Madre de Quintana Roo denuncia falta de atención médica en Mérida

La burocracia y las carencias del sistema de salud no entienden de fronteras estatales, pero las familias sí las padecen. Una madre originaria de Quintana Roo ha alzado la voz para denunciar la presunta falta de atención médica para su hija en diversos hospitales de la capital yucateca. Tras recorrer kilómetros buscando especialistas que no encontró en su estado, la mujer se topó con una respuesta institucional que, asegura, pone en riesgo la vida de la menor. El detalle no es trivial, pues evidencia las costuras rotas de la red de salud en el sureste mexicano.
El periplo comenzó en Quintana Roo, donde la falta de equipo o personal capacitado obligó el traslado a Mérida, históricamente considerada el “hub” médico de la región. Sin embargo, la madre relata que, al llegar a los centros hospitalarios de la capital yucateca, se encontró con puertas cerradas o protocolos que priorizan el papeleo sobre la urgencia clínica. La explicación oficial deja preguntas, sobre todo cuando se presume una coordinación efectiva entre estados para casos de alta prioridad.
De acuerdo con el testimonio, la menor requiere una intervención o diagnóstico especializado que ha sido postergado bajo argumentos administrativos. No exactamente una sorpresa para quienes navegan a diario el sistema público, pero sí una tragedia personal para una familia que ha agotado sus recursos en traslados y estancias temporales. “Fue horrible”, coinciden las descripciones del trato recibido en las áreas de urgencias y trabajo social.
La denuncia ya ha comenzado a eco en redes sociales y medios locales, donde se cuestiona la suficiencia de los convenios de colaboración entre los gobiernos de Quintana Roo y Yucatán. Mientras las autoridades de salud de ambos estados guardan silencio o se remiten a expedientes internos, la paciente continúa sin recibir la atención definitiva que motivó su viaje. Como si hiciera falta recordarlo, en temas de salud, el tiempo no es un recurso renovable.
El caso queda ahora en la esfera de la opinión pública y, posiblemente, de las comisiones de derechos humanos. La consecuencia real es una familia atrapada en un limbo geográfico y médico. Queda abierta la tensión sobre quién asumirá la responsabilidad antes de que el diagnóstico de la menor se complique aún más por omisión institucional.