La justicia federal ha dado el siguiente paso en un caso que, por el volumen de fuego involucrado, no podía quedar en el aire. Un juez de control vinculó a proceso a presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada al CJNG, quienes fueron sorprendidos en posesión de un arsenal que parecería más propio de un batallón que de una seguridad privada. El detalle no es trivial: entre lo asegurado no solo había armas cortas, sino equipo táctico y armamento de uso exclusivo del Ejército.
La detención, ocurrida en el corazón de Solidaridad, derivó en imputaciones por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Según el reporte oficial, el grupo operaba con una logística que incluía chalecos balísticos y cargadores de alta capacidad. Como si hiciera falta recordarlo, en un destino turístico de talla internacional como Playa del Carmen, la presencia de este tipo de pertrechos altera cualquier narrativa de “casos aislados”.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba suficientes para que el juez dictara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. No exactamente una sorpresa, dado que la peligrosidad de los sujetos y el riesgo de fuga suelen ser los argumentos estrella cuando se encuentran fusiles de asalto en la cajuela.
La situación jurídica de los señalados está sellada por ahora tras las rejas, mientras se cumple el plazo para la investigación complementaria. La explicación oficial deja preguntas sobre cómo este nivel de armamento logra circular por las carreteras del estado sin encender alarmas previas, pero esa es una respuesta que difícilmente llegará en el comunicado de prensa de mañana.
Por ahora, el arsenal está bajo resguardo y los implicados esperan su próxima cita con la ley. El cierre de esta etapa procesal mantiene la tensión en una zona donde la seguridad sigue siendo la moneda de cambio más cara.


















































