Revelan red de empresas vinculadas a Taddei que obtuvo contratos electorales por 1,800 millones de pesos
Una investigación periodística reveló que una red de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas obtuvo contratos por aproximadamente 1,800 millones de pesos con autoridades electorales mexicanas durante la última década. De esa cantidad, 853 millones de pesos corresponden a 21 licitaciones en las que participaron como supuestas competidoras compañías que compartían representantes, socios o apoderados legales.
Los hallazgos, publicados este jueves 29 de octubre por EL PAÍS, muestran cómo un reducido grupo de proveedores ha concentrado durante años parte del mercado de materiales electorales, un negocio que abarca desde la fabricación de urnas y mamparas hasta la impresión de documentos utilizados en las elecciones.
La investigación también documenta vínculos empresariales y personales entre integrantes de esta red y Guadalupe Taddei, quien recientemente renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) en medio de cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
Aunque los documentos examinados por el periódico muestran relaciones entre las empresas participantes, corresponderá a las autoridades determinar si las contrataciones constituyeron actos ilegales y establecer las responsabilidades correspondientes.
853 millones de pesos en licitaciones con empresas relacionadas
Uno de los principales hallazgos de la investigación es la participación simultánea de empresas vinculadas entre sí en concursos públicos que debían garantizar condiciones de competencia.
Según el análisis de EL PAÍS, se identificaron 21 procedimientos de contratación en los que participaron al menos dos compañías pertenecientes a la misma red empresarial.
El valor conjunto de las adjudicaciones alcanzó los 853 millones de pesos.
Entre las empresas señaladas aparecen Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, y Seriplast de México.
Los registros mercantiles examinados muestran que estas compañías compartieron personas con facultades de representación, integrantes de órganos societarios y otros vínculos administrativos.
Esta coincidencia resulta relevante porque las licitaciones públicas buscan que distintas empresas presenten propuestas independientes para que las instituciones puedan comparar precios, calidad y condiciones de suministro.
Cuando las participantes mantienen relaciones que comprometen esa independencia, existe el riesgo de que la competencia sea solamente aparente.
La investigación periodística sostiene que estos procedimientos presentan indicios de simulación de competencia, aunque su calificación jurídica definitiva corresponde a las autoridades competentes.
Jalisco, Nuevo León y Veracruz: contratos de hasta 135 millones
Los documentos analizados muestran varios ejemplos de adjudicaciones millonarias.
En Jalisco, durante 2024, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana abrió una licitación para adquirir materiales electorales.
En el procedimiento participaron Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Seriplast, compañías que, de acuerdo con la investigación, pertenecían a la misma red de relaciones empresariales.
El contrato, por aproximadamente 102 millones de pesos, fue adjudicado a Cajas Graf.
Otro caso ocurrió en Nuevo León durante el proceso electoral de 2020-2021, cuando Formas Finas obtuvo un contrato de 124 millones de pesos tras competir contra Cajas Graf.
En Veracruz, durante 2017, Seriplast de México recibió una adjudicación por 135 millones de pesos en un procedimiento donde también participó Formas Finas.
En este último caso, ambas compañías compartían como apoderado general a Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Los ejemplos forman parte de los 21 procedimientos señalados por el reportaje y permiten identificar un patrón de participación de empresas relacionadas en distintas entidades federativas.
Una red empresarial que comenzó a conectarse desde 2013
La investigación encontró que los vínculos corporativos entre las compañías se remontan al menos a 2013.
Ese año, Raymundo Hernández Casillas apareció como apoderado general de Seriplast.
Posteriormente ocupó funciones semejantes en Formas Finas, en 2016, y Corporativo Zeg, en 2017.
Para 2019 figuraba como presidente del Consejo de Administración de Cajas Graf.
El análisis también identificó otras compañías relacionadas, entre ellas Diseño, Reconstrucción y Comunicación y Comercializadora JVLY.
En conjunto, las sociedades examinadas compartieron 15 nombres entre socios, representantes y comisarios.
Entre las personas mencionadas figuran José Alfredo Hernández Casillas, Tatiana Patricia Hernández Velázquez y Alejandro Olaya Ortiz.
Los investigadores también encontraron que varias operaciones societarias se realizaron mediante un grupo reducido de notarios.
La existencia de representantes compartidos no constituye automáticamente un delito, pero adquiere relevancia cuando las compañías participan como competidoras en una misma contratación pública.
Las conexiones con Guadalupe Taddei
El caso también ha generado cuestionamientos por la relación de José Alfredo Hernández Casillas con Guadalupe Taddei.
Diversos videos difundidos previamente por medios nacionales muestran encuentros personales entre ambos, incluidos festejos y reuniones familiares.
La difusión de esos materiales intensificó las preguntas sobre posibles conflictos de interés en la contratación de proveedores electorales.
Taddei presidió el organismo electoral de Sonora entre 2014 y 2021 y llegó a la presidencia del INE en abril de 2023.
Sin embargo, los contratos documentados abarcan distintas administraciones y periodos anteriores a su llegada al instituto nacional.
Por ello, la existencia de vínculos personales no demuestra por sí sola que Taddei haya intervenido en todas las adjudicaciones ni que haya favorecido ilegalmente a las empresas.
El asunto central para las autoridades será determinar si esas relaciones influyeron en decisiones de contratación, si existieron conflictos de interés y si fueron debidamente declarados o gestionados.
De proveedores electorales a funcionarios del INE
Otro elemento identificado por EL PAÍS es el paso de personas relacionadas con las compañías proveedoras a puestos dentro del Instituto Nacional Electoral.
Jonathan Navarrete Torres y Jesús Octavio García González figuraron como apoderados legales de Corporativo Zeg desde junio de 2023 hasta abril de 2025, según los registros revisados.
Posteriormente ambos trabajaron en el INE durante la administración de Guadalupe Taddei.
Navarrete Torres ocupó funciones como conductor de la entonces consejera presidenta.
García González llegó a la Dirección Ejecutiva de Administración, una de las áreas responsables de la gestión presupuestal y los procesos de contratación del organismo.
Este último renunció en abril de 2026, después de que se hiciera pública su relación anterior con una empresa proveedora de materiales electorales.
Estos antecedentes incrementan la necesidad de revisar los mecanismos institucionales para prevenir conflictos de interés, especialmente cuando personas provenientes de compañías contratistas ocupan puestos relacionados con la administración de recursos.
Un mercado dominado por pocos proveedores desde hace décadas
La segunda investigación de EL PAÍS explica que la concentración empresarial no es un fenómeno reciente ni exclusivo de la administración de Taddei.
Desde la creación del Instituto Federal Electoral en 1990, la organización de elecciones mexicanas ha requerido grandes cantidades de documentación y materiales especializados.
Entre ellos se encuentran boletas con medidas de seguridad, actas de escrutinio, listados nominales, urnas, mamparas, cajas para paquetes electorales y tinta indeleble.
La fabricación exige cumplir requisitos técnicos y entregar grandes volúmenes de productos en periodos relativamente cortos.
Estas condiciones han contribuido a que pocas empresas participen de manera recurrente en las licitaciones.
Según el reportaje, menos de diez compañías han concentrado buena parte de las contrataciones de los organismos electorales locales durante las últimas décadas.
El problema no radica únicamente en que existan pocos proveedores, sino en determinar si las reglas de contratación permiten una competencia efectiva o facilitan que las mismas empresas mantengan el control del mercado.
Talleres Gráficos de México recibió 580 millones para las elecciones de 2024
La investigación también analiza el papel de Talleres Gráficos de México, organismo público que históricamente ha sido uno de los principales proveedores de documentación electoral federal.
Durante las elecciones de 2024, produjo aproximadamente 317 millones de boletas para los comicios presidenciales, legislativos y del Senado.
El contrato tuvo un valor de 580 millones de pesos.
Sin embargo, Talleres Gráficos no cuenta con capacidad suficiente para atender simultáneamente todas las necesidades de los organismos electorales estatales.
En ese mismo año, 13 entidades contrataron sus servicios mediante acuerdos que sumaron 688 millones de pesos.
Otros institutos locales recurrieron a compañías privadas para fabricar sus materiales.
Entre las empresas contratadas figuraron Litho Formas, Formas Inteligentes, Formas Finas, Gráficas Corona, Corporativo Zeg y Comercializadora JVLY.
La dependencia de proveedores especializados explica parte de la concentración del mercado, aunque no justifica eventuales acuerdos entre competidores ni otras prácticas contrarias a la legislación.
Quintana Roo figura entre los estados con contratos de la red
La investigación tiene implicaciones para Quintana Roo.
EL PAÍS identifica al estado entre las entidades donde las compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas acumularon un número relevante de contrataciones.
Además, durante el proceso electoral de 2024, Litho Formas participó en la producción de documentación electoral para Quintana Roo, junto con otros ocho estados.
En investigaciones periodísticas anteriores también se documentaron adjudicaciones del Instituto Electoral de Quintana Roo a empresas como Cajas Graf y Corporativo Zeg durante distintos procesos electorales.
Estos antecedentes colocan a los organismos electorales locales dentro del alcance de las revisiones sobre posibles vínculos entre proveedores y prácticas de competencia.
No obstante, la contratación de una empresa mencionada en la investigación nacional no significa automáticamente que cada procedimiento realizado en Quintana Roo haya presentado irregularidades.
Para establecerlo será necesario examinar los expedientes de contratación, las propuestas presentadas y las relaciones entre las compañías participantes.
Puebla: un contrato de 129 millones bajo observación
Otro caso mencionado es el de Comercializadora JVLY, empresa relacionada con otras sociedades de la red.
Durante 2024 obtuvo una contratación por aproximadamente 129 millones de pesos para suministrar materiales electorales en Puebla.
El procedimiento fue observado por la Auditoría Superior del Estado.
La adjudicación se realizó durante la gestión de Blanca Yassahara Cruz, entonces presidenta del organismo electoral poblano y actualmente designada presidenta provisional del INE tras la salida de Taddei.
Cruz defendió públicamente la legalidad de la licitación.
Explicó que Puebla cuenta con uno de los padrones electorales más grandes del país, circunstancia que influye en el volumen y costo de los materiales requeridos.
También sostuvo que el procedimiento fue público, que participaron proveedores conforme a las reglas establecidas y que los contratos podían ser auditados.
La funcionaria negó haber recibido instrucciones del INE para favorecer a la compañía.
Su postura deberá considerarse junto con las observaciones de fiscalización y cualquier conclusión posterior de las autoridades.
Sheinbaum pide investigar a los llamados “coyotes electorales”
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso y cuestionó la concentración de contratos electorales en un grupo reducido de empresas.
Durante su conferencia matutina, utilizó el término “coyotes electorales” para referirse a proveedores que, según sus señalamientos, operan como intermediarios y se benefician de recursos públicos.
La mandataria pidió a la Auditoría Superior de la Federación investigar las contrataciones y determinar si existen responsabilidades.
También planteó fortalecer a Talleres Gráficos de México para incrementar la producción pública de materiales electorales y reducir la dependencia de empresas privadas.
La propuesta incluye revisar el funcionamiento del organismo y ampliar su capacidad para suministrar documentación y otros insumos.
Sheinbaum sostuvo que las prácticas cuestionadas se remontan a décadas anteriores y que no deben analizarse exclusivamente como un problema de la gestión reciente del INE.
El objetivo anunciado por el Gobierno es mejorar la transparencia de las contrataciones antes de los procesos electorales de 2027.
La investigación deberá determinar responsabilidades
Los dos reportajes publicados por EL PAÍS describen un mercado electoral donde un pequeño grupo de empresas ha mantenido una presencia constante durante décadas.
La investigación sobre los hermanos Hernández Casillas aporta registros mercantiles y expedientes de contratación que permiten identificar relaciones entre compañías que participaron en los mismos concursos públicos.
El monto de 853 millones de pesos corresponde a las 21 licitaciones con participación simultánea de empresas vinculadas, mientras que los aproximadamente 1,800 millones representan un conjunto más amplio de contratos identificados a lo largo de los años.
Esta distinción es importante: no todos los contratos incluidos en la cifra mayor han sido señalados individualmente como procedimientos con competencia simulada.
Las autoridades deberán establecer si existieron acuerdos ilegales, conflictos de interés, responsabilidades de servidores públicos o daños al erario.
También tendrán que determinar si los mecanismos actuales de adquisición ofrecen condiciones suficientes para impedir que compañías relacionadas aparenten competir entre sí.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio uno de los componentes menos visibles de las elecciones mexicanas: el negocio de fabricar y distribuir los materiales que hacen posible cada jornada electoral.
