El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, será juzgado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, corrupción y conspiración narcoterrorista, confirmó este sábado la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, luego de que el mandatario venezolano fuera capturado junto con su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada en territorio venezolano.
En un mensaje difundido en redes sociales, la titular del Departamento de Justicia precisó que ambos enfrentarán procesos penales ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde pesan acusaciones por conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como otros delitos relacionados con crimen organizado transnacional.
“Ambos enfrentarán pronto la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, escribió Bondi, quien se refirió a Maduro y Flores como “presuntos narcotraficantes internacionales”.
Cargos vigentes desde 2020 y recompensa millonaria
Las acusaciones contra Maduro no son nuevas. Estados Unidos presentó formalmente cargos en su contra en 2020, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, señalándolo como líder del llamado Cartel de los Soles, al que Washington vincula con el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense y con la organización criminal Tren de Aragua.
Hasta antes de su captura, el gobierno estadounidense mantenía vigente una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto.
Captura confirmada tras ataque militar en Venezuela
Horas antes del anuncio del Departamento de Justicia, el propio Donald Trump confirmó que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa durante un operativo militar realizado en la madrugada, en el marco de ataques contra objetivos en Venezuela. El mandatario aseguró que ambos ya habían sido trasladados fuera del país sudamericano, aunque no se han revelado detalles oficiales sobre el lugar exacto de su detención.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, la operación militar tuvo como objetivo proteger a los efectivos que ejecutaron la orden de arresto, argumento que ha sido citado por funcionarios para sostener que la acción se enmarca en las facultades presidenciales para salvaguardar al personal estadounidense.
Reacciones y debate sobre legalidad internacional
El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que Maduro enfrenta múltiples causas abiertas en Estados Unidos y sostuvo que Washington no lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela, insistiendo en que las elecciones de julio de 2024 carecieron de transparencia, al no publicarse las actas oficiales de votación.
Desde Caracas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ha rechazado reiteradamente las acusaciones estadounidenses, calificándolas como una “patraña” y denunciando una violación grave a la soberanía nacional, postura que se ha visto reforzada tras el ataque militar.
Un escenario de alta tensión regional
La captura del mandatario venezolano y su traslado a Estados Unidos marca un hecho sin precedentes en la relación bilateral y abre un escenario de alto riesgo diplomático y jurídico, mientras gobiernos y organismos internacionales analizan las implicaciones del uso de la fuerza para ejecutar una orden judicial contra un jefe de Estado.
Washington ha señalado que, tras la detención de Maduro, no se prevén nuevas acciones militares, aunque el impacto político y regional del operativo continúa generando preocupación y debate internacional.
