La Fiscalía General de la República (FGR) adjudicó dos contratos de arrendamiento vehicular por un monto máximo conjunto de 2 mil 841 millones de pesos para el periodo 2026–2028, lo que ha generado cuestionamientos públicos sobre la congruencia del gasto con la política de austeridad republicana promovida por el Gobierno federal.
De acuerdo con información contenida en los contratos y en el procedimiento de licitación LA-49-830-049830002-N-25-2025, la FGR rentará 2 mil 520 vehículos, entre automóviles, camionetas y motocicletas, sin opción a compra, para fortalecer su capacidad operativa en todo el país.
La mayor parte del monto fue adjudicada a la empresa Jet Van Car Rental, que obtuvo un contrato con un tope máximo de hasta 2 mil 687 millones de pesos, mientras que Casanova Rent Volks recibió el segundo contrato. En conjunto, el esquema de arrendamiento implica un gasto aproximado de 79 millones de pesos mensuales durante los tres años de vigencia.
Según los montos establecidos, el contrato principal contempla erogaciones de hasta 821.2 millones de pesos en 2026, y hasta 895.8 millones de pesos en cada uno de los años 2027 y 2028, cifras que han sido difundidas en documentos oficiales del proceso.
La adjudicación ha llamado la atención debido a que el procedimiento había sido cancelado en diciembre de 2025, tras detectarse irregularidades administrativas, y posteriormente reactivado y asignado, lo que reavivó el debate público sobre los criterios utilizados para su resolución final.
El contraste con decisiones recientes de otros poderes, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que defendió la compra directa de vehículos blindados bajo el argumento de generar ahorros frente al arrendamiento, ha intensificado las comparaciones sobre el manejo del gasto público en distintas instituciones federales.
Hasta el momento, la FGR no ha emitido un posicionamiento público detallado sobre las razones técnicas, operativas o financieras que justificaron optar por el esquema de renta, ni sobre los ahorros o beneficios proyectados frente a una compra directa de las unidades.
El caso ha reactivado cuestionamientos sobre la priorización del gasto, la transparencia en las contrataciones públicas y el alcance real de la austeridad en dependencias clave del Estado, en un contexto donde las demandas de recursos para ministerios públicos, investigaciones y atención a víctimas siguen siendo una constante.
