El sistema penitenciario de Quintana Roo sigue avanzando a “paso lento” en materia de derechos humanos y condiciones de internamiento. Según el más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el estado obtuvo una calificación promedio de 6.26 sobre 10, logrando apenas superar la barrera aprobatoria.
Aunque la cifra representa una ligera mejoría en comparación con el 6.13 obtenido el año anterior, el reporte destaca deficiencias críticas que persisten en las cárceles de la entidad, especialmente en las zonas turísticas de mayor crecimiento.
Cozumel a la cabeza; Cancún en el fondo El análisis detallado revela una realidad contrastante entre los municipios. El Centro de Retención Municipal de Cozumel se posicionó como el mejor evaluado con una nota de 7.45, destacando por su orden y programas de reinserción. Por el contrario, la cárcel de Cancún (Benito Juárez) sigue siendo el “foco rojo” del estado, con una calificación de 5.24, manteniéndose en niveles reprobatorios.
¿Cuáles son las fallas principales? La CNDH señaló que los problemas recurrentes en las prisiones de Quintana Roo, particularmente en Cancún y Playa del Carmen, incluyen:
Hacinamiento y sobrepoblación: Especialmente en áreas de procesados.
Falta de higiene: Deficiencias graves en los servicios de salud y en la calidad de los alimentos.
Insuficiencia de personal: Pocos custodios para controlar a la población penal, lo que propicia condiciones de autogobierno o cogobierno.
Carencia de actividades: Falta de opciones reales de trabajo y capacitación para la reinserción social.
El reto para 2026 Las autoridades estatales han señalado que se requiere una inversión mayor para modernizar la infraestructura. Si bien el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal mostró avances en la separación entre hombres y mujeres, la atención médica sigue siendo la queja principal de los internos y sus familiares.
Este reporte de la CNDH sirve como una hoja de ruta para la administración actual, que enfrenta la presión de organismos internacionales para dignificar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad en uno de los estados con mayor visibilidad internacional.
