los mecanismos de contratación para evitar retrasos que puedan derivar en adjudicaciones directas.
La discusión también coincide con cambios en la estructura directiva del instituto.
Sin embargo, las denuncias investigadas no significan que las elecciones de 2027 estén comprometidas ni que se haya acreditado una alteración de resultados electorales.
Los hechos reportados se relacionan principalmente con presuntas anomalías administrativas y contrataciones.
¿Qué sigue para las investigaciones?
La Fiscalía General de la República deberá continuar analizando los documentos, registros digitales y demás elementos obtenidos durante las diligencias.
Los fiscales también tendrán que establecer qué personas participaron en las decisiones investigadas y si existen pruebas suficientes para formular imputaciones.
En paralelo, las instancias administrativas y de fiscalización podrán continuar sus propios procedimientos.
Las investigaciones pueden derivar en determinaciones distintas para cada persona o empresa señalada.
Algunas denuncias podrían avanzar hacia procesos judiciales y otras podrían concluir sin que se acrediten delitos.
Hasta el momento, el reportaje no confirma órdenes de aprehensión contra las más de 50 personas y empresas mencionadas ni resoluciones condenatorias relacionadas con todas las carpetas.
Un caso que sigue abierto
El nuevo reporte de La Jornada amplía el alcance conocido de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el INE.
La cifra de más de 50 personas y empresas mencionadas en 15 carpetas muestra la dimensión de los señalamientos que actualmente revisa la Fiscalía.
La participación de distintas instancias investigadoras, las diligencias realizadas dentro del instituto y los antecedentes sobre contrataciones millonarias mantienen el caso bajo atención pública.
Al 14 de noviembre de 2026, estaba documentada la existencia de 15 investigaciones con más de 50 personas físicas y morales señaladas, según fuentes de la FGR citadas por La Jornada. Esto no equivale a 50 personas imputadas, detenidas o declaradas culpables.





















































