Asesinan a defensor indígena en Chiapas pese a contar con botón de pánico y protección federal
Reynaldo Pérez Pérez, defensor indígena de derechos humanos de 38 años, fue asesinado a balazos el miércoles 28 de octubre en el municipio de Chenalhó, Chiapas, pese a encontrarse incorporado desde 2023 al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno federal.
El activista, quien acompañaba a familias desplazadas por la violencia y denunciaba la presencia de grupos armados en comunidades de los Altos de Chiapas, había recibido amenazas de muerte y reportado actos de persecución.
Como parte de las medidas de seguridad asignadas por las autoridades, contaba con un teléfono satelital y un botón de pánico. Sin embargo, estos mecanismos no evitaron que dos hombres armados lo atacaran cuando se encontraba en un taller mecánico de la comunidad de Yabteclum.
Su hijo de nueve años lo acompañaba cuando ocurrió el crimen.
Una llamada lo llevó al lugar donde fue asesinado
De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Reynaldo Pérez llegó a su domicilio alrededor de las dos de la tarde del miércoles.
Después de bañarse y prepararse para continuar con sus actividades, recibió una llamada telefónica en la que una persona lo citó en un taller mecánico ubicado a un costado de la carretera que conduce a Yabteclum.
El defensor acudió acompañado de su hijo.
Aproximadamente a las 15:30 horas, dos hombres que viajaban en una motocicleta llegaron al establecimiento y abrieron fuego contra él.
Según los testimonios recogidos por la periodista Ángeles Mariscal, el activista recibió siete impactos de bala en la cabeza y el pecho.
Su cuerpo quedó tendido en el patio del taller, donde las autoridades estatales realizaron los peritajes correspondientes.
Al momento del ataque, Pérez llevaba un chaleco con la inscripción «Derechos Humanos», que lo identificaba como integrante de la organización Cuerpo Diplomático Mundial de Paz.
Elementos de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado de Chiapas acudieron al lugar para iniciar las investigaciones.
Hasta la publicación de los reportes consultados, no se había informado de personas detenidas por el homicidio.
Había denunciado amenazas y persecuciones
El asesinato ocurrió después de varios años de amenazas contra Reynaldo Pérez y otros defensores indígenas de la región.
Sebastián, padre del activista, aseguró que su hijo había sido perseguido en distintas ocasiones por personas que identificó como integrantes del grupo relacionado con José Herrera.
Según su testimonio, las amenazas estaban vinculadas con el acompañamiento que Reynaldo brindaba a comunidades afectadas por conflictos territoriales y violencia armada.
La familia sostuvo que el defensor recibió numerosas advertencias antes de su asesinato.
Estas acusaciones forman parte de los testimonios de los familiares y deberán ser investigadas por las autoridades para establecer si existe una relación entre las amenazas previas y el homicidio.
El Gobierno federal le había entregado un botón de pánico
Debido al riesgo que enfrentaba, Reynaldo Pérez solicitó la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El Gobierno federal lo incorporó formalmente el 13 de junio de 2023, después de un ataque armado contra familias desplazadas de Santa Martha que se encontraban refugiadas en Polhó.
Como parte de las medidas de protección, recibió un teléfono satelital y un dispositivo de alerta de emergencia.
Sin embargo, la situación de inseguridad persistió.
En 2025, la representación de México ante organismos de Naciones Unidas reconoció que Reynaldo Pérez y su compañero defensor José Vásquez Gutiérrez enfrentaban amenazas desde octubre de 2022.
Entre los antecedentes documentados figuraban amenazas de muerte, un intento de desaparición y ataques armados.
Relatores de la ONU habían advertido que las medidas de protección otorgadas resultaban insuficientes frente a los riesgos que enfrentaban ambos activistas.
Su asesinato plantea interrogantes sobre la evaluación del riesgo, la aplicación de las medidas preventivas y la capacidad de respuesta de las instituciones responsables de proteger a personas amenazadas.
Defendía a familias desplazadas por grupos armados
Reynaldo Pérez dedicó buena parte de su trabajo a acompañar a comunidades indígenas desplazadas por la violencia.
Uno de los casos más importantes fue el de las familias expulsadas de Santa Martha, en Chenalhó, durante enfrentamientos relacionados con disputas territoriales.
En junio de 2023, un ataque armado contra personas desplazadas refugiadas en Polhó dejó siete muertos, entre ellos un niño de tres años.
El activista documentó el desplazamiento de 272 personas pertenecientes a 68 familias y denunció la falta de respuestas institucionales.
A finales de septiembre de 2026, organizó una manifestación en Tuxtla Gutiérrez para exigir atención a decenas de personas que continuaban desplazadas de sus comunidades.
También acompañaba a habitantes que denunciaban despojos de tierras, amenazas y pérdida de sus viviendas.
Su padre recordó que Reynaldo atendía a quienes llegaban a su domicilio para solicitar orientación o ayuda.
Su trabajo estaba relacionado con el conflicto de Pantelhó
Otra de las actividades del defensor fue el acompañamiento jurídico a integrantes del grupo de autodefensas conocido como El Machete, surgido en julio de 2021 en el municipio vecino de Pantelhó.
Este grupo apareció en medio de una crisis de violencia marcada por asesinatos, desapariciones y disputas territoriales.
Habitantes de la región han señalado al grupo conocido como Los Herrera por su presunta participación en hechos violentos y posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Estas relaciones son señalamientos de pobladores y no deben considerarse responsabilidades judicialmente acreditadas para todos los integrantes mencionados.
El trabajo de Reynaldo también incluía labores de mediación en conflictos territoriales entre comunidades de Chenalhó, Aldama y municipios cercanos.
Su participación en estos asuntos lo colocó en un contexto de riesgo que había sido denunciado ante autoridades nacionales e internacionales.
Tres defensores relacionados con Pantelhó han sido asesinados en cinco años
El homicidio de Reynaldo Pérez se suma a otros dos asesinatos de defensores indígenas vinculados con la crisis de violencia en Pantelhó.
El 5 de julio de 2021 fue asesinado Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de la organización Las Abejas de Acteal.
El ataque ocurrió en un mercado de Simojovel, cuando un hombre armado que viajaba en motocicleta le disparó frente a su hijo.
Posteriormente, el 20 de octubre de 2024, el sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez fue asesinado en San Cristóbal de Las Casas.
El religioso había intervenido como mediador en conflictos de la región y contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En los tres homicidios, los agresores utilizaron motocicletas.
Aunque esta coincidencia forma parte de los antecedentes documentados, no demuestra por sí sola que los asesinatos hayan sido cometidos por los mismos responsables.
Chenalhó, una región marcada por décadas de violencia
El asesinato también ocurre en una región con un largo historial de conflictos armados, desplazamientos forzados y disputas por la tierra.
En diciembre de 1997, Chenalhó fue escenario de la masacre de Acteal, en la que 45 personas fueron asesinadas por un grupo paramilitar mientras participaban en actividades religiosas.
Dos décadas después, en 2017, un conflicto territorial con Chalchihuitán provocó el desplazamiento de 5 mil 266 personas, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Desde 2022, la violencia en Santa Martha ha obligado a numerosas familias a abandonar sus comunidades.
Además, durante octubre de 2026, habitantes de la Fracción Tzanembolom denunciaron que 15 familias permanecían bajo amenazas y restricciones impuestas por un grupo armado.
Estos antecedentes muestran la persistencia de problemas de seguridad que afectan especialmente a comunidades indígenas y a quienes denuncian abusos.
Fiscalía de Chiapas promete investigar el asesinato
Tras el homicidio, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, aseguró públicamente que el crimen no quedaría impune.
La Fiscalía inició las diligencias correspondientes y realizó el levantamiento de indicios en el lugar del ataque.
Sin embargo, las autoridades todavía deberán determinar quiénes participaron en el asesinato, quién pudo haberlo ordenado y si el móvil estuvo relacionado con la labor de defensa de derechos humanos que realizaba Reynaldo Pérez.
También permanece pendiente esclarecer si existieron fallas en la aplicación de las medidas de protección que le habían sido asignadas.
La investigación deberá considerar los antecedentes de amenazas y las advertencias formuladas por organismos internacionales.
Familiares exigen justicia
Después de las diligencias ministeriales, el cuerpo de Reynaldo Pérez fue trasladado a su domicilio familiar, donde sus padres, hermanos y vecinos iniciaron la velación.
Su padre, Sebastián, expresó su dolor por el asesinato y recordó el compromiso de su hijo con las personas que acudían a él en busca de ayuda.
Su madre y sus hermanas exigieron que las autoridades identifiquen y detengan a los responsables.
La muerte del defensor vuelve a poner en discusión la eficacia de las medidas de protección destinadas a personas amenazadas por su trabajo en favor de los derechos humanos.
En este caso, las advertencias existían desde años antes, el riesgo había sido reconocido por el Estado mexicano y el activista contaba con dispositivos de emergencia.
Pese a ello, fue asesinado.
La investigación no solamente deberá esclarecer el crimen, sino también determinar si las medidas adoptadas por las instituciones fueron suficientes y si existieron omisiones que contribuyeron a mantenerlo expuesto a la violencia.
