En conferencia realizada la mañana del 11 de noviembre de 2025, el secretario de la SSPC, Omar García Harfuch, anunció que los escoltas que formaban parte del primer círculo de protección del alcalde Carlos Manzo —asesinado recientemente— no han sido detenidos, aunque sí están localizados y compareciendo cuando se les llama.
Harfuch explicó que estos elementos continúan rindiendo **declaraciones ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE-Michoacán) y participando en la revisión de peritajes vinculados al caso.
Asimismo, subrayó que, hasta ahora, la investigación por el homicidio de Manzo sigue bajo la jurisdicción estatal; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) podría atraer el proceso si así lo decide. “Ayer tuve una llamada con el fiscal general de la República. Hoy tendremos una valoración sobre el caso… depende de la propia FGR”, indicó.
Respecto al móvil del crimen, Harfuch afirmó que la hipótesis principal sigue siendo la delincuencia organizada, aunque “no se descarta que las intenciones para quitarle la vida a Manzo Rodríguez pudieran tener un carácter político”.
La ausencia de detenciones formales de los escoltas mientras se realizan las investigaciones abre interrogantes sobre la actuación del dispositivo de protección del alcalde —que según informaciones de la gubernatura contaba con escoltas directos y elementos de la Guardia Nacional— y qué tan apegados estaban a los protocolos vigentes en materia de seguridad para servidores públicos.
Este suceso se suma al contexto de violencia política y ataques contra autoridades locales en estados con alta incidencia delictiva como Michoacán, donde la coordinación entre ámbitos estatal y federal en materia de protección aún presenta retos.
