En medio de la polémica política y social que generó la adquisición de vehículos blindados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que sus ministras y ministros no utilizarán las nuevas camionetas compradas recientemente y que, además, solicitarán su devolución o, en su caso, que sean reasignadas a jueces que enfrenten mayores riesgos, conforme a la normatividad vigente.
La decisión fue informada a través de la cuenta oficial de la SCJN en la red social X el pasado 25 de enero, luego de que se diera a conocer la compra de nueve camionetas, operación que desató críticas por el costo y el contexto político en el que se realizó.
De acuerdo con un comunicado previo emitido por el máximo tribunal el 22 de enero, la renovación del parque vehicular respondió a una normativa interna vigente desde 2019, que establece la sustitución de estos automóviles cada cuatro años o antes, si se detectan condiciones que comprometan la seguridad. Aunque el documento no detalla el tipo de unidades adquiridas, históricamente los ministros se han trasladado en camionetas blindadas.
La SCJN sostuvo que la compra se realizó bajo criterios de prevención y responsabilidad, luego de evaluaciones técnicas de autoridades federales que concluyeron que los vehículos anteriores no cumplían con los estándares mínimos de seguridad para garantizar la integridad de los ministros.
Asimismo, el tribunal aseguró que el número de vehículos retirados fue mayor al de las nuevas unidades adquiridas, por lo que —afirmó— no existió un incremento neto del gasto patrimonial. El mensaje oficial subrayó que la decisión se tomó exclusivamente con base en criterios técnicos, descartando discrecionalidad y priorizando un uso eficiente y responsable de los recursos públicos.
La controversia escaló tras las críticas de Xóchitl Gálvez, exsenadora y excandidata presidencial, quien cuestionó abiertamente la compra mediante un video difundido en redes sociales. “¡No saben cómo justificar las camionetas de lujo! No importa si se rentan o se compraron, los vehículos son machuchones”, señaló, al recordar que el costo de cada unidad supera el millón de pesos y puede alcanzar hasta 1.7 millones, dependiendo del equipamiento y el blindaje.
Ante los señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la adquisición al afirmar que permitió un ahorro superior a los mil millones de pesos en comparación con el esquema anterior de renta de vehículos. No obstante, aclaró que corresponde al Poder Judicial responder por la decisión y atender los cuestionamientos públicos.
Sheinbaum también destacó que este tipo de decisiones hoy se discuten de manera abierta, algo que —dijo— no ocurría en administraciones anteriores, y reiteró que los temas de seguridad deben evaluarse con base en criterios técnicos y no políticos.
Con la determinación de no utilizar las camionetas, la Suprema Corte busca desactivar la polémica, al tiempo que deja abierta la discusión sobre el uso de recursos públicos, la seguridad de los juzgadores y la exigencia de mayor transparencia en las decisiones del Poder Judicial.
