Madres en Resistencia exigen reanudar operativos de búsqueda en Quintana Roo

La paciencia de las familias que buscan a sus desaparecidos en el Caribe Mexicano ha llegado a un límite crítico. El colectivo “Madres en Resistencia” lanzó un reclamo frontal al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General (FGE) para que se reactiven de inmediato los operativos de búsqueda, los cuales, denuncian, están paralizados desde diciembre de 2025.
El detalle no es trivial, sobre todo cuando detrás de la pausa administrativa hay una cifra que hiela la sangre: más de 4 mil personas desaparecidas solo en Cancún.
Perla Xóchitl López Caporal, líder de la agrupación que representa a unas 300 madres en el municipio, fue clara al señalar que las familias se sienten en un estado de indefensión absoluta. Según la activista, la Comisión de Búsqueda ha condicionado las salidas al campo a trámites burocráticos con la Fiscalía que, en la práctica, solo sirven para frenar el avance de las investigaciones. “Nos hemos topado con pared”, sentenció, refiriéndose al bloqueo institucional que impide incluso el acceso a las cuevas donde sospechan que podría haber hallazgos.
El ritmo humano de la tragedia revela datos que la narrativa oficial suele suavizar. El colectivo estima que hay más de 700 menores de edad, de entre 14 y 16 años, desaparecidas y presuntamente vinculadas a redes de trata. La explicación oficial deja preguntas, especialmente cuando las madres aseguran que han logrado 20 resultados positivos por cuenta propia, sin asesores, sin asistencia psicológica y, en muchos casos, sin acceso a sus propias carpetas de investigación.
Como si hiciera falta recordarlo, para estas mujeres la búsqueda no es una agenda política, sino una necesidad vital que no entiende de vacaciones decembrinas ni de presupuestos agotados. La exigencia es concreta: jornadas de localización al menos cada quince días para intentar reducir un rezago que ya afecta a miles de familias en todo Quintana Roo.
La consecuencia real de este silencio institucional es el desgaste de quienes, con sus propios recursos, hacen el trabajo que le corresponde al Estado. La tensión queda abierta entre un gobierno que presume cifras y un grupo de 300 madres que solo piden una cosa: que sus hijos regresen a casa.