La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este lunes a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por iniciar acciones legales contra el exfiscal César Jáuregui Moreno, quien es señalado por presuntas irregularidades en un operativo realizado junto con agentes estadounidenses en la Sierra Tarahumara, donde fallecieron dos extranjeros. El contexto importa: la actuación oficial destapó una red de bemoles jurídicos que ahora escalaron hasta los tribunales federales.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal detalló que las autoridades estatales abrieron la primera carpeta de investigación contra el exfuncionario, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo posteriormente una orden de aprehensión bajo el presunto delito de traición a la patria.
“Qué bueno también que la Fiscalía de Chihuahua reconoce y procede en contra de un fiscal que violó la ley”, expresó Sheinbaum desde Palacio Nacional.
No exactamente una sorpresa, la presidenta calificó de “muy irresponsable” la realización de dicha intervención nocturna para revisar un presunto laboratorio clandestino en la sierra chihuahuense, especialmente por el uso de agentes extranjeros sin la autorización correspondiente y las condiciones de traslado en una zona de caminos sinuosos que derivó en el accidente fatal. Como si hiciera falta recordarlo, las fiscalías estatales carecen de atribuciones para desmantelar laboratorios vinculados con delitos del fuero federal.
Mientras el ámbito local indaga posibles delitos relacionados con el ejercicio ilegal del servicio público, la FGR mantiene abierta la ruta por traición a la patria debido a la participación de personal extranjero en territorio nacional fuera de los cauces diplomáticos y legales establecidos. Por lo pronto, el proceso apenas comienza y la responsabilidad penal del exfuncionario tendrá que dilucidarse en los tribunales, dejando abierta la tensión sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad.
