En un acto que roza lo absurdo y expone la corrupción al máximo nivel en la administración municipal de Benito Juárez (Cancún), la alcaldesa Ana Patricia Peralta de la Peña ha sido señalada por otorgar un contrato exorbitante a la empresa Protección Ambiental Contenedores y Más S.A. de C.V., propiedad de Mauro Marcial Domínguez Díaz, originario del Estado de México. Bajo el pretexto de “arrendamiento de contenedor frontal”, se destinaron 533 millones 327 mil 941 pesos para el suministro de un cargador frontal modelo P113 (o P1113, según variaciones en reportes).
Este contrato, marcado con el número MBJ-14-01-02-14C.12-04-2025, forma parte de una serie de adjudicaciones cuestionadas en 2025 relacionadas con servicios de basura y maquinaria pesada en el municipio.
Críticos locales denuncian que la empresa estaría ligada a un socio del Jorge Emilio Gónzalezel, el llamado “Niño Verde”. Estos montos representan un despilfarro flagrante de recursos públicos.
Para dimensionar la magnitud del escándalo:
¡Con 533 millones de pesos se podrían adquirir hasta 533 cargadores frontales a razón de un millón de pesos cada uno!
¿Cómo es posible que una sola pieza de maquinaria cueste tanto en “arrendamiento”?
Esta irregularidad no ha sido detectada ni por la Contraloría Municipal ni por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, lo que levanta sospechas de encubrimiento o negligencia grave. Este no es un caso aislado en la gestión de Peralta.
Recientemente, se reveló que gastó más de 150 millones de pesos en “ayudas sociales” sin transparencia ni auditoría adecuada, alimentando acusaciones de opacidad en su administración.
Además, videos virales muestran a la alcaldesa ignorando a ciudadanos durante jornadas públicas, fingiendo atención solo al notar cámaras.
¿Dónde está la transparencia en Cancún?





















































